Poco a poco vamos teniendo claras algunas de las causas de la crisis económica y financiera. Mario Monti, presidente del consejo de ministros italiano, acaba de señalar, con gran seguridad, que la ausencia de vigilancia de las instituciones estatales es la principal de las causas de lo que está pasando. Ciertamente, hay otras razones, pero la ausencia o escasa vigilancia de las agencias reguladoras y de las instituciones públicas encargadas de tales funciones no se puede negar, ahora con mayor conocimiento.
En efecto, no hace mucho hemos conocido gracias a un informe del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica que el HSBC, uno de los bancos más importantes del mundo, operó a través de sus filiales en el mercado estadounidense con fondos procedentes de los cárteles del narcotráfico de México y del terrorismo de Irán y Siria. Tales manejos fueron posibles porque fallaron estrepitosamente los sistemas de control internos, por lo que el responsable de esta función en el banco ha debido presentar su dimisión de inmediato.
Que uno de los bancos más importantes del mundo haya estado blanqueado fondos procedentes del narcotráfico y del terrorismo da idea del grado de corrupción que se instaló en el corazón del sistema financiero. Ni los controles internos lo advirtieron, ni tampoco los controles externos. Ahora, años después, una comisión parlamentaria, el subcomité de investigaciones permanentes del Senado, ha podido constatar que los delincuentes pudieron utilizar dólares de los Estados Unidos para  transferencias para armar a grupos terroristas, producir y transportar narcóticos y estupefacientes, e incluso obtener armas de destrucción masiva gracias a las facilidades ofrecidas por una institución financiera.
Si la vigilancia y la supervisión interna fallaron tan estrepitosamente como la realidad acredita podemos cuestionarnos acerca de los motivos de tales desmanes. Y lo primero que viene a la cabeza ante tales omisiones no es la ausencia de rigor o de profesionalidad, que podrían concurrir en el caso, sino algo más grave como es la complicidad con el delito para ganar un puñado de dólares. Este es, al fin y al cabo el problema, que para la obtención de lucro todo es posible, hasta enmascarar delitos o colaborar con los delincuentes.
La vigilancia, la supervisión y el control interno de las instituciones financieras son fundamentales. Pero también es muy importante que los organismos públicos que realizan estas tareas como reguladores bancarios o comisiones de valores puedan realizar su actividad con profesionalidad e independencia. Porque si fallan los controles internos, que pueden fallar, sobre todo cuándo lo único que se considera es la obtención de beneficios a como dé lugar, al menos que estas conductas u omisiones puedan ser detectados por los reguladores públicos correspondientes.
Es sabido que con anterioridad a la crisis, y en su pleno apogeo, tales entes y agencias fueron dominadas, y de qué manera, también por la corrupción y la ausencia de racionalidad y objetividad  en la selección de sus integrantes como lo demuestra que la compañía de inversiones del famoso bróker estadounidense Madoff hubiera sido inspeccionada por la SEC, hasta nueve veces, sin que se hubiera percatado de lo grosero de su artilugio financiero.
El subcomité del Senado que ha levantado el escándalo hubo de revisar nada menos que 1.4 millones de documentos así como entrevistar a setenta y cinco directivos del banco y de sus filiales en el marco de una investigación sobre “las vulnerabilidades que el lavado de dinero y la financiación del terrorismo crean cuándo un banco global utiliza su filial en los Estados Unidos de América”.
En España hemos conocido que hay varios miles de millones de euros en preferentes. En el Reino Unido  se destapó recientemente que Barklays Bank manipulaba los índices del Libor. En fin, que los usos y las prácticas bancarias han dejado mucho que desear. Por eso, la imagen de estas instituciones ha caído muchos puntos ante la ciudadanía, que empieza a recelar, ya no solo de los políticos, a los que considera uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, sino también de las instituciones financieras y de sus dirigentes. Unos y otros, sin embargo, ni piden perdón ni toman medidas: las adecuadas y proporcionales a la situación que han creado. Claro, así las cosas van a peor. Tenemos la oportunidad de realizar reformas a fondo, no poner algunos parches. ¿Seremos capaces?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es