Las encuestas, de diverso orden y procedencia, acerca de la opinión de la gente en relación con la política y el comportamiento de sus principales actores, coinciden en poner de manifiesto, cada vez más, la profunda distancia que existe entre la ciudadanía y los cuarteles generales de las diversas formaciones partidarias. Algunas encuestas, en España, por ejemplo, sitúan la política, y la corrupción que la acompaña, como uno de los problemas más graves que aqueja a la sociedad actual. Los políticos y la política suelen ser, con leves oscilaciones, uno de los problemas más graves que aquejan a los españoles, ahora en tiempos de crisis económica, de forma manifiesta.

El gobierno del poder judicial se entrega a los partidos políticos, que dominan un escenario en el que la sumisión e suele ser en muchos caos, no en todos por supuesto, requisito fundamental para alcanzar estas altas responsabilidades, tal y como también acontece, de otra manera, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Es decir, en lugar de Estado de Derecho vivimos en un Estado de partidos, cuyas tecnoestructras tienen en sus manos el destino de los poderes del Estado.  Un Estado de partidos, en ocasiones, Estado de dirigentes, pues en estos tiempos los idearios de las formaciones son sustituidos, sin mayores problemas, por las ideas del presidente de turno del partido.

En este ambiente, es muy difícil, aunque no imposible, que las reformas y la renovación que precisamos procedan del interior de los partidos porque sus dirigentes no parecen dispuestos a renunciar a los privilegios de los que disponen y a un status quo que les permite nombrar legiones de cargos ampliando su poderío de forma colosal.  Hoy, por tanto, es menester quebrar esa partitocracia que ahoga las iniciativas sociales que podrían aportar la vitalidad de la realidad a un mundo dominado por el oficialismo y la artificialidad. En una palabra, por la obsesión del mando y del poder, sin importar la calidad de los medios para alcanzarlo.

Hoy precisamos democratizar la democracia, renovar el sistema democrático porque la acción política no se agota en los partidos y porque se precisa movilizar a la sociedad civil a partir de proyectos impregnados de una cultura política y cívica participativa centrada en la dignidad del ser humano.

La renovación que se precisa para fomentar la participación política, para erradicar el dominio de las tecnoestructuras que se impone sin debate a los militantes y afines, para impulsar procesos de mayor participación social en la determinación del interés público y del interés general, reclama personas ilusionadas con la misión de servir a la sociedad más que en servirse del poder para permanecer en él como sea. Hoy se pueden implementar estos cambios, mañana será tarde.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La crisis financiera que asoló el mundo recientemente, y que todavía colea, vaya si colea tras las caídas del Silicon Valley Bank y del Credit Suisse , proviene probablemente de que la libertad económica, esencial en un Estado de Derecho, se ha interpretado y practicado, también desde las instancias reguladoras, a partir de una dimensión individualista orientada al lucro como única razón de ser del sistema de mercado.

En efecto, una concepción puramente individualista de la libertad, que suele acompañar algunas posiciones liberales doctrinarias extremas, entiende la libertad como una capacidad para el uso y disfrute exclusivamente individual. La libertad, según estas interpretaciones, es sólo libertad para mí, me interesa la libertad de los demás en tanto en cuanto se erige como una garantía de la mía propia; en última instancia concibo la libertad de los otros como una limitación de la mía, porque donde empieza aquella termina esta.

En la tesis contrapuesta, desde las posiciones socialistas –y también, por cierto, desde las nacionalistas-, se entiende la libertad sólo en un sentido colectivo, la libertad de una clase universal o la libertad nacional, de modo que las libertades individuales aparecen sometidas, o condicionadas por los intereses superiores que el Estado debe administrar.

Esta contraposición clásica entre libertad e igualdad ha estado presente en la secular discordia simbolizada en el enfrentamiento político entre derechas e izquierdas. Sin embargo, los límites de esas mismas definiciones quedan patentes cuando el socialismo moderado se presenta a sí mismo –legítimamente- como defensor de las libertades individuales, y la derecha democrática reivindica –con no menos legitimidad- sus reales e históricas aportaciones a la integración social. Norberto Bobbio, en su sentido alegato sobre la vigencia actual de la izquierda, defiende básicamente esta apreciación.

La utopía socialista, otra cosa son las experiencias socialdemócratas, tiene, desde luego, un valor, -histórico, ideológico, emotivo-, pero desde un punto de vista político ha perdido todo su sentido, según lo prueba el reiterado fracaso de las tentativas de aplicación en tantas latitudes y épocas, y con tantas fórmulas. Y además ha dejado patente su nocividad cuando se establece como guía en la acción de gobierno. Lo mismo podríamos decir de la utopía liberal –si pudiéramos hablar así-, aunque en algunas formulaciones del liberalismo doctrinal cabría más bien hablar de su error de partida, señalado tantas veces por algunos de sus críticos, como lo es la suposición de que todos somos, realmente y en la misma medida, libres y autónomos.

Semejante confluencia deficitaria de las ideologías que han dominado la modernidad política, abre una nueva época en la que aparece con singular potencia la concepción de la libertad solidaria. La libertad concebida desde los postulados del individualismo y la intervención entendida desde el marxismo han fracasado. La segunda tras la caída del Muro, la primera tras la crisis iniciada en 2007-2008.

En realidad, como decían los viejos liberales europeos, la cuestión puede resolverse en este contexto: tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesaria. Para ello, es menester revisar los fundamentos del sistema económico desde los postulados de la libertad solidaria.

Pero igualmente, una libertad que no tome en cuenta la dimensión social de la persona, además de tratarse de una libertad mutilada, es falsa, porque lo real es que la libertad la queremos para los nuestros. Todo dependerá de nuestra generosidad y de nuestra apertura de espíritu para ampliar el horizonte del “nosotros”.

La libertad de los demás no es sólo garantía de la mía, sino que me hace realmente más libre. Es más, tengo la posibilidad de hacer más libres a los demás cuando desde mi propia libertad busco la cooperación con ellos. Es un imperativo ético y político la creación de las condiciones sociales y culturales que hagan posible el ejercicio de una libertad auténtica por parte de cada ciudadano. Aquí atisbo una conexión de fondo de la política con la ética pública que trascendería el marco de un simple código de comportamientos.

Libertad solidaria, insisto. Porque la libertad es el marco adecuado, necesario, para que se produzca la apertura a los otros procedente de la solidaridad. Y así la libertad de los demás ya no se entiende primariamente como un límite de la mía –aunque lo sea, considerada negativamente- sino que la libertad de los demás posibilita, mediante el acuerdo, el diálogo, el entendimiento, una ampliación sin límites de mi propia libertad. Estamos a la postre, dando una respuesta a la permanente cuestión: libertad, ¿para qué? Afirmar la libertad solidaria es señalar uno de los objetivos que queremos darle a la libertad.

En este sentido, la consideración de la libertad desde la solidaridad o de la solidaridad desde la libertad, es lo mismo, invita a construir libremente entre todos una sociedad más libre y tolerante, y libremente asumir entre todos la construcción de una sociedad más solidaria. Dicho de otra manera, en términos más llanos, no son excluyentes el beneficio individual y el público, es más, el uno sin el otro, en algún sentido, serán un abuso.

JAIME RODRÍGUEZ-ARANA

@jrodriguezarana

La corrupción, mal que nos pese, es una realidad. Una amarga y lamentable realidad cotidiana que ha caracterizado, en determinados momentos con más intensidad que en otros, la vida del hombre desde su aparición en el planeta.  Tanto en la esfera personal como en el ámbito colectivo, la corrupción se puede decir que es connatural a la condición humana tal y como manifiesta la misma historia de la humanidad.

La figura de la Hydra de Lorna es un buen símbolo de la potencia e intensidad de la corrupción. Como nos ilustra la mitología griega, Hércules, encargado de terminar con el terrible animal, con la Hydra de Lorna,  tuvo muchas dificultades a causa de sus múltiples cabezas y del veneno que supuraba cada vez que se aniquilaba una de ellas. Cada vez que Hércules cortaba una de dichas cabezas, surgían dos nuevas por lo que tuvo que pensar en algún sistema diferente a los empleados hasta el momento. Así, con el concurso de su sobrino, cada vez que cortaba una de las cabezas de la Hydra utilizaba trapos ardientes para quemar los cuellos decapitados. Hércules, como cuenta Apodoloro, cortaba las cabezas y su sobrino quemaba los cuellos degollados y sangrantes. Finalmente, Hércules acabó con la última cabeza del animal aplastándola debajo de una gran roca. Acto seguido, Hércules bañó su espada en la sangre derramada y después quemó las cabezas cortadas para que jamás volvieran a crecer. En fin, un método nada convencional pero efectivo que conjugó la potencia de Hércules con la inteligencia de su sobrino. Probablemente, la combinación de armas que se precisan para acabar con esta terrible lacra social: contundencia e inteligencia.

La lucha contra la corrupción no es sólo cuestión de elaborar y aprobar normas y más normas. En muchas ocasiones incluso la proliferación de leyes y reglamentos lo que hace es facilitar la corrupción misma. La clave está en disponer de las normas que sean necesarias, claras y concretas y, sobre todo, de un compromiso ético real, constante y creciente.

En la actualidad, en un mundo en profunda crisis y en acelerada transformación, constatamos como esta lacra golpea con fuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la misma actividad pública, también en la privada por supuesto. Es verdad, en estos dramáticos momentos de la historia, la corrupción sigue omnipresente sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de las prácticas políticas y administrativas. Se promulgan leyes y leyes, se aprueban códigos y códigos, pero ahí está, desafiante y altiva, uno de los principales flagelos que impide el primado de los derechos fundamentales de la persona y, por ende, la supremacía del interés general sobre el interés  particular.  Ante nosotros, con nuevos bríos y nuevas manifestaciones, de nuevo la corrupción, amparada, es una pena, por una legión de políticos y administradores que han hecho del enriquecimiento económico y la impunidad un modus vivendi prácticamente inexpugnable.

Por eso, de nuevo vuelve al primer plano la lucha contra la corrupción desde la dimensión preventiva. Atacando sus causas. Y una de ellas, quizás la más profunda, se combate a partir de llamar a las cosas por su nombre y con un compromiso real y coherente de las personas, más los dirigentes, con la ética y la moral. Sin ese compromiso nada, nada se puede hacer, nada.

Jaime Rodríguez-Arana

La centralidad de la persona es la primera y principal característica de una buena Administración pública. Hasta el punto de que si no existiera no podría hablarse de una Administración democrática porque lo que caracteriza a la Administración del Estado de Derecho, de la democracia, es precisamente el servicio a la ciudadanía, su tendencia a la mejora de las condiciones de vida de las personas, su vinculación con la protección y promoción, por tanto, de todos los derechos fundamentales de todas las personas.

En una democracia avanzada las personas ya no son sujetos inertes que, sin más, reciben pasivamente bienes y servicios de los poderes públicos. Ahora, la cláusula del Estado social y democrático de Derecho trae consigo una nueva funcionalidad para los ciudadanos al convertirse en sujetos activos, protagonistas en la determinación del interés general y en la evaluación de las políticas públicas. Es decir, por el hecho de ser personas disponen de un derecho fundamental a que los asuntos de la comunidad, los asuntos que se refieren al interés general, deben ser gestionados y administrados de la mejor forma técnica posible. Es decir, para la mejora de las condiciones vitales de las personas, para que cada ser humano se pueda desarrollar en libertad solidaria. Para que todos los ciudadanos disfruten de estándares crecientes de calidad en el ejercicio de todos los derechos fundamentales

La buena Administración pública aspira a colocar en el centro del sistema a la persona y sus derechos fundamentales. Desde este punto de vista, es más sencillo y fácil llegar a acuerdos unos con otros porque de lo que se trata es de una acción pública de compromiso real con la mejora de las condiciones vitales de los ciudadanos.

La sentencia reciente del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023 acaba de recordar lo dispuesto en el artículo 28.2 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, es decir que los ciudadanos no tienen la obligación de aportar datos que ya obran en poder de la Administración. Es más, es la Administración, en estos casos, quien tiene la obligación de reclamar esos datos a la Administración que corresponda. A ver si es verdad.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El principio de participación es, junto a la limitación del poder, una de las columnas sobre las que se levanta el edificio democrático. En efecto, la participación ha de ser una forma de lograr una mayor integración y cohesión sociales y servir como escuela de ciudadanía, profundizando la democracia para hacerla no solo formal y representativa, sino también real y participativa, evitando la apatía y el individualismo tan presente en este tiempo. Ciertamente, una Entidad local que gobierne intentando resolver los problemas reales de los vecinos fomentando la transparencia, la participación y el pluralismo, se constituye en una magnífica escuela de cualidades democráticas.

El objetivo de la transparencia en este terreno ha de ser doble: acercar los poderes locales a los ciudadanos y concebir la participación como vía para fortalecer la legitimación de los Entes locales, ya que, la legitimación de los Gobiernos locales precisa eficiencia y eficacia en su actuación, servicio permanente a los intereses públicos locales, así como evaluación participativa transparente con el fin de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de todos y cada uno de los vecinos.

En efecto, la democracia representativa consiste no sólo en participar en las elecciones a través del voto, sino también en estar presente en los procesos de deliberación y en la implementación, evaluación y gestión de las políticas públicas. La democracia, y más en el ámbito local, no es sólo votar, sino deliberar, discutir, valorar. Hoy son necesarios espacios de discusión pública en los que se pueda conocer la opinión de todos los agentes sociales que trabajan en las distintas expresiones y manifestaciones de lo que son los intereses públicos. Obviamente, si la Entidad local cuenta con elevados estándares de transparencia porque se dan a conocer periódicamente, de forma institucional, los principales acontecimientos de la vida local y las principales manifestaciones de las políticas públicas locales, es lógico que la participación es mayor y de más calidad porque precisa del conocimiento de la realidad local en sus más relevantes variables e indicadores.

Este conjunto de realidades ha de conducirnos hacia un nuevo modo de funcionamiento de los Gobiernos y Administraciones locales que podría ser caracterizado por las notas siguientes: posburocrático, descentralizado y desconcentrado, abierto, transparente, de calidad, flexible, responsable, eficaz, eficiente, orientado hacia los resultados y al servicio objetivo del interés general de orden local, pensando en las necesidades reales de los vecinos.

Esta potenciación de la vida local debe permitir entre otras cosas una mayor participación y representación, sobre todo, a través de nuevos cauces, destacándose especialmente que la participación es un estilo de gobernar diferente y que implica un desarrollo de la tarea educadora de la ciudadanía local y de su cultura cívica. Algo que debe descansar en un constante ejercicio de transparencia que muestre realmente la realidad de la gestión y del gobierno local en sus diferentes ámbitos y sectores.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los Estados compuestos como el español se caracterizan, entre otras cosas, por la existencia de determinados espacios territoriales que disfrutan de autogobierno y autoadministración en un marco de integración, cooperación y lealtad institucional. El Gobierno de España, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, y los gobiernos de los diferentes Entes locales son gobiernos democráticos, elegidos por los ciudadanos, que se caracterizan por la autonomía para la realización de políticas públicas propias en el ámbito de sus respectivas competencias.

El espacio local es el espacio de la gestión pública por definición. Además, por su cercanía a la ciudadanía, el espacio local se nos presenta también como un espacio muy adecuado para las experiencias participativas, así como para las reformas e innovaciones de determinadas políticas públicas como pueden ser la transparencia o el acceso a la información. En este sentido, hasta podría decirse sin exageración alguna que el espacio local es un permanente laboratorio democrático en el que la transparencia, el pluralismo y la participación, si hay voluntad política, resplandecen permanentemente.

El local es el nivel de gobierno en relación al cual los ciudadanos expresan mayor interés público, lo que no es nada extraño si se piensa que son las instituciones encargadas de velar por los intereses y los problemas del entorno más inmediato de las personas y aquellas que la gente conoce más directamente. Además, esta consideración, constatable en la misma realidad cuantas veces se quiera, responde seguramente, en relación con los Gobiernos y Administraciones locales,  a varios factores, entre los que destacan tanto la capacidad de gestión y respuesta innovadora a las demandas sociales como la receptividad y el trato cercano a los ciudadanos.

En efecto, el nivel local es el que de modo cuantitativamente más importante enraíza las instituciones con el tejido social; de ahí la importancia de fomentar mecanismos de participación, de fortalecimiento de la transparencia, de mejora de la información, de mayor eficacia de la actuación pública y  de atención a los criterios de los  usuarios de los servicios públicos. Por eso, fomentar cauces de transparencia en este nivel de gobierno, el más próximo y cercano, a la persona, ayuda, y mucho, a facilitar hábitos y cualidades democráticas, tanto en el ejercicio del poder, como en la dimensión participativa de la ciudadanía.

A este respecto, se trata de que los Entes locales se configuren abiertos a la participación, ya que en el diseño institucional de los gobiernos locales cobra creciente importancia la institucionalización de mecanismos de transparencia, participación y concertación ciudadanas, una de las funciones más importantes para el gobierno local. Estos mecanismos, sin embargo, no se producen mecánica y automáticamente por muchas normas jurídicas que se aprueben, o por muchos preámbulos que se escriban presumiendo, como tantas veces acontece, de altos niveles de transparencia y participación. En el fondo, es una cuestión de compromiso con los valores democráticos de dirigentes y ciudadanos.

En este sentido, la participación ciudadana no solamente se produce a través del voto, sino también a través de la presentación de candidatos, la provisión de numerosos cargos públicos de representación, la participación en un variado tipo de comisiones, y, fundamentalmente, desde el conocimiento transparente acerca de la realización de las diferentes políticas públicas municipales. En la medida en que se facilita la información y se desvelan aspectos sustanciales y críticos de la acción de gobierno y del quehacer administrativo local, en esa medida crecerá el temple cívico y moral de los vecinos de forma que podrán elegir y tomas decisiones sobre el funcionamiento de los Entes locales con mayor conocimiento.

Los Entes locales se encuentran en inmejorables condiciones para incorporar fórmulas innovadoras de refuerzo de la participación política a través de mecanismos consultivos, del derecho de petición, de consejos de participación, mecanismos todos ellos que acercan la Administración y el Gobierno a los ciudadanos siempre en el marco de una exigente y creciente transparencia.

Esto es así porque lo local constituye el contrapeso político necesario a la globalización a la que estemos asistiendo hoy en día. La conservación de la identidad local es una necesidad esencial en este mundo globalizado como elemento corrector frente a los procesos de pérdida de identidad y de alejamiento de las instancias de decisión económicas y políticas de los ciudadanos.

Ahora que se acercan las elecciones locales no está de más, un mucho menos, pensar de nuevo en las potencialidades, que son muchas y muy relevantes, de la capacidad de actuación de los Gobiernos y Administraciones locales para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El tiempo en que vivimos, en el marco de una profunda polarización ideológica en la que unos y otros buscan el dominio social para imponer su visión del mundo y de la realidad, está erosionando, y no poco, el espacio para el ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas.

En este contexto, el diálogo, la mente abierta, y la interdisciplinariedad son características de una forma de concebir la realidad y el mundo que se han ido perdiendo, por una parte, a causa del dominio de la técnica y de la especialización. Y por otra, por razón de la emergencia, de nuevo, de las ideologías cerradas. En este sentido, las humanidades han dejado paso al primado de la eficiencia. Hoy, lamentablemente, quienes dirigen, quienes toman decisiones, quienes influyen ciertamente en el decurso de las cosas son, por lo general, personas dominadas por el pensamiento ideológico, por el pensamiento cerrado, por los prejuicios, por los estereotipos, por el imperio de los votos, en unos casos, por el lucro, en otros. Tal predominio alcanza hasta sustituir a los jueces y unilateralmente tomar decisiones acerca del ejercicio de las libertades, especialmente la libertad de expresión y de información.

Como consecuencia del regreso de las ideologías cerradas, aquellas que parten de la llave de la solución de todos cuantos problemas jalonan la existencia colectiva de la humanidad, estáticas por propia naturaleza, surge la necesidad, incluso la pasión, para quienes así operan, de situarse en la vida política social y política con un sentido perverso, por cerrado: la izquierda y la derecha, los de arriba y los de abajo, los de delante y los de detrás. Es decir, estar posicionado de un modo maniqueo ha traído consigo el olvido lamentable de la tradición cultural de la que procedemos y que contribuimos a crear: una tradición de libertad, de pluralismo y de profundo respeto a la dignidad de la persona. Sin embargo, presos como estamos del imperio del pensamiento único, estático, cerrado e incompatible,  seguimos hablando de explotadores y explotados, de retrógrados y progresistas, de ricos y pobres, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, expresiones que además de profundamente simplistas son formulaciones que denotan una real actitud de miedo a la libertad, a la riqueza plural de la gente, a la fácil calificación, que no es traducible a etiquetas reduccionistas de su condición, y, sobre todo,  un profundo miedo a la búsqueda de soluciones  a  los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Ordinariamente, el pensamiento cerrado y estático que acompaña a las ideologías cerradas parte de la afirmación de prejuicios y de concepciones simplistas de la realidad, indicativas de pobreza discursiva o de inmadurez intelectual, política y humana. Por el contrario, el pensamiento abierto, dinámico y compatible, como estilo intelectual que responde a la realidad de las cosas, permite superar ciertamente las ideologías cerradas. No en el sentido de aislarlas y dejarlas sin lugar, que lo tendrán mientras haya gente con la disposición de aplicarlas, sino más bien en cuanto abren en el horizonte un espacio de pensamiento que rompe la bipolarización izquierda-derecha y que se caracteriza por su naturaleza abierta, crítica, plural y antidogmática, justo lo contrario, por ejemplo, de esa tendencia, hoy de moda, de canalizar el desencanto general hacia esquemas de odio y resentimiento.

El pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario es necesariamente un pensamiento más complejo, más profundo, más rico, en análisis, matizaciones, supuestos y, por supuesto, aproximaciones a lo real. Es más, esta modalidad de pensamiento lleva a un enriquecimiento del discurso democrático. Si el pensamiento único, estático e ideológico prevalece, como ocurre entre nosotros, el discurso político se repliega, se cierra y se concibe como un instrumento de poder, de dominación que aplasta la pluralidad y la apertura connatural a la democracia. La apertura del pensamiento político a la realidad reclama un notorio esfuerzo de transmisión, de clarificación, de matización, de información, un esfuerzo que puede calificarse de auténtico ejercicio de pedagogía política que, por cuanto abre campos al pensamiento, los abre asimismo a la libertad.

Los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y compatible nos invitan hoy a reivindicar que el poder político, también el económico y financiero, cumpla el papel que les corresponde y que fomente una educación a la altura del tiempo en que estamos. Una educación libre y plural. Nada más y nada menos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Los tiempos que corren son tiempos, desgraciadamente, de pensamiento único, de esquemas de confrontación, de enfrentamiento, de vuelta de las ideologías cerradas. Y, como consecuencia, tiempos en los que los populismos se adueñan del escenario público. Pareciera que el pensamiento abierto, plural, dinámico, realista y complementario fuera de otra época. Y, sin embargo, ahora, precisamente ante la forma en que se plantean muchas cuestiones, hemos de reconocer que el pensamiento complementario y compatible es una solución a muchos problemas de este tiempo porque la metodología de la confrontación no sólo no resuelve los problemas, sino que lo incrementa exponencialmente con los resultados que todos bien conocemos y que hemos sufrido en el pasado.

En efecto, frente a una mentalidad positivista que viene despreciando desde hace demasiados años las humanidades y el humanismo, resulta alentador constatar que tal perspectiva está siendo puesta en cuestión. El pretendido conflicto entre las ciencias y las letras, más teórico que real ciertamente, que generó dos saberes antitéticos, hoy parece que debe resolverse desde los postulados del pensamiento complementario y compatible.

Summit y Vermuele, autores de “The two cultures fallacy”, señalan en un artículo publicado en The Cronicle of Higher Education, que es un tópico artificial suponer que existe una divergencia insalvable entre el saber aplicado de las ciencias y el denominado conocimiento inútil o improductivo de las letras, como se ha denominado deliberadamente el conocimiento propio de las Humanidades. Es necesario, dicen estos profesores, superar este antagonismo interesado para reconocer la necesidad de un diálogo fructífero y enriquecedor.

No se trata de discutir acerca de que saber es de más categoría o disfruta de mayor prestigio académico, sino, desde los postulados del pensamiento complementario, de estudiar cómo se pueden unir mejor las ramas del saber para proporcionar, dicen estos profesores, un conocimiento más integrado y articulado a los estudiantes. Porque no es esta, como tantas otras, una cuestión de discusiones bizantinas sino de pensar en educar mejor a los alumnos. Algo que se olvida con suma facilidad para ingresar al espacio de la ideología en el que solo importa la estrategia de la confrontación.

Tradicionalmente se ha pensado que las ciencias aplicadas facilitaban un saber más técnico que permitía a los estudiantes integrarse perfectamente en la vida activa, mientras que los alumnos de letras eran tachados de dedicarse al disfrute de un conocimiento meramente especulativo y contemplativo. En realidad, tal apreciación no es cierta pues en la primera fase de la Edad media el estudio de la historia, la literatura, la filosofía o la retórica, proporcionaban un saber valioso y contribuían a la mejora y al progreso social, mientras que las ciencias se identificaban con un saber desconectado de la práctica.

Sumit y Vermuele demuestran en su estudio algo que hoy llama la atención: el ámbito que primero se vinculó con la vida activa fue precisamente el de las humanidades, cuya utilidad para el bien común las hizo imprescindible para la formación de los burócratas. En efecto, antes de que surgiera la ciencia como conjunto específico de disciplinas los llamados “studia humanitatis” constituían el modelo del saber útil del que luego se apropió la ciencia. En el siglo XVII, dicen estos profesores, fue cuando las cosas cambiaron y los eruditos empiezan a reclamar los beneficios sociales y empíricos del saber empírico natural. Ya en el siglo XX, las humanidades quedaron constituidas como el ámbito propio de lo humano en contraste con el campo deshumanizado de las ciencias.

Sin embargo, tal dualidad irreconciliable debe superarse por elevación, pues hay que reconocer que a través de las ciencias tenemos una mejor comprensión del ser humano y desde las humanidades se pueden mejorar los saberes aplicados. Por eso, la interdisciplinariedad, es hoy de gran relevancia en el ámbito académico y en la constitución de los grupos de investigación de vanguardia. Hoy no podemos ocultar que los distintos campos del saber, señalan Sumit y Vermuele, incorporan cada vez más conocimientos pertenecientes a áreas de conocimiento de ciencias y de humanidades pues las líneas de investigación relacionadas, por ejemplo, con la bioética o las humanidades digitales convocan este esquema de complementariedad.

Claro, este diálogo reclama nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como superar el mito y el dogma de la especialización. Es tiempo, pues de que las visiones humanistas y científicas se den la mano de verdad y olviden la confrontación y el enfrentamiento de antaño. Es posible, y necesario.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La radicalización de la vida política y social es hoy una característica de los tiempos en que vivimos. Sus causas son complejas pero pueden resumirse señalando que debilidad de la defensa del Estado de Derecho y de su anverso, la democracia, o al revés, como se quiera, han propiciado el auge de populismos de uno y otro signo que están ocupando rápidamente el espacio de que quienes debieron defender las libertades y valores del Estado de Derecho y prefirieron disfrutar de las poltronas cediendo a diestra y siniestra aspectos esenciales de la vida democrática.

Entre nosotros, también los populismos de uno u otro signo azuzan sus posiciones radicales en vísperas de un año electoral por partida doble. De nuevo, pues, la confrontación, el enfrentamiento, el dominio del pensamiento único, se adueñan del espacio político. Por eso, también en tiempos electorales reclamamos espacios de moderación, de equilibrio, de entendimiento. Precisamos más mentalidad abierta, más capacidad de encuentro y más sensibilidad social.

Hoy, es imprescindible una mayor apertura a los intereses de la sociedad que supere esa visión tecnoestructural, cerrada, que concibe la política como un procedimiento, por el precio que sea, para  instalarse perpetuarse en el poder. Esa apertura a la realidad social no es una apertura mecánica, una pura prospectiva, que nos haría caer en una nueva tecnocracia, que podríamos denominar sociométrica, tan censurable como la que llamaríamos clásica. La exigencia de apertura es una llamada a una auténtica participación social en el proyecto político propio, participación que no significa necesariamente participación política militante o profesional, sino participación política en el sentido de participación en el debate público, de intercambio de pareceres, de interés por la cosa pública, de participación en la actividad social en sus múltiples manifestaciones, de acuerdo con nuestros intereses, implicándose consecuentemente en su gestión con los criterios de moderación y de conocimiento.

Mentalidad abierta, metodología del entendimiento, sensibilidad social, compromiso con la realidad, racionalidad y, sobre todo centralidad de la dignidad humana, son las características más relevantes que acompañan a una nueva forma de estar y realizar la política. Una política en la que se entienda que la confrontación no es el primer y principal componente de la vida social, sino al contrario, el acuerdo y el entendimiento, que deben buscarse con esfuerzo sostenido, inteligente y creativo, y nunca podrán acabar, ni sería en absoluto deseable que lo hiciera, con el disenso, la variedad de opiniones en cuanto a los fines, los medios, o incluso a la realidad presente. Desde el centro político no se definen, pues, situaciones ideales, ni sociedades perfectas, ni relaciones de concordia absoluta, que solo se encontrará en la paz del paraíso. De lo que se trata es de subrayar la necesidad de conducir y edificar la política de un modo nuevo, sobre nuevas bases, que nadie ha inventado, que ya estaban ahí más o menos explicitadas, pero que es preciso asumir, remozar, reforzar y extender.

Para ello es necesario, en primer lugar, una mentalidad abierta a la realidad y a la experiencia, que nos haga adoptar aquella actitud socrática de reconocer la propia ignorancia, la limitación de nuestro conocimiento como la sabiduría propia humana, lejos de todo dogmatismo, y al mismo tiempo de todo escepticismo paralizador y esterilizador que nos impulsa necesariamente a una búsqueda permanente y sin tregua, ya que la mejora moral del hombre alcanza la vida entera.

En segundo término, es menester una actitud dialogante, consecuencia inmediata de lo anterior, con un permanente ejercicio del pensamiento dinámico y compatible, que nos permite captar la realidad no en díadas, tríadas, opuestas o excluyentes, sino percatándonos, de acuerdo con aquel dicho del filósofo antiguo de que, en el ámbito humano y natural, todo está en todo. Percatándonos de que en la búsqueda de la pobre porción de certezas que por nuestra cuenta podamos alcanzar, necesitamos el concurso de quienes nos rodean, de aquellos con los que convivimos.

Y, en tercer lugar, es fundamental una disposición de comprensión, apertura y respeto absoluto a la persona, a todos los seres humanos, a los que están en camino, a los que tienen dificultados para salir adelante, a los que están en fase final aquejados de graves patologías, consecuencia de nuestra convicción profunda de que sobre los derechos humanos debe asentarse toda acción política y toda acción democrática.

Para terminar, en lugar de pensamiento único, pensamiento abierto, en lugar de pensamiento unilateral, pensamiento plural, en lugar de pensamiento estático, pensamiento dinámico. Precisamos más moderación, más concordia, más sentido común, más entendimiento en el marco, es obvio, de la defensa y exposición de las ideas propias, que, solo faltaría, se expresan en forma de convicciones.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

DEMOCRACIA E INTERES GENERAL

El interés general, concepto difícil de definir, desde una aproximación democrática es el interés de las personas como miembros de la sociedad en que el funcionamiento de la Administración pública contribuya al desarrollo de todos y cada uno de los derechos fundamentales y, por ello, a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho.

Por eso, nada más alejado al interés general que esas versiones unilaterales, estáticas, profundamente ideológicas, que confunden el aparato público con una organización al servicio en cada momento de los que mandan, del gobierno de turno. Algo que la realidad constata todos los días en tantos países, también en el nuestro.

Por ejemplo, ahora que estamos instalados en una aguda y dolorosa crisis económica y financiera a causa de la emergencia sanitaria, los Gobiernos ponen en marcha, a través de la Administración pública, diferentes medidas para intentar sanear unas cuentas públicas maltrechas, al borde de la bancarrota. En este sentido, algunas decisiones para aliviar el elevado déficit público que aqueja a no pocos países consistentes en elevar los impuestos son, sin duda, eficaces, pero profundamente desvinculadas del interés general. En estos casos, es posible que el interés público secundario se alcance pues el Ministerio de Hacienda cumple los objetivos de reducción del déficit, pero no cabe duda alguna, al menos para quien escribe, que subir los impuestos a la población cuándo se mantienen o suben de forma insignificante los salarios del sector público, empeora sustancialmente las condiciones de vida de los ciudadanos lesionando, y no poco, el interés público primario llamado interés general

El interés general no es algo etéreo, intangible o abstracto. A mi juicio debe estar concretado en la norma y en el Derecho, en la ley y en el resto del Ordenamiento jurídico. Si admitiéramos una concepción abstracta y genérica del interés general estaríamos amparando actuaciones administrativas irracionales y arbitrarias, profundamente ilegales. Por una poderosa razón: porque cuando no es menester concretar el interés general al que ha de servir objetivamente la Administración, ésta vuelve sobre sus fueros perdidos y recupera el halo de abstracción e infinitud, de ilimitación y opacidad, que tenía en el Antiguo Régimen.  Es decir, la emergencia sanitaria no es un cheque en blanco que permita toda suerte de intervenciones del poder, sino una habilitación a actuar con plena motivación y con plena sujeción a la Ley y al Derecho.

Es decir, el interés general debe estar concretado, detallado, puntualizado en el Ordenamiento jurídico, en la mayoría de los casos en una norma jurídica con fuerza de ley. La idea, básica y central, de que el interés general en un Estado social y democrático de Derecho se proyecta sobre la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a las necesidades colectivas, exige que en cada caso la actuación administrativa explicite, en concreto, cómo a través de actos y normas, de poderes, es posible proceder a esa esencial tarea de desarrollo y facilitación de la libertad solidaria de los ciudadanos.

En este sentido, la defensa, protección y promoción de los derechos sociales fundamentales por parte del Estado conforma uno de los intereses generales de mayor relevancia en el tiempo en que vivimos, pues se encuentra indeleblemente vinculado a la misma definición del Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, el populismo reinante, aliado al desmoronamiento del Estado material de Derecho, nos conduce a comportamientos políticos profundamente sectarios que se permiten hasta criticar la transparencia y la motivación propios de un Estado de Derecho de calidad y de una democracia digna de tal nombre.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana