La corrupción pública ha adquirido en este tiempo una dimensión preocupante. La percepción ciudadana en algunas partes de España es ciertamente alarmante. La UE en marzo del año pasado, a través de la Comisaría de Justicia e Interior, señaló que junto a la financiación de los partidos políticos y al urbanismo, la contratación pública es la principal causa de la corrupción. Ahora, con ocasión de unas recomendaciones al Reino de España en materia de reforma administrativa, la UE nos advierte de que debemos reforzar los sistemas de supervisión en materia de contratación pública. Por otra parte, el capítulo español de Transparencia Internacional (TI) ha formulado recientemente nada menos que 45 propuestas dirigidas a los partidos políticos para mejorar la integridad y la ética en las contrataciones públicas.
 
Según TI, el 10% del gasto público en contratación pública se pierde por causa de la corrupción. Por eso, es urgente poner en marcha un conjunto de medidas orientadas a combatir efectivamente esta lacra que a diario protagoniza los telediarios y ocupa los titulares de los medios de comunicación. En este sentido, TI propone una batería de medidas agrupadas en cuatro bloques orientados a incrementar la transparencia a partir del fomento de la concurrencia y la competitividad así como de la potenciación de la rendición de cuentas y a fortalecer los comportamientos éticos sin olvidar la mejora de la legislación vigente.
 
Entre las medidas que persiguen la mejora de la transparencia se encuentra la elaboración de un portal único de información sobre todas las licitaciones públicas en curso, sean de la Administración que sean. Además, todas las contrataciones que se realicen con cargo a fondos públicos, sean de cargo de Entidades públicas o privadas, habrán de regirse por la legislación de transparencia. También, por supuesto, las que realizan partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs, concesionarios… siempre que cuenten con financiación pública.
 
Por lo que se refiere a los comportamientos éticos, hay que empezar por exigir que las mesas de contratación y órganos de adjudicación sean de orden técnico relevando a los cargos políticos de estas funciones por obvias razones que no es menester comentar. En este sentido, TI propone que se dé prioridad siempre a la profesionalización en la toma de decisiones mediante informes independientes para decisiones estratégicas de gran impacto presupuestario. Además, se prevé la elaboración de un código de buenas prácticas en materia de contratación pública.
 
En el marco del control lo fundamental es que los órganos de control no dependen de los sujetos a controlar. Por eso es prioritario reforzar el control interno, que debe estar en manos de funcionarios independientes. También es imprescindible garantizar la autonomía e independencia del Tribunal de Cuentas y es estatuto de independencia de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, de reciente creación.
 
Y, por último, para perfeccionar la legislación vigente hay que empezar por codificar la normativa en materia de contratación así como impulsar medidas específicas para prevenir la existencia de conflictos de intereses adecuando el marco regulatorio a los patrones y estándares de la mejor normativa.
 
En fin, si queremos mejorar la lucha contra la corrupción, es prioritario atender estas y otras recomendaciones que pretenden garantizar la objetividad y el servicio al interés general en toda la contratación pública. Esperemos que a partir del 20-D las cosas cambien también en este tema.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana