La profunda y extensa desafección que hoy reina entre nosotros hacia la política y los políticos ni es una casualidad ni está propiciando reformas de calado en el sistema político. No es una casualidad porque la ciudadanía, razones no le faltan, está indignada con la corrupción política y, sobre todo, con la forma y procedimientos que se estás siguiendo para salir de la crisis. En esencia: pasar la factura de la crisis a la cuenta de los ciudadanos.
Tal constatación, que encontramos mes a mes reflejada en numerosos sondeos y encuestas oficiales y oficiosas, debiera despertar a los dirigentes de la cosa pública para acordar reformas sustanciales en el sistema político. Es verdad que existen comisiones de expertos, de estudio, de análisis, en diversos foros públicos y privados para tratar de estos temas. Pero aún siendo un asunto de tanta trascendencia que requiere de sosiego y de calma para encontrar soluciones duraderas, la verdad es que si la crisis se inició en 2007, resulta que llevamos seis años sin que se hayan aprobado medidas de fondo sobre la regeneración política más allá de algunos parches de todos conocidos.
En este contexto, es lógico y natural, como corolario necesario de la distancia y desafección imperante, que la confianza de los ciudadanos en relación con las posibilidades de la actual política de salir adelante esté bajo mínimos. Y esa escasa confianza que se percibe es peligrosa pues al acecho e encuentran movimientos extremistas dispuestos a saltar a primeras de cambio. Lo estamos viendo ya en algunos países del Norte y Centro de Europa y a poco que nos descuidemos y los actuales dirigentes sigan encastillados en sus torres de marfil, por estos lares podríamos empezar a tener problemas serios.
Por ejemplo, los acosos a determinados políticos son una clara expresión de violencia que debiera ser tratada como tal. Es muy grave, gravísimo que se intente justificar, desde la democracia, el us, de la violencia de baja intensidad. Pero más grave todavía es que se retrasen las reformas que se necesitan porque mientras estas sigan en el sueño de los justos, estos delitos seguirán su curso y hasta es posible que alimenten también formas de reacción violentas.
La violencia llama a la violencia. Es la experiencia histórica, y la verdad, quienes constatan este aserto. Por eso, es muy urgente, urgentísimo que los responsables de mayor nivel se sienten juntos y busquen acuerdos ya para recuperar los valores democráticos. De lo contrario, Dios no lo quiera, vamos a contemplar cosas inopinadas. En España precisamos de dirigentes que dejen de estar todo el día relatando de forma pesimista la crónica de lo que pasa. Les pagamos para que resuelvan nuestros problemas, para que cuenten con nosotros, para que nos escuchen. ¿O no?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático e derecho administrativo. jra@udc.es
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