El primer proyecto educativo del premier inglés Cameron fue, como se sabe, dotar de autonomía a las escuelas públicas que se convertían así en academias independientes gestionadas por entidades no estatales. El centralismo burocrático y la dependencia  de las escuelas públicas de los ministerios correspondientes pasaron a la historia en el Reino Unido. País, que tras EEUU a través de las charter schools  y Suecia, con sus escuelas independientes, decide también sumarse a favor de la libertad y la calidad de la enseñanza. En realidad, este proyecto no es pionero. Los conservadores lo inventaron y Blair lo continuó. La diferencia es que ahora este modelo puede ser seguido, también, por las escuelas primarias, posibilidad no contemplada con anterioridad.
En Inglaterra, las nuevas escuelas públicas dejaron de estar sujetas a las autoridades educativas locales, que perdieron el veto sobre las nuevas escuelas. Éstas, son cofinanciadas por el Estado, la enseñanza sigue siendo gratuita,  siguen encuadradas en el sector público y siendo gestionadas por instituciones sociales con experiencia en la dirección de centros educativos como son organizaciones benéficas, asociaciones de padres, Iglesias o empresas especializadas. Estas escuelas tienen desde luego más autonomía para diseñar metodologías pedagógicas, definir planes de estudio y seleccionar alumnos y profesores. Junto a la financiación estatal, reciben, además, fondos de las entidades encargadas de la gestión de estos centros educativos.
Se trata de un modelo interesante: gestión privada autónoma de instituciones públicas educativas. Ahora la sociedad podrá comparar la calidad de todos los centros educativos sin que la escuela pública pueda escudarse en el burocratismo y en la centralización funcional. Se fomenta la libertad de manera que los padres tengan más opciones razonables donde elegir al existir una mayor diversidad de proyectos educativos públicos. La sociedad tendrá más protagonismo. El Estado, en fin, deja de controlar una de las actividades sociales de más relieve que, de esta manera, son gestionadas por la propia sociedad a través de instituciones y organizaciones varias. Obviamente, si los centros educativos no funcionan, las autoridades buscan nuevos gestores a la altura de las circunstancias. Competencia y responsabilidad.
La experiencia es clara. Estas academias ya funcionan en zonas deprimidas de Londres y en la ciudad portuaria de Grimsby. En estos lugares se ha reducido sustancialmente el absentismo escolar, ha mejorado el porcentaje de aprobados en los exámenes finales así como el rigor en  la transmisión de los conocimientos en asignaturas como matemáticas, idiomas o latín. ¿Veremos en España algún día institutos y escuelas públicas en manos de instituciones con experiencia en gestión de centros educativos que puedan funcionar con autonomía?.  ¿O seguiremos identificando lo público con el pensamiento único, con la uniformidad y homogeneidad?. ¿Qué es mejor, seguir en la mediocridad a costa del centralismo funcional, o buscar la excelencia de manos de la libertad de gestión?. Buena pregunta, desde luego.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es