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TECNOLOGÍA Y ESTADO DE DERECHO

La tecnología en el Estado de Derecho debe ser correa de transmisión de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales. La tecnología está, por ello, así con todas las letras, al servicio de la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona, sean individuales, sean sociales. Junto a la juridicidad y a la separación de los poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales, es uno de los fundamentos y principales características del Estado de Derecho y hoy las nuevas tecnologías deben ser medios e instrumentos adecuados para la efectiva realización de los derechos humanos.

La dignidad del hombre, de la persona, es el canon supremo de interpretación jurídica en un Estado de Derecho y la finalidad a que debe sujetarse la tecnología. Ese individuo -cada varón, cada mujer, en cualquier etapa de su desarrollo- es el portador de la dignidad entera de la humanidad. En efecto, en el hombre concreto, en su dignidad, en su ser personal, encontramos la condición de absoluto, o de referente de cuanto hay, acontece y se produce en el universo.

El hombre y los derechos del ser humano, que se hacen reales en cada hombre, en cada mujer, son para la clave del arco que queremos construir, pero de verdad, pues la construcción de este tiempo ha sido meramente formal, tecnológico procedimental, sin vida, sin alma, y ahí están las consecuencias, a la vista de todos. La dignidad personal del hombre, el respeto que se le debe y las exigencias de desarrollo que conlleva constituyen la piedra angular de toda construcción civil y política y el referente seguro e ineludible de todo empeño de progreso humano y social.

El Derecho Administrativo es, ante todo, Derecho y, por ello, entraña límites y contrapesos frente a un poder que tiende, ahí está la historia para constatarlo, a la infinitud y escapar de cualquier control. Entonces, si el Derecho molesta o es un obstáculo para la realización de los objetivos del poder, lo que hay que hacer es desprestigiarlo hasta que no haya más remedio que implantar, a través del dominio de la forma, una suerte de procedimentalismo y procesalismo que no es más que la antesala del totalitarismo. Y de paso, la muerte de los valores y el advenimiento del gran valor, que no es otro que la sublimación de la forma, el primer mandamiento para la instalación en el poder. Y hoy, la tecnología, que no es, que no puede ser neutral, no debería tener más remedio que tomar partido y alistarse en las filas del Estado de Derecho, cosa que por el momento es una quimera, a juzgar por la ausencia en tantos casos de una auténtica Interoperabilidad.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La corrupción, mal que nos pese, es una realidad. Una amarga y lamentable realidad cotidiana que ha caracterizado, en determinados momentos con más intensidad que en otros, la vida del hombre desde su aparición en el planeta.  Tanto en la esfera personal como en el ámbito colectivo, la corrupción se puede decir que es connatural a la condición humana tal y como manifiesta la misma historia de la humanidad. Ahora en España la contratación pública en tiempos de pandemia lo acredita fehacientemente.

La figura de la Hydra de Lorna es un buen símbolo de la potencia e intensidad de la corrupción. Como nos ilustra la mitología griega, Hércules, encargado de terminar con el terrible animal, con la Hydra de Lorna,  tuvo muchas dificultades a causa de sus múltiples cabezas y del veneno que supuraba cada vez que se aniquilaba una de ellas. Cada vez que Hércules cortaba una de dichas cabezas, surgían dos nuevas por lo que tuvo que pensar en algún sistema diferente a los empleados hasta el momento. Así, con el concurso de su sobrino, cada vez que cortaba una de las cabezas de la Hydra utilizaba trapos ardientes para quemar los cuellos decapitados. Hércules, como cuenta Apodoloro, cortaba las cabezas y su sobrino quemaba los cuellos degollados y sangrantes. Finalmente, Hércules acabó con la última cabeza del animal aplastándola debajo de una gran roca. Acto seguido, Hércules bañó su espada en la sangre derramada y después quemó las cabezas cortadas para que jamás volvieran a crecer. En fin, un método nada convencional pero efectivo que conjugó la potencia de Hércules con la inteligencia de su sobrino. Probablemente, la combinación de armas que se precisan para acabar con esta terrible lacra social: contundencia e inteligencia.

La lucha contra la corrupción no es sólo cuestión de elaborar y aprobar normas y más normas. En muchas ocasiones incluso la proliferación de leyes y reglamentos lo que hace es facilitar la corrupción misma. La clave está en disponer de las normas que sean necesarias, claras y concretas y, sobre todo, de un compromiso ético real, constante y creciente. Esta es la cuestión, que la lucha contra la corrupción se libra en el interior de cada ser humano y si no hay un entrenamiento en la búsqueda y seguimiento del bien entonces la cosa se complica, y mucho.

En la actualidad, en un mundo en profunda crisis y en acelerada transformación, constatamos como esta lacra golpea con fuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la misma actividad pública, también en la privada por supuesto. Es verdad, en estos dramáticos momentos de la historia, la corrupción sigue omnipresente sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de las prácticas políticas y administrativas. Se promulgan leyes y leyes, se aprueban códigos y códigos, pero ahí está, desafiante y altiva, uno de los principales flagelos que impide el primado de los derechos fundamentales de la persona y, por ende, la supremacía del interés general sobre el interés  particular.  Ante nosotros, con nuevos bríos y nuevas manifestaciones, de nuevo la corrupción, amparada, es una pena, por una legión de políticos y administradores que han hecho del enriquecimiento económico y la impunidad un modus vivendi prácticamente inexpugnable.

Por eso, de nuevo vuelve al primer plano la lucha contra la corrupción desde la dimensión preventiva. Atacando sus causas. Y una de ellas, quizás la más profunda, se combate a partir de llamar a las cosas por su nombre y de asumir un compromiso real y coherente, con consecuencias prácticas, con la ética y la moral. Sin ese compromiso nada, nada se puede hacer, nada.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El pensamiento bipolar, maniqueo y cainita, hoy tan de moda a causa de la hegemonía de las ideologías cerradas y de la mediocridad, ha procurado con insistencia que entre los conceptos de libertad y solidaridad se produjera un enconado enfrentamiento evitando cualquier puente o aproximación.

La solidaridad, sin embargo, constituye una clave para comprender el alcance de la libertad de las personas. En efecto, lejos de los planteamientos radicalmente individualistas, y consecuentemente utilitaristas, entiendo, porque parto de la dimensión personal del ser humano, que una concepción de la libertad que haga abstracción de la solidaridad, es antisocial y derivadamente crea condiciones de injusticia. En este sentido la libertad, siendo un bien primario, no es un bien absoluto, sino un bien condicionado por el compromiso social necesario, ineludible, para que el hombre pueda realizarse plenamente como hombre. En otras palabras: si puede afirmarse que la persona es constitutivamente un ser libre, en la misma medida es constitutivamente solidario. Su gran opción moral es vivir libre y solidariamente.

Esta forma de acercarse al estudio de la libertad y la solidaridad rompe muchas atávicas y tradicionales teorías que han permitido a lo largo de mucho tiempo que sus defensores más radicales hasta pudieran permitirse, hoy se comprueba tristemente en todo su realismo, un cierto bienestar al que se agarran como a un clavo ardiendo promoviendo con ocasión y sin ella el populismo y la demagogia.

Pues bien, la libertad de los demás, en contra del sentir de la cultura individualista insolidaria, no debe tomarse como el límite de mi propia libertad. No es cierto que mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás, como si los individuos fuéramos compartimentos estancos, islotes en el todo social.  Se trata más bien de poner el acento en que un entendimiento solidario de las relaciones personales posibilita la ampliación, en cierto modo ilimitada, de nuestra libertad individual. En este sentido -y también podría hacerse esta afirmación con un fundamento utilitarista-, la libertad de los demás es para mí un bien tan preciado como mi propia libertad, no porque de la libertad de los otros dependa la mía propia, sino porque la de los otros es, de alguna manera, constitutiva de mi propia libertad.

El gran problema de concebir la libertad en consonancia con la solidaridad, con la dimensión social de la persona, reside en que impide que la actual tecnoestructura pueda mover a su antojo, como marionetas, a unos ciudadanos que son conscientes del sentido de su libertad social para actuar autónomamente, con criterio, al margen de la inyección de consumismo insolidario con la que unos y otros intentan narcotizar y controlar hasta los últimos recodos de la vida social.

En fin, el dilema patente que en muchos discursos se manifiesta entre libertad y solidaridad sólo tendrá cumplida solución en el ámbito personal, ya que se trata en definitiva de un dilema moral que no puede ser resuelto en el orden teórico o de los principios sino sólo en el de la acción. En el orden político, la solución pasa por el equilibrio y la ponderación. Una solidaridad forzada, que ahogara el espacio real de libertad, sería tan nefasta para la vida social como una libertad expandida que no dejara márgenes a la solidaridad, o que la redujera tan solo a una solidaridad de dimensiones exclusivamente económicas. No es una solidaridad formal, impuesta con los resortes coactivos del Estado lo que interesa, sino una solidaridad basada en el sentir auténtico de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres, en el sentir de ciudadanos solidarios.

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

@jrodriguezarana

Una de las principales características de los espacios políticos del futuro es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe reclamar a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en eternas discusiones que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder. No es, por tanto, el entendimiento un fin en sí mismo, ni sólo una estrategia política. Es, sobre todo, la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en un ambiente de profundo odio y resentimiento entre posiciones cainitas y maniqueas, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.

La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos parciales. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, no solo en los que le votaron, sin sectarismos en las políticas concretas a emprender. Claro que es entendible que un partido, en ejecución de su programa electoral gobierne sólo para sus adeptos. Pero, si así lo hace únicamente, tarde o temprano conseguirá despertar a quienes no son destinatarios de sus políticas, abriendo un clima social de enfrentamiento y confrontación.

Normalmente, si el gobierno admite enmiendas de la oposición, o si la oposición felicita al gobierno por el acierto de alguna de sus decisiones, siempre habrá quienes piensen o afirmen que algo muy raro se está produciendo: que el gobierno nunca se equivoca, dicen unos; o que la oposición nunca puede dar la razón al gobierno, sentencian otros.

Más allá de las adhesiones inquebrantables o de las reyertas protagonizadas por quienes se mueven en los aledaños de los aparatos de los partidos, los gobernantes y los jefes de la oposición, han de pensar en el conjunto de la ciudadanía, en el bienestar integral de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida. Si esta consideración reclama el acuerdo, bienvenido sea, como también sería bienvenida la discrepancia cuándo se estime que el gobierno yerra o la oposición se echa al monte. Nos va en ello mucho. Demasiado.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Hoy vivimos tiempos de cambios y transformaciones evidentes. Los valores de la sociedad tradicional han quebrado, pero no lo han hecho los valores humanos, los valores sobre los que descansan la civilización y la cultura que de alguna manera constituyen valores permanentes inscritos en la misma condición humana y en sus derechos inviolables. Por eso, la construcción de una civilización o de una nueva cultura no podrá hacerse sin volver sobre ellos.

Sin embargo, no se trata de hacer una repetición mimética, sin más, no se trata de fotocopiar o de clonar. De lo que se trata es, en relación con los valores humanos, remozarlos, renovarlos, y dotarlos de una nueva virtualidad. Para ello es imprescindible disponer las técnicas y los procedimientos al servicio de la dignidad humana y de sus derechos fundamentales, no al revés, como se viene practicando desde hace tiempo, hoy más que nunca, en que el dominio tecnoestructural aliena y narcotiza a tantos millones de personas en todo el mundo a través de las más variadas técnicas de manipulación social.

Por eso, frente al reto productivo, al reto técnico y al reto tecnológico, debemos añadir el auténtico reto de fondo que es el reto ético, ínsito también, y sobre todo, en el Derecho en cuánto ciencia social consistente en la realización de la justicia. Se trata de un reto o desafío que interpela a todas las ciencias sociales y que intenta contestar a la gran pregunta acerca del sentido de la vida del hombre, y de la mujer, y de su carácter medular en la realidad jurídica, económica y social.

El estudio y la investigación en las distintas áreas que conforman las ciencias sociales, o proporcionan una mayor calidad de vida a las personas, o no son dignas de tal nombre, al menos en un Estado que se califica como social y democrático de Derecho. Eso quiere decir, ni más ni menos, que a su través, a través de este modelo de Estado, por medio del Derecho, la Economía, la Historia, la Sociología… deben diseñarse técnicas y procesos orientados y dirigidos a la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona y, cuando sea el caso, a remover los obstáculos que impidan su realización efectiva en la cotidianeidad.

En otras palabras, o se consigue una mayor calidad de vida, unas mejores condiciones de vida para los habitantes del planeta, especialmente para los más necesitados, o las ciencias sociales se habrán convertido en fines, que no en medios al servicio de la mejora de la vida de los ciudadanos. Y, hoy, con la que está cayendo, el dilema no es complicado: defender, proteger y promover la dignidad humana, sí su solución. Una solución que no viene de las ideologías cerradas como se ha experimentado en el pasado, ni de los liderazgos cesaristas de un lado o de otro. Al final la clave está en el compromiso de los ciudadanos por construir una sociedad más abierta, más sólida, más humana en la que la política ocupe el lugar que le corresponde y en la que las iniciativas sociales generadoras de libertad solidaria lleven la voz cantante. Casi nada.

Jaime Rodríguez-Arana    @jrodriguezarana

Decía el filósofo John Locke, con toda razón, que la arbitrariedad es, valga la redundancia, la ausencia de la racionalidad. Es decir, la arbitrariedad en el ejercicio del poder equivale a la toma de decisiones sin motivación o justificación suficiente o, si se quiere, gobernar cambiando de criterio en la resolución de los asuntos generales por conveniencia o utilidad particular.

La irracionalidad, que es la característica que mejor define a la arbitrariedad, ordinariamente va de la mano de la subjetividad, mientras que la racionalidad suele acompañar a la objetividad. En este sentido, conviene recordar que, según la Constitución de 1978, el poder debe ejercerse al servicio objetivo del interés general.

El poder público es, en una acepción clásica, el medio que tiene el Estado para hacer presente el bien de todos. Por tanto, en sí mismo, tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo del ser humano. Es decir, el poder público se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre, fundamentalmente, su pleno, libre y solidario desarrollo como ser humano en sociedad.

El poder público se encuentra acompañado de un conjunto de facultades jurídicas especiales, que podríamos calificar de supremacía. Sí, de supremacía o de superioridad en la medida en que se dirigen a la consecución del bien de todos, del bien de toda la comunidad, del bien común. Por eso, las personas que ejercen poderes públicos deben tener claro, muy claro, que dichos poderes se justifican en la medida que se utilicen al servicio del bien de todos, no de una parte de la sociedad, por relevante que esta sea.

El poder público existe por y para la satisfacción plena de las funciones sociales. El poder público en su sentido más propio está vinculado esencialmente al bien de todos, por lo que si se usa en beneficio propio o de grupos determinados se hace un uso autoritario contrario a las más elementales normas y principios del ejercicio del poder en la democracia.

También y, sobre todo, en la excepcionalidad actual, el poder debe ejercerse con moderación, tino, proporción y ponderación, sin amedrentar a la población, sin lesionar derechos y siempre al servicio objetivo del interés general. De un interés general democrático, que es el que se caracteriza por su concreción, justificación, vinculación a los derechos fundamentales, y, por la participación social. Los buenos gobiernos ejercen el poder, por supuesto, pero según los cánones de un Estado de Derecho. Lo contrario, la tiranía o el despotismo: el reino de la arbitrariedad.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La democracia se asienta, como en uno de sus pilares más relevantes, en el pluralismo. Es decir, el Estado debe abstenerse de tomar partido en asuntos polémicos, en temas controvertidos sobre los que es posible discrepar, en los que se pueden mantener diferentes posiciones. Pues bien, nunca el pluralismo ha estado tan lesionado como en este tiempo en que nos toca vivir pues en algunos temas, de todos conocidos, está prohibido expresarse más allá de la doctrina oficial que se inocula desde la cúpula

En efecto, la ideología del pensamiento único aparece de nuevo ante nosotros. Ahora, con nuevos matices, resulta que desde el vértice se pretende forzar la ideología de género castigando a quien se atreva a desafiar la doctrina dominante. ¿Es que se puede imponer desde el poder público una determinada forma de entender una cuestión en la que hay diversos puntos de vista?. ¿Por qué volvemos a la censura, a la inquisición, al miedo al pensamiento diferente, en definitiva a la restricción de la libertad de expresión?. Por una sencilla razón, porque en este tiempo hay una profunda quiebra de las libertades y un colosal intento de conformar la opinión pública en ciertos temas desde un pensamiento único que aspira a erigirse en expendedor de idoneidad o pureza democrática.

El pensamiento ideológico parte de una premisa básica: es menester implantar unilateralmente un modelo ideológico porque es el único que puede mejorar la vida de los hombres y mujeres.  Se trata de fabricar un nuevo orden social de seres estandarizados  por la nueva doctrina, de seres dominados por el consumismo insolidario que se transmite desde el púlpito de la nueva religión civil para evitar que se piense en libertad. Se trata de poner al servicio de la sociedad ciudadanos dependientes, sumisos y dóciles a los dictados de un poder que poco a poco va eliminado los espacios de libertad para quienes no tienen la fortuna de comulgar con la buena nueva.

A quienes disienten, se les echa encima nada menos que la Constitución y las Leyes, que interpretadas unilateralmente permiten una suerte de integrismo y totalitarismo sencillamente inaceptable. ¿Dónde queda la libertad de expresión?. ¿Por qué unos tienen más libertad de opinión que otros?. ¿Qué hemos de hacer con los “equivocados”?, ¿tolerarlos? o, más bien,  ¿ expulsarlos del espacio público porque no están en condiciones de debatir con “sosiego” y “normalidad”?.

Los tiempos que corren no son buenos para la libertad. La experiencia histórica demuestra, por otra parte, que de cuando en cuando la libertad es atropellada por iluminados y fanáticos que, con más o menos solemnidad, con más o menos sutileza, se consideran en poder de la verdad suprema. En estos casos, la libertad, a pesar de todo, triunfa tarde o temprano porque la gente se termina sacudiendo el sueño benefactor en que es sumido por los nuevos dirigentes y es consciente de que, efectivamente, la libertad hay que ganarla día a día, hay que conquistarla día a día frente a la dictadura de lo políticamente correcto, conveniente o eficaz. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La mediocracia, libro de Alain Deneault, profesor de sociología en Quebec, es un polémico análisis de las causas del ascenso de la mediocridad a la dirección y gobierno de instituciones y corporaciones públicas en el presente, lo que da lugar, lo comprobamos a diario, a una tiranía de lo políticamente correcto y a una merma preocupante de la libertad de expresión. En estos años, como consecuencia del ascenso de la mediocridad y de la banalización creciente de los asuntos públicos, se ha ido agostando una de las principales funciones de la democracia: dar sentido a las cosas haciendo a cada hombre responsable más allá de los estrechos límites de un horizonte cotidiano. En efecto, en este tiempo tal aseveración se certifica a diario cuando nos acercamos a la forma en que se gobierna y gestiona la aguda crisis que estamos sufriendo a nivel mundial.

En este contexto, la democracia moderna, hija de la fe en la razón propia de la época de la Ilustración, debiera haber alumbrado una forma de gobierno en la que la racionalidad humana impregnara la función de gobiernos, parlamentos y jueces. La realidad es la que es: concentración del poder y colosales campañas de manipulación y control social para granjearse el seguimiento generalizado de las masas indefensas ante la colosal campaña de consumismo insolidario del presente.

En 1992 la editorial Paidós tradujo al castellano el libro del antiguo profesor de la Universidad de Yale y expresidente de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política Robert. A. Dahl, titulado «La democracia y sus críticos». El libro fue escrito en 1989 y no tiene desperdicio. En concreto, el profesor de Yale señalaba que en los tiempos del llamado posmodernismo es necesario potenciar la civilidad, la vida intelectual y la honradez moral algo que hoy en general brilla por su ausencia en las principales terminales de las tecnoestructuras dominantes. Porque, sin valores, sin cualidades morales, falla el fundamento principal de la democracia: la centralidad de la dignidad humana. Hoy, es paradójico, se usan los resortes del tecnosistemas precisamente para doblegar el fundamento mismo de la democracia.

Es necesario regenerar la democracia. Y, para ello, nada mejor que volver a los principios, subrayando la exigencia de un nivel ético elevado. En efecto, no es solo necesaria la existencia de códigos de conducta sino, sobre todo, transparencia en cada uno de los aspectos en que la vida privada se encuentra con la pública. La Ética es, o debe ser, una condición intrínseca a la democracia. Y para levantar el listón actual de comportamientos éticos precisamos, he aquí la cuestión, de sistemas educativos que formen en los valores en un ambiente de creciente humanización de la realidad. Algo, no es un secreto, que se ha ido abandonando o se ha tratado muy superficial y frívolamente.

Hoy, guste o no, se están abandonando los hábitos vitales de la democracia que, en opinión del filósofo John Devey, se resumen en la capacidad de perseguir un argumento, captar el punto de vista del otro, extender las fronteras de nuestra comprensión y debatir objetivos alternativos. Es decir, mente abierta, plural, crítica, compatible y, sobre todo, dispuesta a incorporar argumentos, vengan de donde vengan, si son aptos o positivos para resolver problemas de interés general. Algo que la polarización actual, deliberadamente inducida, lo impide. Poca argumentación, demonización del adversario y, sobre todo, guerra a la crítica, sobre todo si es constructiva. De aquí al abismo, no hay más que un paso. Y no muy grande.

JaimeRodríguez-Arana

@jrodriguezarana

En un mundo dominado por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con una la inteligencia artificial encabezando los procesos de modernización, la protección, defensa y promoción de la dignidad humana es cada vez más importante. Por eso, la dimensión instrumental de las nuevas tecnologías debe estar cada vez más clara para que estas herramientas provenientes del desarrollo científico sean dignas de la condición humana y, en el ámbito pública, se conviertan en eficaces medios para realizar políticas públicas que cada vez sean más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas.

En este sentido, el moderno Derecho Administrativo, siempre orientado a la defensa, protección y promoción de la dignidad humana, debe hacer frente a las nuevas demandas de una sociedad digital que reclama nuevas prestaciones y nuevos servicios brindados a través de nuevas plataformas digitales con mayor participación ciudadana. Plataformas y estructuras digitales que, poco a poco, reemplazarán por completo los trámites, los procedimientos y las gestiones habituales o tradicionales que se realizaban al interior de una Administración Pública que exigía, para todo, la presencia de los ciudadanos.

Cuanto más fortaleza y mejor construcción tecnológica presente la Administración Electrónica en cada país, mejor posicionado estará para enfrentar las situaciones complejas que este tiempo de crisis trae consigo. Pero tales emprendimientos tecnológicos habrán de hacerse sin perder de vista en ningún momento que las tecnologías están al servicio de la dignidad humana, no al revés como desde algunas terminales mediáticas se intenta transmitir a una sociedad inerme, indefensa, sin recursos morales frente a la colosal maquinaria de manipulación que se ha puesto en marcha precisamente en este tiempo. Se ha trabajado mucho la dimensión interna de las nuevas tecnologías, pero todavía no son un instrumento real en manos de la ciudadanía para controlar el ejercicio del poder y participar activamente en la definición y evaluación de tantas políticas públicas que afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos. Si no partimos de este aserto, estaremos dando palos de ciego y trabajando para un mundo en que, a través de estas nuevas tecnologías, que se convierten en la principal herramienta de la manipulación y del control social, se secuestre a una sociedad impotente y sin coraje ético para resistir.

La reflexión moderna sobre la Administración debe hacerse desde un enfoque abierto, plural y dinámico porque la Administración Pública es una realidad multidisciplinar a la que hay que aproximarse desde muchos puntos de vista. En efecto, junto al enfoque jurídico, se encuentra la dimensión económica, el aspecto sociológico, el tecnológico o el histórico, que ayudan a comprender una realidad tan compleja como es la Administracion Pública.

La ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a más y mejor información, a controlar más y mejor a las Autoridades, a obtener un mayor y mejor trato igualitario. Tiene derecho a aumentar la eficiencia en el uso del tiempo y demás recursos, accediendo a servicios y a trámites burocráticos, que hasta hace no muchos años tardaban mucho tiempo y exigían la presencia necesaria del ciudadano en el organismo público donde se debía realizar el trámite o la gestión pública. Por eso, la pregunta es: están facilitando la vida a las personas las nuevas tecnologías?.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los derechos fundamentales son una categoría general del Derecho que admite varias funciones. Es multifuncional o plurifuncional pero con el mismo régimen jurídico en todos los casos. Los derechos fundamentales individuales y los derechos fundamentales sociales son derechos fundamentales de la persona porque la categoría se predica de ambos con la misma intensidad. Que históricamente los derechos de libertad hayan venido antes a este mundo no quiere decir más que eso, porque los derechos de prestación que permiten unas condiciones elementales de vida digna son igualmente derechos fundamentales de la persona.

Por eso, no se trata, en el caso de los derechos sociales fundamentales, de meras expectativas que dependen de la reserva de lo posible o de las disponibilidades presupuestarias en cada caso. Insisto, los derechos fundamentales son un todo, los individuales y los sociales, y han de tener el mismo calibre y rango de protección jurídica. Si así no fuera, la centralidad de la dignidad humana sería una quimera y al final, como lamentable acontece ordinariamente, estaría al albur de la conveniencia u oportunidad política, algo inaceptable. Si la dignidad humana es el centro y raíz del Estado, las estructuras, las normas, los procedimientos y los presupuestos deben disponerse precisamente al servicio del gran canon o estándar jurídico del Estado moderno.

Estos derechos fundamentales son exigibles judicialmente si por acción, u omisión, de los Poderes públicos, se lesionan o contravienen. Tanto una prestación pública deficiente dirigida a satisfacer uno de estos derechos fundamentales, como su omisión, pueden y deben ser objeto de la acción procesal.

Por ser derechos fundamentales son derechos que vinculan jurídicamente a todos los Poderes públicos. Es decir, tanto el Poder ejecutivo como el legislativo y el judicial deben aplicarlos en su tarea cotidiana. En el caso del Legislador a través de la previsión de normas del máximo rango normativo que los reconozcan respetando su contenido esencia, en el caso del Poder ejecutivo promoviéndolos en el marco de la Administración pública y para el Poder judicial a través de la interpretación más favorable a su realización y plena  efectividad.

La exigibilidad de los derechos sociales fundamentales o derechos fundamentales sociales está relacionada con situaciones económicas y sociales en las que obviamente existen carencias de condiciones para el normal despliegue de la dignidad humana en algunas personas. Es decir, la emergencia de este concepto tiene mucho que ver con situaciones de crisis.

Por otra parte, el mercado en un Estado social y democrático de Derecho debiera asegurar un orden de condiciones formales y reales que, desde la racionalidad y la objetividad, permita a cada ser humano vivir en condiciones dignas. Cómo resulta que ello no parece posible, especialmente por la dimensión unilateral imperante, entonces la acción positiva del Estado aparece como corolario básico del principio de subsidiariedad para remediar carencias o necesidades esenciales que garanticen y preserven la vida digna de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana