Las reformas administrativas, como cualesquiera otras reformas, requieren de conocimiento de la materia, voluntad para llevarla a buen puerto y, sobre todo, sentido común, sentido común para saber sopesar los medios de los que se dispone, las finalidades que se pretenden y, sobre todo, el grado en que las transformaciones mejorarán las condiciones de vida de las personas. En la democracia, las reformas nunca pueden perder de vista que  el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Algo que, aunque capital y central, muchas veces se pierde de vista ante la tentación de la concentración del poder, ante la seducción de la conservación del poder, o ante la posibilidad de aplastar a enemigos o adversarios.
Las reformas administrativas, qué duda cabe, son más sencillas en ámbitos territoriales reducidos. Es más fácil reformar un municipio que una autonomía, y una autonomía que el estado. Por eso, las reformas practicadas en un ayuntamiento valenciano de nombre Catarroja, recientemente divulgadas en los medios de comunicación, llama la atención por su inteligencia y, sobre todo, por su sentido común.
El sentido común es, desde luego, el menos común de los sentidos pues las reformas emprendidas en este municipio de 30.000 habitantes no deben ser muy habituales y, sin embargo, manifiestan una manera decidida de entender la política: la centralidad de los vecinos en la política local.
Por sorprendente que parezca, el presupuesto de este ayuntamiento  se ha reducido desde 2008 un 25% con una sustancial mejora en la prestación de los servicios, especialmente en lo que se refiere a la eliminación de trámites innecesarios. Todavía a día de hoy, 2012, nos encontramos tantos y tantos organismos públicos en los que cada gestión cuesta muchísimo trabajo, muchísimo papeleo, incluyendo excursiones o peregrinajes administrativos que hacen perder mucho tiempo a la gente.
La clave de la medida de reforma que quiero comentar en el artículo de hoy se encuentra en la misma finalidad de la acción de gobierno. En democracia, la política implica atender convenientemente a las personas resolviendo sus asuntos de naturaleza pública lo más pronto posible así como elevar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en este caso de los vecinos. Pues bien, uno de los secretos del considerable ahorro que se ha experimentado, según cuentan las noticias al respecto, se refiere a la eliminación de los trámites y de cargas administrativas a partir de la efectividad de uno de los  derechos de los administrados más importante. Me refiero al derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas.
En efecto, algo tan prosaico, de tan poca relevancia o brillo político como este sencillo derecho, permite desarrollos y transformaciones inusitados de la vida pública. Las autoridades de Catarroja se decidieron, con muy buen criterio, a que fuera precisamente  el ayuntamiento quien asumiera la carga de solicitar a las diferentes administraciones, autonómica o del estado, documentos como informes de hacienda, del catastro, de educación o de la seguridad social. Solo con esta iniciativa “administrativa” se han obtenido considerables ahorros.  La propia Unión Europea  ha cuantificado los gastos por persona o empresa que cuestan relacionarse con las administraciones. Así, según estimaciones realizadas por el ayuntamiento, desplazarse a una administración a iniciar un trámite cuesta 80 euros, acudir a otra administración a solicitar un documento sale por 30 euros, presentar un documento en la iniciación de un trámite implica 5 euros, y solicitar al ayuntamiento una licencia o autorización y esperar la respuesta supone 200 euros. Al final, según parece, el trabajo que hacen los funcionarios para facilitar la vida administrativa de empresas y personas, ahorra a la propia corporación dos millones de euros.
Pregunta. ¿cuánto podríamos ahorrar con políticas de este carácter más la ya urgente eliminación de tantos organismos, fundaciones, sociedades, compañías y empresas públicas cómo hay en nuestro país, especialmente en los niveles territoriales?. Para terminar, ¿por qué no se podan las estructuras y se trabaja a fondo sobre ellas en lugar de pasar la factura de esta crisis a la gente de carne y hueso, especialmente a quienes menos tienen, a quienes viven en peores condiciones?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es