La transparencia en los Gobiernos y Administraciones públicas es, desde luego, uno de los principales desafíos que hoy tiene planteado la democracia, hoy especialmente en un tiempo de excepcionalidad, con la necesidad de mayor luz y taquígrafos sobre la actividad gubernamental en emergencia sanitaria.
Por una parte, porque la transparencia es una exigencia de calidad democrática y, por otra, porque el derecho fundamental ciudadano a una buena administración incluye expresamente el derecho a que Gobiernos y Administraciones públicas, estatales, autonómicos y locales, sean transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las políticas públicas. Hoy, sin embargo, sin transparencia pasiva y con suspensión selectiva de plazos de procedimientos y procesos, la cuestión es grave y refleja el compromiso real con la democracia material de los actuales dirigentes.
En democracia, los poderes del Estado residen en el pueblo y se realizan por y para el pueblo. El pueblo es el soberano y encomienda la gestión y administración de lo público a unos representantes que tienen la obligación de dar cuentas de su gestión y administración a la ciudadanía en forma periódica, constante, transparente y argumentada. El Gobierno y la Administración del espacio público deben servir con objetividad el interés general promoviendo las condiciones precisas para el libre y solidario ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas. La realidad que contemplamos en este tiempo, en el que la luz y los taquígrafos, dada la concentración del poder reinante, debería brillar con luz propia, es que se nos movemos en un ambiente de oscuridad, de penumbra en el que el acceso a la información veraz y completa es una quimera.
Empeñarse en el apagón de la transparencia pasiva, encastillarse en la oscuridad y en la opacidad, no es más que una manifestación de arbitrariedad incompatible con los postulados del Estado de Derecho. Tiempo atrás John Locke enseñó que en toda manifestación de arbitrariedad hay siempre irracionalidad, subjetividad, propiedades del absolutismo bien opuestas a lo que debe ser el régimen y funcionamiento de los gobiernos y administraciones públicas de un Estado social y democrático de Derecho.
En el contexto de Estado de alarma formal, de excepción material en la que llevamos ya demasiado tiempo, la transparencia y el acceso a la información de interés general son obligaciones indeclinables de una Administración democrática que, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria, deben realizarse con mayor intensidad. Cuando pase todo esto y se levante el telón, habrá que dar muchas explicaciones, muchas y habrá que responder, ya lo creo.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
