La crisis económica y financiera que padecemos agudiza el ingenio y abre las puertas de una creatividad razonable que busca soluciones pensando en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. En unos casos, se acierta, precisamente cuándo la prioridad está en las personas y en otros, se fracasa, justo cuándo se anteponen las estructuras a las personas.

 
Pues bien, en nuestra provincia, la diputación está impulsando una serie de iniciativas tendentes precisamente a atender mejor a los vecinos en sus necesidades colectivas sin aumentar el gasto público. En efecto, los tres consorcios que se han constituido hasta el momento discurren en esta dirección y demuestran que desde el pensamiento complementario es posible encontrar soluciones razonables. Este me parece que es el sentido que encierra el reciente acuerdo promovido por la diputación y los alcaldes de Curtis, Vilasantar y Sobrado para constituir un consorcio que, a coste cero, podrá ofrecer mejores servicios a mejores precios. En este caso, el consorcio abarcará300 kilómetroscuadrados para atender a 10.000 vecinos a través de la prestación de servicios comunes.
 
En el ámbito local, iniciativas como la que comentamos en el artículo de hoy, bien diseñadas y con estudios económicos que acrediten que la prestación de servicios para diferentes ayuntamientos resulta razonable para las arcas municipales demuestran que es posible, si hay voluntad, mancomunar servicios para que se puedan prestar en mejores condiciones. El siguiente paso será poner en común otras funciones y otros servicios de forma que la Administración integrada y sincronizada de la que llevamos hablando desde hace tiempo sea una realidad.
 
Este esquema administrativo debiera conducirnos también a recuperar esa idea que surgió precisamente en Galicia durante uno de los primeros mandatos del presidente Fraga que se llamó Administración única y que en realidad planteaba un mejor funcionamiento de las Administraciones públicas en un contexto de racionalidad de gasto público. Por aquel entonces, 1991 o 1992, se llegó a la constatación de la necesidad eliminar las duplicidades y superposiciones existentes en el sistema de distribución territorial del poder para que los servicios de responsabilidad pública se prestaran en las mejores condiciones para los ciudadanos. También en aquellos años se planteó la necesidad de reformar el título VIII de la Constitución con ánimo de perfilar con mayor precisión las competencias de cada Ente territorial y la naturaleza de las funciones a realizar. En 1996 se acometió la tarea de adecuar el esqueleto de la Administración del Estado al modelo territorial constitucional. Sin embargo, todavía queda pendiente la adecuación de la planta y estructura de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales. Tarea que ahora es urgente e imprescindible salvo que queramos seguir batiendo récords de déficit e ineficiencia del sector público.
 
 
En este sentido, los nuevos consorcios que se están promoviendo en la provincia constituyen buenas prácticas y relevantes referencias para que las Autonomías en general se planteen rediseñar sus instituciones para mejor atender los intereses públicos propios. En ningún lugar está escrito que el modelo institucional autonómico tenga que ser el del Estado. Ni mucho menos.
 
 
 
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es