El régimen chino es un sistema político comunista con una calculada asunción de elementos del capitalismo que controla férreamente el único partido existente. Es decir, hay capitalismo, pero de Estado. Solo prosperan aquellos empresarios bien vistos por el régimen al que deben entregar las contraprestaciones establecidas. No hay libertades civiles ni políticas y con el paso del tiempo, a pesar de la complacencia occidental, no parece que el sistema se abra a la democracia, al menos como la entendemos por estos lares.
En Rusia, formalmente hay una Constitución que garantiza las libertades y los derechos fundamentales. Pero en realidad el régimen político, que actualmente ha evolucionado a un sistema autoritario, no garantiza un pleno y respetuoso ejercicio, por ejemplo, de la libertad de prensa y los empresarios que salen adelante deben de contar con el beneplácito del Kremlin y de su principal inquilino. Los que no lo consiguen o incluso son críticos o contestatarios tienen el futuro bien claro.
En estos momentos, el gobierno chino parece que da una vuelta de tuerca a la represión y procede a la detención de activistas feministas, pro derechos humanos y anticorrupción. Además, se anuncia  un proyecto de ley que ratifica esta impronta represiva y que, por sorprendente que pueda parecer, coincide con una reciente Ley rusa que permite al poder ejecutivo clausurar estas iniciativas sociales caso de ser declaradas “indeseables”.
Me refiero al proyecto que disciplinará el funcionamiento de las ONGs extranjeras en Chima. Efectivamente, en el caso de tales ONGs , quedarían en el gigante asiático  bajo el control y la tutela del todopoderoso ministerio de seguridad pública y si para el funcionamiento de estas instituciones sociales se precisasen fondos procedentes de países extranjeros, tales donaciones tendrían que ser aprobadas necesariamente por el Gobierno chino.
En Rusia, tres años después de que una ley obligase a las ONGs con actividades políticas y financiadas desde el exterior a declararse agentes extranjeros, el presidente Putin acaba de sancionar una nueva Ley que que permite cerrar organizaciones internacionales y extranjeras de ser consideradas “indeseables”. Tal norma con rango de ley  otorga  a la fiscalía, tras consultar con el ministerio de asuntos exteriores, el poder de declarar una ONG extranjera o internacional no deseable y cerrarla  si supone una amenaza  al orden, la defensa o la seguridad del Estado ruso.
En fin, este tipo de restricciones a la libertades sin que se obligue a motivar y argumentar,  en concreto y dentro del Estado de Derecho,  las razones de tales medidas, suponen un ejercicio intolerable e inaceptable de autoritarismo que socava el pluralismo y que  atenta contra las libertades de opinión y de prensa.
En algunas latitudes, la tensión entre libertad y seguridad se escora descaradamente del lado de la intervención pública volviendo de nuevo a ese Estado policía que tanto daños ha causado durante tanto tiempo en tantas partes del mundo a tantas personas.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana