La garantía de la libertad educativa
La función de garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos define muy bien el sentido constitucional del Derecho Administrativo y trae consigo una manera especial de entender el ejercicio de los poderes en el Estado social y democrático de Derecho. La garantía de los derechos, lejos de patrocinar versiones reduccionistas del interés general ahora denominadas vetocracia, tiene la virtualidad de situar en el mismo plano el poder y la libertad, o si se quiere, la libertad y solidaridad como dos caras de la misma moneda. No es que, obviamente, sean conceptos idénticos. No. Son conceptos diversos, sí, pero complementarios. Es más, en el Estado social y democrático de Derecho son conceptos que deben plasmarse en la planta y esencia de todas y cada una de las instituciones y categorías del Derecho Administrativo.
Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, el artículo 27.3 constitucional reconoce el derecho a la educación como derecho fundamental y dispone, de acuerdo con la función promocional de los Poderes públicos que éstos “garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Este precepto que expresa la dimensión de la libertad educativa aplicada sobre los padres. Garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, siguiendo el artículo 9.2 de la Carta Magna, implica una disposición activa de los poderes públicos a facilitar la libertad y la igualdad. Es decir, se trata de que la Administración establezca las condiciones necesarias para que esta libertad de los padres se pueda realizar con la mayor amplitud posible, lo que contrasta, y no poco, con la actividad de cierta tecnoestructura que todavía piensa que el interés general es suyo, encomendando el ejercicio de dicha libertad a órganos administrativos con consignas obstruccionistas o restrictivas de este derecho fundamental. Promover, proteger, facilitar, garantizar o asegurar las libertades constituye, pues, la esencia de la tarea de los Poderes públicos en un Estado social y democrático de Derecho. Por ello, la actuación administrativa de los poderes públicos debe estar presidida por estos criterios.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre el principio de legalidad
El principio de legalidad, como se sabe, se denominó principio de juridicidad desde sus primeras enunciaciones. Sin embargo, el peso y el poso del positivismo que acompañó los primeros momentos del Derecho Administrativo olvidó la subordinación del poder público al resto del Ordenamiento jurídico, incluidos los principios generales. Los principios generales, especialmente los de racionalidad, buena fe, confianza legítima y proporcionalidad ayudan sobremanera a controlar jurídicamente la actividad administrativa desde una perspectiva material. Estos principios, por otra parte, garantizan que las normas y actos administrativos respiren el oxígeno, el aroma de la justicia, pues no podemos olvidar que las normas y los actos administrativos sólo se pueden entender en un Estado de Derecho en la medida en que, efectivamente, sean expresión de la justicia misma.
La alusión al Derecho que se realiza en el artículo 103 de la Constitución española hemos de interpretarla en el sentido de que el Ordenamiento a que puede someterse la Administración es tanto público como el privado. En realidad, y en principio, no hay mayor problema en que la Administración pueda actuar en cada caso de acuerdo con el Ordenamiento que mejor le permita conseguir sus objetivos constitucionales. En unos casos será el Derecho Administrativo, el Laboral o el Civil o Mercantil. Eso sí, hay un límite que no se puede sobrepasar sea cuál sea el Derecho elegido, el del pleno respeto al núcleo básico de lo público que siempre está ínsito en la utilización de fondos de tal naturaleza para cualesquiera actividades de interés general. Por eso, aunque nos encontremos en el reino del Derecho privado, la Sociedad pública o Ente instrumental de que se trate deberá cumplir con los principios de mérito y capacidad para la selección y promoción de su personal, así como con los principios de publicidad y concurrencia para la contratación.
La pretendida huida del Derecho Administrativo al Derecho Privado teóricamente ha sido, según espacios y tiempos, real. En todo caso, la necesidad de servir objetivamente los intereses generales también se puede hacer en otros contextos siempre que la Administración justifique racionalmente porqué en determinados casos acude al Ordenamiento privado. Otra cosa, sin embargo, es que en los últimos años, hoy especialmente, asistimos a una huida del Derecho mismo al intentarse por todos los medios reducir la Administración pública a simple canal de expresión de los objetivos de los poderes políticos y financieros. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Estado de bienestar estático y crisis
Mucho se ha hablado y escrito sobre la llamada crisis del Estado del bienestar y sobre la emergencia de la sociedad del bienestar. El diseño y ejecución del Estado del bienestar, especialmente en su versión estática, ha fracasado como intento de mejora de la calidad del bienestar general de los individuos pues se ancló en un tecnosistema estático y cerrado que no fue capaz de activar la fuerza de las iniciativas sociales. Más bien, las aherrojó, las dominó, en un intento de situar en la cúpula a esa tecnocracia y burocracia que todavía hoy se resiste a abandonar numerosos privilegios y prerrogativas de difícil justificación. Sin embargo, en su definición, el Estado del bienestar, debe reconocerse, trajo algo positivo: una mayor sensibilidad frente a los problemas y conflictos sociales.
La pasada por el intervencionismo, hoy en su apogeo ante la pandemia que estamos sufriendo, está minando las pocas terminales sociales genuinas que operan con criterios de bien social y no de dependencia política. Hoy, más que transferencias entre poderes públicos, lo que habría que hacer es potenciar las comunidades sociales que aportan al interés general y despolitizar una realidad que está secuestrada por una política que intenta controlarlo todo, y, sobre todo, por los presupuestos públicos. La emergencia del covid muestra con toda crudeza la orquestada operación de manipulación y control social que se intenta realizar en el menor tiempo posible.
En este contexto de crisis sin precedente, precisamos que aflore lo que algunos denominan sociedad del bienestar, desde la que se despierten esas energías latentes en la sociedad procedentes del dinamismo vital que surge del mundo real, de la vida misma, de la cotidianeidad espontánea. Ahora en plena crisis, en lugar de caer en manos de la burocracia pública debiéramos caminar hacia la activación de redes de solidaridades primarias y secundarias, para dotarlas de medios y competencias que hagan capaces de atender a indigentes, discapacitados, huérfanos o ancianos de una manera más humana.
En esta situaciones, los poderes públicos deben facilitar que la sociedad participe en la humanización de la atención a los marginados y excluidos. Se trata, nada menos que dar cumplimiento real al artículo 9.2 de la Constitución de 1978, que manda, como es bien sabido, promover las condiciones para la efectividad de la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran. Sin embargo, el tiempo es corto, la dominación colosal, y el temple cívico y la resistencia moral me temo que escasos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre la transparencia
Es probable que uno de los tópicos que más congresos, seminarios, reuniones, jornadas, libros, intervenciones o conferencias provoca en este tiempo sea la transparencia. Transparencia en los gobiernos, transparencia en las empresas, en las ONG, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en los sindicatos en los bancos, etc, etc, etc. Hoy nadie, me parece, se escapa a la exigencia de la transparencia. Sin embargo, sorprende la facilidad con la que se manipula, se miente, se maquilla, se engaña, se simula o se edulcora la realidad al servicio del poder, del dinero o de la notoriedad. La pandemia, así es, ha confirmado la real realidad. La transparencia para muchos es sencillamente un objeto decorativo, una extravagancia o, lo que es peor, una opción que se seguirá si resulta conveniente. Y si no lo es, no pasa nada porque como prácticamente no hay ya controles, nunca tiene consecuencias su desconocimiento o vulneración.
Esta amarga realidad forma parte de la gran contradicción en que está instalada desde hace tiempo la vieja Europa. Mucha retórica democrática, continuas apelaciones a la dignidad del ser humano y, por otro lado, una sistemática agresión a todo lo que no sea susceptible de valoración económica o política que, a la postre, sólo busca, como objetivo único, el mantenimiento y la conservación de la posición de mando al precio que sea. En España, lo vemos y experimentamos todos los días.
En este ambiente paradójico, empresas y gobiernos, compañías y administraciones públicas, buscan mejorar sus páginas webs, su información, con la sana intención de mostrar la realidad de la forma más fidedigna posible. Pero en realidad, lo que encontramos, salvo honrosas excepciones es: manipulación de datos, falseamiento de la realidad y, sobre todo, toneladas de propaganda. Pero nada pasa porque el grado de control y dominación social es cada vez más intenso. Y extenso.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Política democrática
Una de las principales características de la política que tanto añoramos es la capacidad de entendimiento entre las diferentes opciones partidarias con el fin de alcanzar el bienestar integral de los ciudadanos, un bienestar orientado a la mejora de las condiciones de vida de la gente. Así entendido, el entendimiento es una exigencia que la ciudadanía debe exigir a los dirigentes políticos para que extiendan su mirada sobre los problemas reales de las personas en lugar de consumirse en eternas diatribas cainitas que ya a nadie interesan fuera de los estrechos y cerrados ambientes del poder.
Hoy reclamos a los actores políticos y sociales, la disposición firme de búsqueda de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos, no solo a una parte por importante o relevante que esta sea. Por eso, hoy más que nunca es necesario que, en el ambiente de crispación impuesto desde la cúpula, brille la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables.
La política, es verdad, tiene mucho de confrontación de ideas, de contienda, de defensa de posiciones diversas. Se mantienen de ordinario diferentes puntos de vista sobre la forma de resolver los problemas colectivos. El arte y el oficio del buen gobierno centran la mirada sobre el conjunto de los ciudadanos, sin seguidismos parciales. Cuándo un partido gana las elecciones en una democracia, su programa electoral se amplia para ser capaz de pensar en todos los ciudadanos, sin sectarismos en el diseño e implementación de las políticas.
Normalmente, si el gobierno admite enmiendas de la oposición, o si la oposición felicita al gobierno por el acierto de alguna de sus decisiones, siempre habrá quienes piensen o afirmen que algo muy raro se está produciendo: que el gobierno nunca se equivoca, dicen unos; o que la oposición nunca puede dar la razón al gobierno, sentencian otros.
Más allá de las adhesiones inquebrantables o de las reyertas protagonizadas por quienes se mueven en los aledaños de los aparatos de los partidos, gobierno y oposición han de pensar en el conjunto de la ciudadanía, en el bienestar integral de las personas, en la mejora de sus condiciones de vida. Si esta consideración reclama el acuerdo, bienvenido sea, como también sería bienvenida la discrepancia cuándo se estime que el gobierno yerra o la oposición se echa al monte. Esperemos que en esta segunda oleada del coronavirus el entendimiento reine en la acción política, tanto en el gobierno como en la oposición. Nos va en ello mucho. Demasiado.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
Los años de la transición a la democracia en España
Con alguna frecuencia, estos días por ejemplo, unos y otros traen a colación, con ocasión de las más variadas cuestiones políticas, los años de la transición. Unos, entre los que me encuentro, para rememorarlos y recuperar el ambiente de aquel tiempo hoy cada vez más necesario ante la polarización creciente de la vida política en España. Otros, sencillamente para impugnar esa etapa de nuestra reciente historia con el objeto de estigmatizarla intentando sembrar, hoy especialmente, nada menos que el delito de genocidio, una acusación que debe ser respondida desde el derecho y, sobre todo, desde la realidad.
En efecto, en el marco de una profunda crisis política y económica sin precedente a causa del coronavirus, se vuelve la mirada a aquella época de nuestra historia precisamente a la búsqueda de acuerdos y de entendimiento entre los principales actores de la vida política, social y económica de nuestro país.
Pues bien, si tuviéramos la oportunidad de preguntar precisamente al primer presidente del gobierno de esos años, los años de la transición política, nos diría que fueron años difíciles, pero no exentos de ilusión y de pasión por la instauración del régimen político de libertades que encontraría en la Constitución de 1978 su principal señal de identidad.
En 2001 tuve el privilegio de que Adolfo Suárez escribiera el prólogo de mi libro “El espacio del centro”, prólogo en que el expresidente deja traslucir, años después, sus puntos de vista sobre los verdaderos protagonistas de aquellos tiempos, hoy lamentablemente cuestionados por los enemigos de la concordia, de la tolerancia, del pluralismo, de los valores que impregnan nuestra Carta Magna. Valores que hoy precisamos como agua de mayo para que la reconstrucción sea real y producto del esfuerzo colectivo.
Adolfo Suárez recuerda en su prólogo que durante los años de la transición era menester “arrojar por la borda el complejo de inferioridad y el miedo que en el inconsciente colectivo había creado una terrible y cruel guerra civil y cuarenta años de gobierno autoritario que mantenía a toda costa, como referencia vital permanente, la división entre los españoles y su confrontación ineluctable”. Pues bien, cuarenta y cuatro años después (2020), resulta que el entendimiento y el espíritu de acuerdo brillan por su ausencia entre los principales dirigentes políticos como se constata a diario.
Por entonces, 1976, Adolfo Suárez, así lo afirma, se aplicó a la tarea de “superar el mito de las dos Españas, siempre enemigas y permanentemente enfrentadas”. Para ello tuvo claro, muy claro, algo que hoy algunos lo han olvidado: que “en la realidad sólo existe una España. La España de todos, con las diversidades a las que había que dar cauce, con sus problemas, que debían solucionarse, pero que era –y es- sobre todo una obra común, un proyecto integrador que, entre todos, debíamos construir. Para ello todos debíamos aceptar nuestra historia, con sus aciertos y sus errores. Para aprender de los primeros y evitar los segundos”. Hermosas palabras que, afortunadamente, cuajaron en el trabajo de un puñado de hombres y mujeres que fueron capaces de anteponer a sus legítimos objetivos partidarios, el camino a una democracia moderna y a las libertades que hoy, a pesar de los pesares, aunque ahora con mayores limitaciones, todos disfrutamos.
Una de las claves del éxito de esa gran operación de concordia que fue la transición la explica el propio Suárez en el prólogo que estoy glosando en el artículo de hoy: “no debíamos permanecer más tiempo buscando a los culpables de nuestros errores históricos. Todos los españoles, de alguna manera, éramos responsables de los mismos. Lo importante era dar el salto hacia delante e instalarnos en el futuro como una democracia avanzada, basada en la centralidad de la persona humana y sus derechos”.
Hoy, sin embargo, cuánto echamos de menos políticas de entendimiento, de búsqueda de puntos de acuerdo, de respeto real a las legítimas diferencias. Por eso la transición a la democracia está, hoy, en estos días que algunos la cuestionan injustamente, de plena actualidad y marca el camino que debemos emprender para no estancarnos, para no volver a enfrentarnos, para no volver a las dos Españas, para, en una palabra, que se labore por esa España de todos, que es la real y por la que vale la pena trabajar.
En fin, en este ambiente de crisis general en el que entendimiento parece complicado, es conveniente reproducir las palabras de un hombre que se dejó la vida por la reconciliación entre los españoles: “para alcanzar esa meta, ese gran objetivo que definí como la devolución de la soberanía al pueblo español era necesario que todos y cada uno de los españoles consideráramos a los demás compatriotas, con sus diferentes ideas, convicciones, creencias, posiciones sociales y origen territorial no como “enemigos” sino como complementarios; es decir, como aquellos sin los cuales cualquier español no podría desarrollar su propia personalidad y satisfacer ampliamente sus necesidades. Ese descubrimiento, el “otro español” como complementario constituyó un hallazgo político esencial que era –y es- básico de nuestra convivencia democrática”.
Hoy, estas palabras deberían resonar de nuevo en el panorama social y político español para superar la grave crisis que atravesamos, producto, sobre todo, del peor virus existente, de ese virus que nos condena al atraso y a la confrontación: el virus del odio y del resentimiento. El antídoto: la búsqueda sincera y leal del entendimiento, de la concordia, del acuerdo. Un espíritu y un talante que hoy es más necesario que entonces.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y autor del libro editado por el centro de estudios políticos y constitucionales en 2001, El espacio del centro, prologado por Adolfo Suárez.
Un nuevo Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo, bien lo saben los que se dedican cotidianamente e su estudio e investigación, está en constante transformación. Por un lado, porque hunde sus raíces en la realidad, cambiante y dinámica por definición, y por otro, porque permanentemente ha de estar buscando las categorías e instituciones más apropiadas para la ordenación racional del interés general en un marco de defensa, protección y promoción de la dignidad humana.
En este sentido, el Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público en continua evolución que, sin embargo, presenta un común denominador que siempre lo caracteriza, que siempre lo singulariza, y al que siempre debe estar ordenado: el servicio objetivo al interés general.
Hoy, en una época de grave crisis general, política, económica, social y cultural, en plena pandemia, el Derecho Administrativo también se encuentra ante una encrucijada. Hay quienes quieren convertirlo en el expediente que justifique las tropelías de los poderes financieros y hay quienes quisieran doblegarlo para hacer buenas sus aspiraciones de perpetuación en el poder político. Sin embargo, el camino de este magnífico instrumento de civiltá como lo denominó Giannini es bien otro. A través de sus técnicas y categorías está llamado a articular y diseñar un espacio de servicio objetivo al interés general a través del cual se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de los desfavorecidos, de los excluidos, de los que no tienen voz, de los más pobres de este mundo.
Precisamente en estos momentos, el Derecho Administrativo vuelve a estar de palpitante y rabiosa actualidad porque forma parte del destino de los hombres que aspiran al progreso de sus sociedades, porque es un producto cultural, porque es una rama del Derecho y, como tal, aspira a construir espacios de racionalidad profundamente humana. Nos guste más o menos, la intervención pública, siempre de actualidad también, puede ordenarse a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos o a satisfacer las ansias de poder y privilegios de determinados grupos que aspiran al control social, hoy como antes porque se trata de un fenómeno tan antiguo como el hombre mismo.
Por ello, precisamos una aproximación a una nueva forma de entender el Derecho Administrativo, liberada de prejuicios y clichés del pasado, que tiene su eje central en un concepto más humano y racional del interés general, inscrito en la realidad y en permanente exigencia de argumentación.
El Derecho Administrativo, en la medida que es el Derecho del Poder público para la libertad solidaria de las personas o, por mejor escribir, el Derecho que ordena racionalmente los asuntos de interés general de acuerdo con la justicia se nos presenta en este convulso tiempo como un Ordenamiento desde el que comprender mejor el alcance de las actividades tradicionales de los Poderes públicos de limitación, de ordenación, de fomento y de servicio público. Además, la dimensión global de la crisis aconseja construir un Derecho Administrativo global conectado con el Estado social y democrático de Derecho. Igualmente, la perspectiva dinámica del Estado de Bienestar, tan ligada al Derecho Administrativo, reclama hoy nuevas maneras de entender las categorías tradicionales de nuestra disciplina. Del mismo modo, el aspecto ético nos invita a pensar que esta consideración tan ligada al Derecho no puede quedar al margen de lo jurídico como si Derecho y Moral fueran fenómenos paralelos. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Un nuevo Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo, bien lo saben los que se dedican cotidianamente e su estudio e investigación, está en constante transformación. Por un lado, porque hunde sus raíces en la realidad, cambiante y dinámica por definición, y por otro, porque permanentemente ha de estar buscando las categorías e instituciones más apropiadas para la ordenación racional del interés general en un marco de defensa, protección y promoción de la dignidad humana.
En este sentido, el Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público en continua evolución que, sin embargo, presenta un común denominador que siempre lo caracteriza, que siempre lo singulariza, y al que siempre debe estar ordenado: el servicio objetivo al interés general.
Hoy, en una época de grave crisis general, política, económica, social y cultural, en plena pandemia, el Derecho Administrativo también se encuentra ante una encrucijada. Hay quienes quieren convertirlo en el expediente que justifique las tropelías de los poderes financieros y hay quienes quisieran doblegarlo para hacer buenas sus aspiraciones de perpetuación en el poder político. Sin embargo, el camino de este magnífico instrumento de civiltá como lo denominó Giannini es bien otro. A través de sus técnicas y categorías está llamado a articular y diseñar un espacio de servicio objetivo al interés general a través del cual se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de los desfavorecidos, de los excluidos, de los que no tienen voz, de los más pobres de este mundo.
Precisamente en estos momentos, el Derecho Administrativo vuelve a estar de palpitante y rabiosa actualidad porque forma parte del destino de los hombres que aspiran al progreso de sus sociedades, porque es un producto cultural, porque es una rama del Derecho y, como tal, aspira a construir espacios de racionalidad profundamente humana. Nos guste más o menos, la intervención pública, siempre de actualidad también, puede ordenarse a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos o a satisfacer las ansias de poder y privilegios de determinados grupos que aspiran al control social, hoy como antes porque se trata de un fenómeno tan antiguo como el hombre mismo.
Por ello, precisamos una aproximación a una nueva forma de entender el Derecho Administrativo, liberada de prejuicios y clichés del pasado, que tiene su eje central en un concepto más humano y racional del interés general, inscrito en la realidad y en permanente exigencia de argumentación.
El Derecho Administrativo, en la medida que es el Derecho del Poder público para la libertad solidaria de las personas o, por mejor escribir, el Derecho que ordena racionalmente los asuntos de interés general de acuerdo con la justicia se nos presenta en este convulso tiempo como un Ordenamiento desde el que comprender mejor el alcance de las actividades tradicionales de los Poderes públicos de limitación, de ordenación, de fomento y de servicio público. Además, la dimensión global de la crisis aconseja construir un Derecho Administrativo global conectado con el Estado social y democrático de Derecho. Igualmente, la perspectiva dinámica del Estado de Bienestar, tan ligada al Derecho Administrativo, reclama hoy nuevas maneras de entender las categorías tradicionales de nuestra disciplina. Del mismo modo, el aspecto ético nos invita a pensar que esta consideración tan ligada al Derecho no puede quedar al margen de lo jurídico como si Derecho y Moral fueran fenómenos paralelos. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Derecho Administrativo y Constitución
El Derecho Administrativo es, en el tiempo en que vivimos, una rama del Derecho Público que partiendo de la Norma Fundamental aspira a la realización efectiva del modelo del Estado social y democrático de Derecho que hoy caracteriza la forma de Estado dominante en el planeta. Desde sus orígenes, el Derecho Administrativo se nos presenta dependiente del interés general, de aquellos asuntos supraindividuales que a todos afectan por ser comunes a la condición humana y que reclaman una gestión y administración equitativa y que satisfaga las necesidades colectivas en un marco de racionalidad y de justicia.
El Derecho Administrativo en sentido estricto, especialmente a partir de la Revolución francesa, surge como un Derecho autoritario sobre la base del acto administrativo y sus principios atributos: ejecutividad y ejecutoriedad, propiedades inherentes a la actuación administrativa que se entienden desde ese tiempo, en buena parte hasta nuestros días, en clave de privilegio y prerrogativa.
Eran tiempos en los que la legalidad administrativa procedente del Estado liberal de Derecho era la guía y el norte de la actuación administrativa. La Administración solo podía hacer única y exclusivamente aquello que establecía la ley –vinculación positiva- o, vinculación negativa, o sólo podía desarrollar su actividad siempre que no estuviera prohibida por la ley. En este contexto, los derechos fundamentales de la persona eran los de libertad, los tradicionales civiles y políticos, ante los cuales el Estado no tenía más remedio que la abstención y la no interferencia. Por cierto, los derechos civiles y políticos nacieron, es fuerza reconocerlo, anclados a una determinada manera de comprender el derecho de propiedad y, sobre todo, a una determinada clase social, la burguesía, que precisaba de instrumentos de conservación y mantenimiento del poder para afirmar su posición en la vida social de aquel tiempo como gráficamente se deducía de la conformación sociológica de las primeras Asambleas parlamentarias de la República francesa.
El paso del tiempo contribuyó, especialmente a raíz de la industrialización y el éxodo masivo de la población del campo a la ciudad, con las consiguientes limitaciones y dificultades laborales de esa etapa histórica, a que creciera la conciencia social del Estado y a que esté considerara que debía no solo defender y proteger los derechos fundamentales puramente individuales, sino que también, y de modo central, debía promover las condiciones que hicieran posible el libre y solidario desarrollo de la persona. Aparece el Estado social de Derecho en el que la solidaridad es también una función del Estado. Más tarde, la participación social se presentó como una condición inexcusable para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y a la caracterización social del Estado se agrega su condición democrática. En este contexto, la Constitución sustituye a la legalidad administrativa como la principal fuente del Derecho y comienza tímidamente un proceso en el que la Administración pública, más allá de esa legalidad administrativa, positiva o negativa, se compromete con la realización de los valores y objetivos constitucionales, especialmente de los postulados del Estado social y democrático de Derecho en la cotidianeidad a través, sobre todo, de la acción del complejo Gobierno-Administración pública.
Una acción que, en términos generales, especialmente en este tiempo de pandemia, debe recuperar su textura democrática y atender esencialmente a servir objetivamente al interés general, no a destruir al adversario, no a excluir ni a dividir o fragmentar a la sociedad. Cuando así se procede, a la vista está, se baten los records de la negligencia, la ineptitud y la mala gestión porque no importan las personas, sino el dominio de las estructuras.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Buena administración en emergencias sanitarias
La calidad de una Administración se pone de manifiesto, especialmente, en las situaciones críticas, en los momentos de mayor adversidad. El barco, cuando hay tempestad, debe tener un buen capitán, que sepa orientar el timón a puerto seguro. Para eso, todos los estamentos del barco, mandos, tripulantes, marinería y pasajeros, deben colaborar cumpliendo cada uno con la tarea que le corresponde.
Hoy, en un momento especialmente grave para el devenir de España, parece que el entendimiento y la colaboración entre partidos políticos, empresarios, sindicatos, comunidades científicas, colegios profesionales y demás instituciones de la sociedad civil, debería concentrarse única y exclusivamente en el objetivo común: curar a los enfermos del virus y detener cuanto antes esta maldita epidemia que tanto dolor siembra entre nosotros. Lo demás debe ser secundario y orientado a ello. Todos debemos colaborar y dejar a un lado nuestras diferencias pues, de lo contrario, tardaremos más en salir de la crisis y los daños se ampliarán en todos los sentidos.
En este sentido, una buena Administración en una democracia, como puede leerse en la literatura especializada, es una Administración que resuelve los asuntos relativos al interés general teniendo en cuenta los dictámenes especializados de los mejores científicos disponibles, convocados por razones de reputación profesional a quienes hay que dejar trabajar en libertad sin presiones ni interferencias.
Una buena Administración debe actuar con previsión y precaución, evitando que los riesgos se consoliden y, por supuesto, prohibiendo cualquier actividad que pudiera ampliar o multiplicar las posibilidades de infección.
Una buena Administración en tiempos de emergencia compra bienes y servicios para la protección de la población, especialmente de los médicos y profesionales sanitarios con eficacia, eficiencia, de forma transparente y comprobando la calidad y utilidad de los bienes o servicios objetos de la contratación.
Una buena Administración, también y, sobre todo, en tiempos de emergencia sanitaria, respeta, promueve y protege las libertades ciudadanas, maximizando el pluralismo y promoviendo una sana crítica.
Una buena Administración en tiempos de pandemia se somete completamente al control judicial y rinde cuenta de sus actuaciones facilitando una información veraz y completa.
Una buena Administración responde de sus acciones y omisiones, especialmente en materia de protección de las libertades, del ejercicio de la potestad sancionadora, de las compras públicas o del uso de la potestad normativa durante el tiempo de la emergencia sanitaria.
Una buena Administración en tiempos de excepcionalidad elabora normas con claridad y certidumbre en el marco del principio de seguridad jurídica, regulando exclusivamente, para el tiempo que dure la pandemia, las cuestiones necesarias para combatir eficazmente la epidemia y paliar sus consecuencias sociales y económicas.
Una buena Administración en la excepcionalidad usa los poderes especiales de que dispone con mesura, proporción, justificando en cada caso, con elevados estándares, las decisiones que se adoptan pues cuanto mayor y más intensa es la discrecionalidad, mayor y más extensa es la obligación de su motivación.
Hoy, en España, quien quiera ver la real realidad, no la que fabrican las terminales de la propaganda, sabe perfectamente lo que está pasando. En el extranjero se reconoce sin mayores problemas mientras que aquí se retrasa el acuerdo y el consenso, por lo que debemos recordar la máxima de Dahlmann: en todas las empresas humanas, si existe acuerdo en relación al fin, la posibilidad de realizarlas es cosa secundaria”
Por eso es urgente y un acuerdo libre de versiones tecnoestructurales y que nos pongamos a remar todos en la misma dirección. Como dice un proverbio portugués, que nuestros hermanos vecinos parecen tener muy claro en este momento, y que les está reportando grandes resultados en la lucha contra la pandemia: “el valor crea vencedores, la concordia crea invencibles”. Quien siembra y cultiva concordia, ordinariamente la obtiene, pero quien cree que la concordia se impone o exige, no ha entendido nada. Nada.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana