Estos días la situación política y social en Venezuela se recrudece luego de que Nicolás Maduro haya decidido permanecer ocupando la Presidencia de la República a pesar de no ser el legítimo presidente electo en Venezuela. Desde el 10 de enero del año en curso el mundo puede comprobar con más conocimiento de causa la real situación de los derechos humanos en un país de honda tradición democrática que, sin embargo, desde tiempo atrás reprime y lesiona los derechos fundamentales de los habitantes, sobre todos los de los no alineados con el régimen, hasta poner en peligro las más elementales condiciones para una vida digna tal y como ha señalado reiteradamente la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos)
En efecto, desde 2013, la situación de los derechos fundamentales en Venezuela se ha ido deteriorando, tal y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su informe Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela, de 2017. Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido derechos humanos fundamentales, especialmente como respuesta a las manifestaciones pacíficas realizadas entre 2014 y 2017. De otro lado, el régimen chavista ha adoptado políticas arbitrarias en la economía, que han ocasionado la emergencia humanitaria compleja y la crisis masiva de refugiados y migrantes sin precedentes en Venezuela. Es por ello que el régimen dirigente en Venezuela ha sido señalado como responsable de graves violaciones de derechos humanos, tal y como puede leerse en el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de 2018.
Como es sabido, el Foro Penal Venezolano registró un total de 153 expedientes de torturas entre febrero y septiembre de 2014, justo cuando comenzaron las primeras movilizaciones contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. A estos expedientes, que ha documentado personal de esta organización no oficial, habría que contar cientos de casos todavía en fase de procesamiento. A los casos de los más famosos dirigentes opositores detenidos en la cárcel de Ramo Verde, como López, Scarano y Ceballos, se ha sumó entonces la del alcalde de Caracas Ledesma, hoy en exiliado en España. Sólo en 2014 el Foro Penal Venezolano documentó 3.293 detenciones. Hoy, tras los acontecimientos relativos a la protesta del pueblo y a la posición de Guaidó, la ONU habla de 850 detenidos, periodistas incluidos, y 40 muertos. En el colmo de la barbarie hoy nos llegan noticias de la detención de cerca de 80 niños con ocasión de la reacción del pueblo ante tanta arbitrariedad.
En 2010, conviene ahora recordarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya alertaba, todavía en tiempos de Chávez, sobre lo que ahora es una evidencia clamorosa. En su informe, ya por entonces se constataban algunos de los principales atentados a los derechos humanos perpetrados a diario en la Venezuela chavista y se registraba la profunda politización del poder judicial. En efecto, el informe de la OEA reflejaba por entonces la sujeción del poder judicial al poder político. Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran, y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político.
Sin embargo, a pesar del origen del nombramiento de estos magistrados, muy mal deben ir las cosas para Maduro porque estos días hemos sabido que el Magistrado del Tribunal Supremo afecto al régimen Mojica acaba de negarse a firmar las medidas cautelares contra el Presidente encargado y la también Magistrada de ese Tribunal Godoy ha denunciado que no se ha producido el preceptivo debate entre Magistrados en relación con la petición del Fiscal General de la Tiranía de detener a Guaidó.
En fin, la crisis venezolana se ha agravado luego del 10 de enero de 2019 como comprobamos a diario. De conformidad con los artículos 230, 231 y 233 de la Constitución venezolana, ese día comenzó un nuevo período presidencial y por lo tanto, el Presidente electo debía tomar posesión del cargo mediante juramento prestado ante el Poder Legislativo, esto es, la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro ha reclamado su condición de Presidente electo, al haber sido proclamado por la autoridad electoral luego de los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018. Pero lo cierto es que esos comicios no han sido reconocidos como elecciones libres y transparentes, al ser resultado de graves violaciones a derechos humanos de contenido electoral. Es por ello que Maduro no puede ser considerado como el legítimo Presidente electo en Venezuela, pese a lo cual, actualmente se mantiene en ejercicio de la Presidencia.
Tal y como declararon los países del Grupo de Lima en comunicado de 4 de enero de 2019, Maduro no es Presidente electo y, por lo tanto, está obligado a transferirle el poder a la Asamblea Nacional, única autoridad legítima en Venezuela. Ello fue reiterado por el comunicado de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre el nuevo mandato de Nicolás Maduro, de 10 de enero. Además de reiterar el desconocimiento de los comicios del 20 de mayo, en ese comunicado se insiste en “reconocer y respetar la función y la independencia de la Asamblea Nacional, como institución elegida democráticamente, a liberar a todos los prisioneros políticos, a respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales y a hacer frente de inmediato a las acuciantes necesidades de la población”.
Frente a este escenario, es menester denunciar el encarnizamiento de la crisis venezolana debido a la usurpación de la Presidencia de la República de Venezuela por Nicolás Maduro, y reiterar el llamado para el pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional venezolana, y de su Presidente, diputado Juan Guaidó, a los fines de que se adopten todas las medidas que permitan restablecer el orden democrático y constitucional, garantizándose el pleno disfrute de los derechos humanos de todos los venezolanos y unas próximas elecciones libres administradas por una Autoridad electoral independiente. De lo contrario, será muy difícil que el pueblo venezolano recupere sus libertades pues a día de hoy el futuro del narcotráfico internacional, la financiación del terrorismo y la principal terminal del populismo no parecen dispuestos a perder la posición.
Jaime Rodríguez-Arana
Presidente del Capítulo Español de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.
