Un estudio reciente demuestra que los partidos se financian fundamentalmente con cargo a las arcas públicas. Es más, el informe del profesor Mikel Buesa constata que los ingresos de los partidos se nutren mayoritariamente, hasta el 83% con fondos públicos. Es decir, con aportaciones que proceden del bolsillo de los españoles.
Por esta razón, porque estas instituciones de interés general, no instituciones privadas, se financian sobre todo con fondos públicos, deben estar sometidas a la ley de transparencia. Así, sus contratos, sus procesos de selección de personal, y, sobre todo el destino concreto de estas subvenciones, deben ser de conocimiento público. Que la presión social a causa de la corrupción política haya aconsejado a los promotores del proyecto que se debate en las Cortes a incluir a los partidos en esta ley no debe hacernos olvidar que la causa de tal inclusión es, ni más ni menos, que se trata de instituciones de interés general que manejan fondos de todos.
Si bien en la transición política era justificable que los partidos, que estaban en sus inicios, contaran con ayuda pública, hoy, tres décadas después, las cosas debieran ser de otra manera. Es verdad que hay que tener sumo cuidado con la financiación privada para que estas instituciones no acaben en manos de élites, pero no podemos olvidar que el sistema actual ha permitido que los partidos sean prácticamente del dominio, en cada caso, de la cúpula dirigente.
Los datos sobre la financiación de los partidos aconsejan que las reformas que se anuncian contemplen esta realidad. No puede ser que hoy las formaciones partidarias se hayan convertido en cortijos o haciendas de determinados dirigentes que por décadas están cómodamente instalados en las tecnoestructuras.
Es necesario cambiar este panorama para que los verdaderos dueños de los partidos sean los militantes y afiliados. Y, sobre todo, que las cúpulas no traicionen las ideas que conforman el núcleo ideológico del partido con el fin de mantenerse en la cúpula. Para eso, para que los partidos estén abiertos a la sociedad y a los afiliados, a todos, hay que dar mayor participación a la militancia. Que reciba las rendiciones de cuentas de los cargos institucionales y electos del partido. Que participe activamente en la elección de la dirección de la formación por sufragio universal y directo. Que colabore en la determinación del ideario del partido y, sobre todo, que opine cuándo se pretendan alterar o modificar compromisos o ideas fundamentales del partido.
Los partidos, si quieren ser lo que deben ser, y sobre todo si quieren adecuarse al espíritu y la letra de la Constitución, deben iniciar procesos de reforma sustanciales. Hay que cambiar normas y hábitos para que penetre de verdad la sabia de la democracia y la participación. El momento, en plena crisis, es oportuno y la sociedad española lo agradecerá. ¿ O no?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es