Una de las causas de la crisis económica es, sencillamente, el abultado gasto público que ocasionan los numerosos entes y órganos públicos. Un gasto propiciado por los esos ideólogos del Estado del control y de la intervención pública que siguen instalados en el privilegio y la prebenda. Pensaban que los fondos públicos todo lo resolverían, que producirían automáticamente una más justa distribución de la riqueza, y que, a su vez, traerían consigo, con la creación de nuevas estructuras, toda una suerte de beneficios incontables para el pueblo. La realidad todos la conocemos. La UE reclama a España que elimina nada menos que 3.000 organismos públicos de base autonómica.
En efecto, una de las características del paisaje administrativo de los últimos años, debido al deseo de permanencia en el poder de los nuevos señores de las Autonomías, ha sido el crecimiento exponencial de entes, órganos, organismos, agencias, compañías y de toda suerte de Administraciones instrumentales que surgieron en estos años en el marco, sobre todo, de los Entes autonómicos, y en menor medida, en el ámbito de los Entes locales y del Estado. Para que nos pidan que suprimamos 3.000 entidades de esta naturaleza en el ámbito autonómico, el grado de crecimiento ha tenido que ser proporcional a la voracidad política con la que los nuevos señores de las Autonomías han intentado, con pingues resultados, controlar a la población con toda suerte de subvenciones, dádivas y demás regalos con que se ha obsequiado a la ciudadanía.
Un análisis sereno del modelo organizacional de las estructuras administrativas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales, confirma la desproporción en el crecimiento. Un crecimiento motivado las más de las veces por la necesidad de colocar excedentes de la contienda política y por la convicción, en unos y otros, que el aparato público es la principal agencia de colocación para retribuir servicios prestados en el pasado. En parte, la situación a la que se ha llegado, permite reflexionar sobre la necesidad de una contundente rectificación. La sanidad española, por poner un ejemplo bien conocido, podría gestionarse sin tantas estructuras y cargos burocráticos. El problema, sin embargo, es que el modelo de organización pública que las Comunidades Autónomas y los Entes locales han calcado del aparato estatal ya no sirve. No es posible que las estructuras administrativas sean las mismas en la dimensión estatal, en el ámbito autonómico y en la esfera local.
La gran tentación es, sin embargo, atender la reclamación de las Autoridades europeas y desmantelar de un plumazo esta gigantesca maquinaria clientelar y de propaganda. Sin embargo, la cuestión no se resuelve únicamente eliminando ahora miles y miles de cargos y de estructuras. Así solamente se parchea el problema. La clave está en buscar nuevos modelos organizativos más adecuados para la mejor gestión de las políticas públicas locales y autonómicas. No es una cuestión sólo cuantitativa, es fundamentalmente cualitativa. Reproduciendo esquemas organizativos periclitados y obsoletos se profundiza en el error. Buscando nuevos esquemas, nuevos modelos analizando lo que funciona de verdad, las experiencias exitosas en los niveles del gobierno y de la administración pública, al menos podemos situarnos en nuevos escenarios y horizontes que tan necesarios son para sacudirse una forma anticuada de gestionar y administrar el espacio público. Existen modelos, lo que hay que hacer es reflexionar, pensar en la mejor forma de atender a las necesidades colectivas de las personas y actuar en consecuencia. Y que no se olviden de tener en presentes las preocupaciones e inquietudes sociales, las consideraciones de las personas que son destinatarias de las políticas públicas. El enfoque tecnoestructural y burocrático ha fracasado y sin embargo sigue presidiendo todavía algunos proyectos reformistas del presente. ¿Tan difícil es pensar en las personas, en sus necesidades colectivas, y luego diseñar las estructuras imprescindibles para realizar políticas públicas humanas y solidarias?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
La página web de Jaime Rodríguez - Arana utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Asimismo puedes consultar toda la información relativa a nuestra política de cookies AQUÍ y sobre nuestra política de privacidad AQUÍ.