Una de las causas de la corrupción según el instituto internacional de estudios anticorrupción se encuentra  en la actividad de unos grupos de presión que, llamados a facilitar que el espacio público tenga presentes la realidad y se abra al dinamismo social, con frecuencia se dirigen a la busca y captura de los intereses públicos para  entregarlos a determinados intereses privados, en un lamentable proceso de privatización que termina por socavar los más elementales principios de la ética pública. Por eso, que el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) haya acordado con Ciudadanos la regulación de los lobbies es una buena noticia.
 
En efecto, los grupos de presión, si cumplieran adecuadamente su deber,  podrían ayudar a que las decisiones públicas y las normas jurídicas que se elaboran recojan  las aportaciones de determinadas versiones de la realidad que convertirían las decisiones y las reglas a la realidad y a la justicia. Sin embargo, si los lobbies, los grupos de presión, campan a su aire sin regulaciones que adecúen su actividad a la recta razón y al interés general, entonces, como en la selva, son utilizados por los desaprensivos para lanzarse a la caza y captura de  lo público con el objetivo de dominarlo y gestionarlo según determinados intereses particulares.
 
Por ello, como señalaba el instituto internacional de estudios anticorrupción hace algunos años, parece que esta práctica de gestión de intereses gestada en la cultura anglosajona debe encontrar formas de regulación  precisas  también en España. Es decir, es menester regular mejor, de una manera más detallada, la actividad de estos grupos de presión, de manera que la transparencia y la rendición de cuentas sean dos de los principios que presidan la actuación de estas organizaciones.
 
Transparencia para que sean conocidos los dirigentes de los lobbies y los intereses económicos y privados que patrocinan. También transparencia para que la gente pueda conocer las reuniones que mantienen con determinados diputados o miembros del poder ejecutivo, o judicial, así como la financiación real de su actividad. Para ello nada mejor que anualmente los lobbies rindan cuentas económicas y cuentas de actividades con todo lujo de detalles.
 
Lo público es, por esencia, transparente a la gente por la sencilla razón de que las instituciones públicas son del pueblo, no son ni de los políticos ni de los funcionarios. Por ello, las lógicas y hasta razonables relaciones que se han de producir entre lo público y lo privado deben ser conocidas. Cuando el secreto, la opacidad, o la falta de motivación de las decisiones públicas hacen acto de presencia,  entonces la corrupción está servida. Esperemos que la regulación madrileña anime a que por fin los lobbies y los grupos de presión encuentren acomodo en el mundo del Derecho. Que así sea.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
@jrodriguezarana