La natalidad también es un problema portugués. No deja de caer en los últimos años y el crecimiento natural ya es negativo con 7.9 nacimientos por cada 10.2 defunciones. El saldo migratorio también es negativo de forma que se han perdido 150.00 habitantes desde 2009. El 20% de la población está ya por encima de los 65 años.
Total, que la demografía es un desastre y hace falta reaccionar. Para ello, el primer ministro portugués creó en febrero una comisión a la que solicitó un diagnóstico de la realidad y una batería de medidas a adoptar.
El diagnóstico no fue difícil de elaborar. Las medidas un poco más a causa de la ideología que todavía prende en estas cuestiones, en las que la maternidad y los nacimientos para algunos son un tabú, un asunto cargado de prejuicios y estereotipos. Sin embargo, si no se adoptan medidas y no se ponen en marcha, sobre todo, políticas sociales dirigidas a fomentar los nacimientos y facilitar la llegada de nuevos ciudadanos, en no mucho tiempo será matemáticamente imposible hacer frente al pago de las pensiones pues serán muchos menos los que cotizan que los que tienen derecho a la prestación. Así de sencillo.
El tema, como el del derecho a la vida, es netamente social. Se trata de facilitar que quien quiera ser madre tenga las ayudas necesarias para ello. Según una encuesta realizada en el país vecino este año, las familias desearían tener 2.3 hijos de media pero solo tienen 1.03 por motivos económicos. Por tanto, la principal política de promoción de la natalidad se centra en eliminar los obstáculos que impiden a los padres decidir libremente sin que se penalice la decisión de tener una familia numerosa, para quien quiera tenerla.
En el mismo sentido, el informe recomienda una sustancial mejora fiscal a las familias con el fin de aumentar el capital disponible. Se proponen reducciones por hijo en el impuesto de la renta: del 1.5 % por el primer hijo y del 2% en los sucesivos. También, como es lógico dada la realidad actual, se plantea que los abuelos, cada vez más con mayores responsabilidades en lo que se refiere al cuidado de los niños, puedan deducir en sus declaraciones los gastos educativos o médicos en los incurran por tales tareas. También se plantean reducciones en los costes de escolarización de guarderías y colegios buscando la proporcionalidad con las rentas familiares.
Por lo que se refiere a las ayudas sociales a las madres, bien importantes, se propone que puedan acogerse tras la baja por maternidad a un horario de media jornada con el salario íntegro. En estos casos, la empresa contrataría a un desempleado a tiempo parcial y Estado y empleador compartirían al 50% el pago del salario, por lo que no habría aumento de gasto público. También se aconseja eximir del pago de prestaciones sociales a las empresas que contraten a mujeres embarazadas o padres o madres con hijos menores de tres años a su cargo.
Más recomendaciones interesantes que plantea este informe titulado Por un Portugal amigo de los niños, de la familia y de la natalidad, serían: la ampliación de los horarios en las guarderías, la flexibilización de la jornada laboral, el aumento de la oferta extraescolar en los períodos no lectivos y, sobre todo, apoyo claro e inequívoco a la mujer embarazada. Si la mujer embarazada no percibe el apoyo del Estado y no recibe facilidades para traer niños a este mundo, será muy difícil que pueda tomar decisiones libres porque estará mediatizada por razones económicas. Por ello, el informe plantea que la Administración garantice la atención médica de forma universal y gratuita para la gestante, que los tratamientos contra la infertilidad sean gratuitos y que se amplíe hasta los 42 años la edad para acceder a ellos.
Todas estas medidas deben ir encaminadas a prestigiar la familia y la natalidad. Es menester que el Estado asuma un mayor compromiso en lo que se refiere a la sustancial mejora de las condiciones sociales y económicas para la familia y para la natalidad. Sin política sociales integrales es muy difícil, por no decir imposible, apoyar a la familia y a  la natalidad. Así de claro.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es