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TECNOLOGIA Y ESTADO DE DERECHO

El poderío de la tecnoestructura en el ámbito político-administrativo es hoy formidable. Los expertos en el manejo del interés general estático y artificial, que se expresa exclusivamente a través de la tecnología, despreciando incluso la presencialidad y el trato personal entre administradores y ciudadanos, han conseguido, gracias a su obsesión por el mando y la conservación del status quo, manejar los procedimientos administrativos de tal modo que han hecho imprescindibles, aliándose en cada momento con el poder establecido.

El poder público es, en una acepción clásica, plenamente actual y vigente, el medio que tiene el Estado, los Poderes públicos, para hacer presente el bien de todos. Por tanto, en sí mismo, tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo. Libre y solidario, del ser humano. Es decir, el poder público se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre, y la tecnología, en este ámbito debe estar inmersa en esta finalidad. Para eso surge y para eso tiene pleno sentido.

En este sentido, la tecnología en el Estado de Derecho debe ser correa de transmisión de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales. La tecnología está, por ello, así con todas las letras, al servicio de la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona, sean individuales, sean sociales. Junto a la juridicidad y a la separación de los poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales, es uno de los fundamentos y principales características del Estado de Derecho y hoy las nuevas tecnologías deben ser medios e instrumentos adecuados para la efectiva realización de los derechos humanos.

DIGNIDAD HUMANA

La dignidad del hombre, de la persona, es el canon supremo de interpretación jurídica en un Estado de Derecho y la finalidad a que debe sujetarse la tecnología. Ese individuo -cada varón, cada mujer, en cualquier etapa de su desarrollo- es el portador de la dignidad entera de la humanidad. En efecto, en el ser humano concreto, en su dignidad, en su ser personal, encontramos la condición de absoluto, o de referente de cuanto hay, acontece y se produce en el universo.

El hombre y los derechos del ser humano, que se hacen reales en cada hombre, en cada mujer, son la clave del marco que queremos construir. Sin embargo, a causa del funcionalismo y la dominación de la tecnología la realidad que estamos alumbrando discurre por los cauces de lo formal, lo tecnológico-procedimental, sin vida, sin alma, y ahí están las consecuencias, a la vista de todos. La dignidad personal del hombre, del ser humano, el respeto que se le debe y las exigencias de desarrollo que conlleva constituyen la piedra angular de toda construcción civil y política y el referente seguro e ineludible de todo empeño de progreso humano y social. Algo que se olvida por momentos y bien que lo sufrimos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los valores jurídicos del Estado de Derecho, en la construcción romano-germánica, tienen un obvio y evidente sustrato ético y moral. La misma esencia de la Administración pública, conectada a conceptos como servicio, objetividad e interés general, es de orden axiológico. Primero porque surge para la protección de la dignidad humana y porque, segundo, en su desarrollo, el aparato público está vinculado a la justicia y muy especialmente a la objetividad, características del quehacer administrativo que en una democracia tienen un hondo significado ético.

A pesar de los pesares, de la realidad en que vivimos, nunca a lo largo de toda la historia tantos han hablado tanto de ética y nunca quizás se haya conculcado tanto. La Ética nos interesa porque el contenido material de las normas, la finalidad de las normas, debe orientarse en función de los valores del Estado de Derecho que, como sabemos, tienen una eminente deriva ética y moral. Si la forma no exterioriza valores, no es una verdadera norma jurídica, será una regla, pero no una norma propia del Estado de Derecho.

En el interés actual por la ética hay razones circunstanciales, como los escándalos que nos sirve con mayor o menor intensidad y frecuencia la prensa diaria. Hay razones políticas en este interés desusado, porque la ética se ha convertido en un valor de primer orden, o cuando menos –hay que admitirlo- como un valor para el mercadeo político. Hay también situaciones de desconcierto, ante las nuevas posibilidades que ofrece la técnica, que exigen una respuesta clarificadora. Pero hay, sobre todo, una razón de fondo que creo que justifica plenamente el interés por las cuestiones éticas, especialmente en un estudio sobre la forma jurídica pues el Derecho Administrativo concebido como el Derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas reclama que todas sus categorías e instituciones se orienten, especialmente los actos, normas y contratos a esa misión constitucional del servicio objetivo del interés general. Algo que, a pesar de los pesares, es cada vez más necesario, y urgente.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El Derecho Administrativo, bien lo sabemos, o camina con paso firme sobre el fundamento seguro del Estado de Derecho, o acaba convirtiéndose, así lo acredita el tiempo, hoy especialmente, en longa manus del poder, cualquiera que sea su naturaleza. Por eso, las nuevas tecnologías tienen un potencial relevante en orden a garantizar transparencia, seguridad, trazabilidad, participación. Pero también pueden convertirse, siniestramente manejadas, en instrumentos de arbitrariedad y dominación, sobre todo de los más fuertes sobre los más débiles e indefensos.

En este sentido, la concepción formal o procedimental del Derecho, de gran prestigio y general aceptación en el Derecho Público, especialmente en el Derecho Administrativo, corre, cuando se entiende al margen de la sustancia, de los valores, un grave peligro. Me refiero a la excesiva ritualización, a la obsesión o idealización del procedimiento, que poco a poco va desnaturalizando el fin al que debe servir: la realización de la justicia. Pues bien, tal tendencia puede combatirse a través de las nuevas tecnologías, siempre que se conviertan, no en fines, sino en medios para la instauración del Estado de Derecho. Para eso, los algoritmos no pueden ser secretos, deben conocerse sus tripas y los efectos de su implementación. Las más variadas expresiones del blockchain y de la inteligencia artificial deben ser usadas de acuerdo con la juridicidad, sirviendo objetivamente al interés general en cada caso y situación en que se empleen.

Las nuevas tecnologías, por supuesto, deben entenderse y realizarse en el marco constitucional. Un marco, el de la Constitución española de 1978, que plasma de forma magistral una serie de valores y principios a los que debe ajustarse el conjunto del Ordenamiento jurídico.

En efecto, en los valores y principios constitucionales reside el espíritu constitucional, el centro de donde procede el dinamismo y las virtualidades de la Constitución. Ese conjunto de valores o de vectores, recogidos tanto en el preámbulo como en el articulado, dan sentido a todo el texto constitucional y deben impregnar el régimen jurídico y el orden social colectivo.

En el preámbulo constitucional, como es bien sabido, se señalan, en primer lugar, la justicia, la libertad y la seguridad como los tres valores constitucionales más importantes. En la idea de justicia late la convicción de que hay algo debido al hombre, a cada hombre, a cada mujer. Por encima de consideraciones sociológicas o históricas, más allá de valoraciones económicas o de utilidad, el hombre, el ciudadano, cada vecino, se yergue ante el Estado, ante cualquier poder, con un carácter absoluto: esta mujer, este hombre, son lo inviolable; el poder, la ley, el Estado democrático, se derrumbarían si la dignidad de la persona no fuere respetada. No puede ser, de ninguna manera, que una concepción mesiánica y finalista de las nuevas tecnologías acaben por doblegar al ser humano ante el imperio de la tecnología. Algo que podría ocurrir, si permitiéramos que las máquinas sustituyan a la discreción humana, a la voluntad de los hombres, en la toma de decisiones esenciales para la vida y la libertad de las personas.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La reciente votación en el Parlamento europeo, no vinculante, a favor de reconocer el derecho al aborto como un derecho humano, como un derecho fundamental de la persona, refleja el grado de insensibilidad social al que hemos llegado precisamente en donde se alumbraron con rigor y valentía los derechos del hombre y del ciudadano.

La realidad europea es, a día de hoy, mal que nos pese, la que es: prevalencia de la economía sobre la ética, escasa participación cívica, recortes en políticas sociales, consumismo, baja natalidad, irrupción de movimientos extremistas y crecimiento exponencial de la corrupción. En este contexto, a muchos ciudadanos del viejo continente nos gustaría que el panorama europeo estuviera presidido por los valores comunes procedentes de la centralidad del ser humano que los padres fundadores de la Unión Europea, a quienes hoy se cita tanto como se desconoce, colocaron como los pilares de una integración que debería discurrir por los caminos del humanismo, por la senda de los derechos fundamentales de la persona, por el camino de los derechos humanos, tanto individuales como sociales.

En efecto, cuándo se reconocen estos derechos de manera incondicional, sin interferencias o injerencias del poder, entonces resplandece la dignidad del ser humano y la idea originaria de lo que debería ser Europa brilla con luz propia. Sin embargo, cuando el poder constituido decide sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos, la arbitrariedad se instala de nuevo entre nosotros y desaparece la igualdad radical entre los seres humanos. Se transige y se comercia sobre los derechos humanos en función de las exigencias del poder en cada momento y hasta se laminan y silencian los derechos de los más débiles, de los más indefensos, de quienes menos posibilidades tienen de hacer oír su voz.

Los derechos humanos, interesa hoy recordarlo, no son del Estado, no los conceden los gobernantes, son de titularidad humana, nacen con el hombre y la mujer y a ellos corresponde su ejercicio solidario. El poder, todo lo más, y no es poco, debe reconocerlos de forma y manera que se convierten, por ello, en valores superiores que iluminan, guían y orientan al poder mismo y a quienes, por representación del pueblo, lo ejercen. Es decir, el canon de legitimidad del poder hoy reside precisamente en el respeto y promoción de los derechos humanos.

La base de los derechos humanos reside en la dignidad de la persona, del ser humano. Dignidad que, en última instancia, tiene un fundamento abierto salvo que nos instalemos en el inmanentismo, en la contemplación de una realidad que ni se ha dado vida a sí misma ni se agota en su misma cosmovisión.  El ser humano es el fin, no es un medio, es la medida de todas las cosas, a quien se ordenan, a quien se condicionan. La dignidad de la persona es de tal calibre y relieve que se yergue omnipotente, todopoderosa y soberana frente a los embates del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por cercenarla o, lo que es peor, por ignorarla. Por eso son inviolables, por esos son innegociables, por eso son indisponibles. Si así no fuera se podría comerciar con ellos sin mayores problemas asignándoles un precio, algo que repugna a quienes tienen una clara conciencia de su relevancia y de su capitalidad para la vida de las personas y de los pueblos.

Entonces, en este marco se entiende que exista una referencia superior al propio hombre de la que parten esos derechos que se basan en la esencia del ser humano y de los que nadie puede prescindir. En este sentido, en la doctrina de los derechos del ser humano se codifica una herencia cristiana esencial en su forma específica de validez. Que hay valores que no son manipulables por nadie es la verdadera garantía de nuestra libertad y de la grandeza del ser humano. Y para que esos valores estén protegidos del uso político o partidario interesa que sean incondicionales.

Cuándo se condiciona el derecho a la vida o la libertad en cualquiera de sus expresiones, ingresamos al mundo de la arbitrariedad, de la lucha de los fuertes contra los débiles. Nos instalamos en un ambiente de ausencia de reglas o, en todo caso, en un mundo en el que los poderosos imponen sus designios, cueste lo que cueste, al precio que sea, a los débiles. Condenar de forma tan grosera a la muerte de quien está a punto de ser así lo refleja.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Desde hace mucho tiempo y en diferentes escenarios se ha discutido, largo y tendido, acerca de la polémica entre los dos modelos de capitalismo reinantes: el renano y el norteamericano, el germánico y el anglosajón. En efecto, esta pugna no es nueva. Ahora cobra actualidad porque el tamaño del desaguisado a que han llevado los excesos económicos y financieros anima, invita a reflexionar sobre lo que está pasando y sobre el enfoque capitalista en sentido estricto. Es decir, ¿se puede afirmar que la crisis económica y financiera actual trae causa, de alguna manera, de la sublimación y exaltación del modelo anglosajón?

El capitalismo anglosajón se ha caracterizado, últimamente en grado superlativo, por el corto plazo, el beneficio rápido y una confianza ciega en la capacidad auto reguladora del mercado. Todo ello, además, en un ambiente de una precaria protección social porque se postula en este contexto la teoría del Estado mínimo: cuanto menos Estado y más mercado mejor. La escuela de los “Chicago boys” es buena prueba de ello.

Por el contrario, los fundadores de la escuela de Friburgo, Hayek,  Misses o Erhard, entre otros, postularon la célebre teoría de la economía social de mercado, que fue llevada a la práctica en los años en que precisamente Erhard dirigió los destinos de Alemania tras la Segunda Gran Guerra. Como recuerdan los lectores, este modelo de economía de mercado se plantea en un contexto de regulación, con intervención pública y fuerte sensibilidad social. El fundamento de la intervención pública en este esquema es bien claro: tanta regulación como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. La regla, el principio, es la libertad económica. Libertad que no se concede desde el poder público porque pertenece a cada ser humano por el solo hecho de serlo. El poder público actúa para fortalecer esa libertad, para garantizar que se ejercita en un contexto de racionalidad y equilibrio. En este contexto, los órganos reguladores son muy importantes, no tanto porque sean los artífices del sistema, que no lo son, sino porque lo aseguran con su actividad de inspección, comprobación, verificación, control y vigilancia. Además, en este modelo, el nervio de la presencia pública se concentra especialmente en la puesta al servicio de la comunidad de una completa red social de ayuda a los más necesitados, a los marginados, a los excluidos por el sistema.

Pues bien,  durante la crisis de  2017 se constató que la regulación no funcionó; es más, la desregulación en ciertas actividades financieras ha sido un hecho, hemos asistido al desagradable episodio de experimentar, unos más que otros, el lacerante efecto de esos 1,65 billones de euros de activos tóxicos que inundaron el mercado financiero de todo el globo procedentes de un sistema, el yanqui, que en este punto ha fracasado estrepitosamente por creer a pies juntillas en esa monserga de que la regulación obstaculiza el sistema. Fueron los años de Greenspan, bajo mandato de Clinton, los años en que el desaguisado comenzó a tomar fuerza hasta llegar en 2008 a tumbar los mercados de todo el mundo.

Así las cosas, hay quienes piensan que el capitalismo ha fracasado y que hay que mirar de nuevo al marxismo como posible solución. La verdad es que volver a la economía planificada y centralista, al control público de la economía y a la dictadura del proletariado, es, a día de hoy, una broma pesada. Más bien, de lo que se trata es de tomar lo mejor de cada uno de los modelos para, en un contexto de libertad, comprometerse a implantar una regulación global confiada a autoridades independientes, que no estén a las órdenes, ni de las burocracias partidistas ni de los consejos de administración de las grandes multinacionales.

La regulación es necesaria siempre que se realice en un contexto de autonomía y con garantías de independencia. Junto a ello, mientras no se caiga en la cuenta de que el sistema debe ser protegido de los excesos y de la obsesión por el beneficio inmediato por cualquier método, dejaremos abiertas las puertas a otra epidemia de codicia y avaricia como la que ha caracterizado los últimos años. Por eso, ese orden global que hoy es una realidad, debe asentarse sobre la justicia, la racionalidad, el equilibrio y, sobre todo, sobre la dignidad del ser humano y la centralidad de los derechos fundamentales de la persona. Mientras eso no sea un compromiso de todos, seguiremos cosiendo sin hilo, o corriendo fuera de la pista, algo que, por lo que se ve, tiene ha tenido muchos seguidores. Esperemos estas evidencias ayuden a una nueva visión del orden político, económico y social más humana, o, lo que es lo mismo, más solidaria y más justa.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El día 31 de marzo pasado se cumplieron ciento diez años del nacimiento de Octavio Paz. Un intelectual como la copa de un pino que hoy, como ayer, está de plena de actualidad en mundo de pensamiento plano y sumiso.

En efecto, Paz fue un escritor que alcanzó las más altas cotas de la literatura y, también, y, sobre todo, del pensamiento crítico. Además de Permio Nobel y de Premio Cervantes, su obra completa, de trece volúmenes, se caracteriza por su dominio del ensayo. Junto a dos tomos de obras de poesía, quizás por lo que es más conocido, el resto de su producción literaria la dedicó al ensayo. No sólo a reflexionar sobre el hombre, la libertad, o el Estado, sus temas preferidos, sino a la crítica literaria o a la sociología del arte, materias en las que sus consideraciones son de primera división especial.

Octavio Paz, como es sabido, nació en el seno de una familia revolucionaria mexicana y en su juventud apostó por el marxismo, lo que le condujo a España invitado por Pablo Neruda durante nuestra trágica Guerra Civil. Paradójicamente, a partir de entonces empezaría a desconfiar de la izquierda clásica, proceso que terminaría en 1968, tras la matanza de los jóvenes de Tetlatecolco en la ciudad de México durante los Juegos Olímpicos de ese año. Entonces abandona su exitosa carrera diplomática y se refugia en la soledad de su libertad. Por aquellos tiempos censura la concepción gramsciniaina del intelectual orgánico, aquel que está al servicio de una ideología y comienza su camino de independencia política para poder pensar en libertad. Abandona la izquierda tradicional e ingresa a un liberalismo intelectual alejado de sus postulados económicos buscando defender la libertad de la persona y al individuo frente al colectivismo.

Pues bien, Octavio Paz, en un mundo repleto de intelectuales orgánicos, del primado del pensamiento único, nos permite reivindicar el pensamiento crítico, el pensamiento abierto. En efecto, los llamados intelectuales, los representantes de lo postmoderno, o de lo hipermoderno, como se quiera, han encontrado un cómodo acomodo en las estructuras tecnocráticas desde las que, en muchos casos, justifican y fundan esas políticas públicas y privadas carentes tantas veces de compromiso con el pluralismo y la liberad. Hoy, la obsesión por el dinero, por el aplauso, o por el disfrute de los derechos individuales carentes de solidaridad agostan la voz y la pluma de quienes están llamados a pensar y a hablar en libertad. En efecto, hoy abunda ese pensamiento plano entregado al individualismo radical, beligerante contra todo lo que suponga salirse del carril de lo conveniente o eficaz en cada caso.

Por ejemplo, la critica al consumismo es hoy prácticamente inexistente, quizás porque esta ideología ha conseguido atrapar, más o menos conscientemente, a no pocos “intelectuales” que, ante la eventualidad de trabajar con pocos medios, se han dejado seducir por el confort de una vida más placentera al socaire de la subvención o de la adulación permanente. Ante este panorama, podemos aprovechar un nuevo aniversario de la fecha del nacimiento de Octavio Paz para reivindicar el gusto por el pensamiento crítico, por la racionalidad humana, por la centralidad de la dignidad de la persona

En efecto, en un tiempo de incertidumbre, dominio de lo mediático, miedo a la libertad, pánico a la verdad, apogeo del consumismo y baja intensidad del pensamiento crítico, conviene subrayar la centralidad y radicalidad de los derechos humanos y de la dignidad de la persona como valores que preceden al poder y al Estado. Sabemos, y muy bien, que los derechos humanos no los crea el Estado ni los otorgan discrecionalmente los gobernantes: son derechos y libertades innatos al hombre y, por lo tanto, no sólo deben ser respetados por el legislador y el gobierno, sino promovidos por los poderes públicos y los privados. Tienen la configuración jurídica de valores superiores del Ordenamiento y deben inspirar el entero conjunto del Derecho positivo.

Son derechos que derivan de la dignidad del ser humano y fundamentan la propia condición personal. Son, por ello, intocables, inviolables, indisponibles para legisladores y gobiernos. Son valores que nadie puede ni debe manipular, que nadie puede, ni debe, violentar. Así, es claro, se garantiza la esencial igualdad de todos los hombres y se evita el racismo, la xenofobia, el fascismo, los totalitarismos todos.

Hoy, en un nuevo siglo en el que el horizonte se vislumbra con tonalidades oscuras y ciertamente tenebrosas, estamos dominados por la dictadura de lo correcto y eficaz, tenemos miedo a la verdad, tenemos miedo a la libertad solidaria y vivimos casi presos del dogma mediático y de los sacerdotes de esa tecnoestructura que reparte a diestro y siniestro certificados de admisión al espacio público. En este ambiente, y a pesar de los pesares, debe levantarse la voz a favor de la incondicionalidad e indisponibilidad de los derechos humanos porque incluso los que afectan a la vida de las personas, están siendo duramente violados

En fin, releer algunos de los libros de Octavio Paz como pueden ser, entre otros, Alba de libertad, Respuestas nuevas a preguntas viejas, Itinerario o Un escritor mexicano ante la Unión Soviética, ponen de manifiesto la necesidad de que los intelectuales y los pensadores de este tiempo recuperen ese talento de Octavio Paz por escribir y hablar en libertad. Algo cada vez más difícil de encontrar por estos pagos. Ya lo creo.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Uno de los principios básicos de la Ética pública es que quién ejerce el poder responda de sus actuaciones realizando su tarea de acuerdo con los   valores permanentes y universales del servicio público

La historia ha demostrado, lo sabemos bien, que las sociedades corruptas han traído consigo gobiernos corruptos y viceversa. Sobre todo porque cuando se antepone el beneficio personal al bien común se rompe la armonía social. En efecto, cuando aumenta la corrupción, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resiente y se produce esa peligrosa separación entre gobernantes y ciudadanos hoy tan acusada.

La corrupción mina, y de qué forma, esa necesaria confianza que debe existir entre representantes y electores, entre ciudadanos y gobernantes. Y esa confianza en el sistema democrático es esencial pues los ciudadanos deben tener razones para depositar su confianza en quienes administran y gestionan los recursos públicos y atienden las necesidades colectivas.

En el mundo ex-comunista, la conversión del centralismo burocrático en corrupción institucionalizada produjo unos frutos tan amargos entre la población que hoy este sistema político está tocado de muerte. Por su parte, en el Tercer Mundo la corrupción de los mandatarios ha traído consigo,  lo comprobamos en países que están en la mente de los lectores, un desprecio masivo hacia instituciones y un repliegue a formas de vida que se oponen a los más elementales principios de la cultura cívica. ¿Qué ha pasado en Occidente? Pues que las estafas, el fraude, las operaciones bursátiles irregulares, los sobornos o las malversaciones, están socavando, hay que reconocerlo, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las representan. En pocas palabras, hoy en el mundo, no podemos negarlo, existe una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas y sociales.

En los Estados Unidos, el famoso caso de la conculcación del Código de Honor de West Point, en 1976, por varios cadetes, permitió que también desde las instituciones se tomara conciencia del problema de la corrupción.  Así comienza la preocupación, bien interesante, de las propias instituciones por la mejora y mantenimiento de la integridad colectiva y la de cada uno de los miembros de los organismos. Pero hay que tener en cuenta que toda preocupación a nivel institucional depende en última instancia de la integridad personal del individuo. Esta es la clave: la práctica de las virtudes morales por parte de los ciudadanos. Por eso es necesario que personas honradas presidan hoy las instituciones, porque se negarán a participar por acción u omisión  en la corrupción y así se podrá  recuperar esa confianza perdida. Así de claro.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La política democrática es una tarea ética en cuanto se propone que el ser humano, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o arbitrariamente los invente, libremente se comprometa en el desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada, por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia.

La política democrática no puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, deben subordinarse.

La afirmación de la prioridad del ser humano, de la fundamentalidad del ser humano en la concepción las nuevas políticas, es el elemento clave de su configuración ética. Pero tratar de configuración ética no puede entenderse como la articulación de una propuesta ética concreta, definida, que venga a constituir una especie de credo o de código de principios dogmáticos desde los que se pretenda hacer una construcción política.

Hoy, sin embargo, la realidad nos muestra cuán importante es la vuelta a los valores, la vuelta a la dignidad de la política, la vuelta a la centralidad del ser humano. Hoy pisoteada hasta el paroxismo por  las tecnoestructuras políticas y financieras.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La globalización es un fenómeno que también ha llegado al Derecho Público. En efecto, la realidad nos demuestra que en determinados sectores del Derecho Administrativo existen normas y actos con pretensión de validez supranacional. Son normas que se elaboran poniendo en cuestión la teoría clásica de las fuentes del Derecho y el sistema de producción normativa. Como el Derecho Administrativo Global está «in fieri», en formación, es cada vez más importante subrayar la naturaleza principal de este sector del Ordenamiento asegurando, de algún modo, que esta rama del Derecho garantice que los Poderes públicos globales se realicen al servicio del interés general global de acuerdo con la justicia. Ni hay todavía una Administración pública global, ni un Poder ejecutivo global, ni un Poder judicial global, como tampoco disponemos de una Constitución global. Sin embargo, la realidad nos demuestra que, en algunos sectores, el de la contratación pública especialmente, los principios generales ayudan sobremanera a construir un Derecho Administrativo Global de la contratación administrativa que parta precisamente de los postulados del Estado de Derecho.

La ausencia de legitimidad de estas nuevas fuentes del Derecho, a veces compuestas por grupos de expertos, por especialistas en determinadas materias que se reunen a nivel global o también por tradicionales Entes públicos, semipúblicos, en ocasiones conformados por Entes privados o híbridos de ambos, hace preciso que, en estos primeros tiempos, el levantamiento de este nuevo edificio jurídico-administrativo se realice sobre bases sólidas. En materia de contratos, son los Entes públicos supranacionales o globales quienes, a partir de la objetividad, transparencia, igualdad de trato o prohibición de discriminación por razón de nacionalidad, han construido un Ordenamiento jurídico comunitario europeo que, por mor de las características de la integración comunitaria europea, obligan jurídicamente a los Estados miembros.

Los Entes públicos, por utilizar una terminología muy amplia en la que entran todas las Administraciones públicas, además de sociedades y otros organismos que manejan fondos públicos, suelen convocar, con publicidad y concurrencia, a las empresas para realizar actividades de interés general que la propia institución solicitante ni está en condiciones de realizar por sí misma, ni probablemente deba hacerlo.  La Unión Europea, el Mercosur, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros órganos y organismos de dimensión supranacional contratan con empresas la realización de terminadas obras o servicios públicos siguiendo una tipología que, aunque ha nacido en el Derecho Administrativo Interno, hoy es una realidad en el denominado Derecho Administrativo Global de la contratación pública.

El caso de la contratación pública es, en este punto, paradigmático puesto que los principales instrumentos supranacionales, globales, en la materia se han construido precisamente al calor de los principios: del principio de no discriminación, del principio de igualdad, del principio de publicidad, del principio de libre concurrencia. Principios que son la expresión de la obligatoriedad que tienen los Entes públicos, por manejar fondos públicos, de actuar con transparencia, fomentar la igualdad y adjudicar el contrato a la oferta mejor para el interés general, que es siempre el elemento central que gravita y preside el entero régimen jurídico de aplicación. Es decir, en materia de contratos públicos, los principios han sido la base de las normas que ulteriormente se han elaborado. El caso, por ejemplo, en el espacio jurídico europeo, de las Directivas comunitarias en la materia, nos excusa ahora de mayores comentarios.  Principios, huelga decirlo, son expresiones concretas de la buena administración que debe presidir el entero funcionamiento y el régimen de la contratación pública.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana