Los años de la transición a la democracia en España
Con alguna frecuencia, estos días por ejemplo, unos y otros traen a colación, con ocasión de las más variadas cuestiones políticas, los años de la transición. Unos, entre los que me encuentro, para rememorarlos y recuperar el ambiente de aquel tiempo hoy cada vez más necesario ante la polarización creciente de la vida política en España. Otros, sencillamente para impugnar ese etapa de nuestra reciente historia con el objeto de estigmatizarla intentando sembrar, hoy especialmente, nada menos que el delito de genocidio, una acusación que debe ser respondida desde el derecho y, sobre todo, desde la realidad.
En efecto, en el marco de una profunda crisis política y económica sin precedente a causa del coronavirus, se vuelve la mirada a aquella época de nuestra historia precisamente a la búsqueda de acuerdos y de entendimiento entre los principales actores de la vida política, social y económica de nuestro país.
Pues bien, si tuviéramos la oportunidad de preguntar precisamente al primer presidente del gobierno de esos años, los años de la transición política, nos diría que fueron años difíciles, pero no exentos de ilusión y de pasión por la instauración del régimen político de libertades que encontraría en la Constitución de 1978 su principal señal de identidad.
En 2001 tuve el privilegio de que Adolfo Suárez escribiera el prólogo de mi libro “El espacio del centro”, prólogo en que el expresidente deja traslucir, años después, sus puntos de vista sobre los verdaderos protagonistas de aquellos tiempos, hoy lamentablemente cuestionados por los enemigos de la concordia, de la tolerancia, del pluralismo, de los valores que impregnan nuestra Carta Magna. Valores que hoy precisamos como agua de mayo para que la reconstrucción sea real y producto del esfuerzo colectivo.
Adolfo Suárez recuerda en su prólogo que durante los años de la transición era menester “arrojar por la borda el complejo de inferioridad y el miedo que en el inconsciente colectivo había creado una terrible y cruel guerra civil y cuarenta años de gobierno autoritario que mantenía a toda costa, como referencia vital permanente, la división entre los españoles y su confrontación ineluctable”. Pues bien, cuarenta y cuatro años después (2020), resulta que el entendimiento y el espíritu de acuerdo brillan por su ausencia entre los principales dirigentes políticos como se constata a diario.
Por entonces, 1976, Adolfo Suárez, así lo afirma, se aplicó a la tarea de “superar el mito de las dos Españas, siempre enemigas y permanentemente enfrentadas”. Para ello tuvo claro, muy claro, algo que hoy algunos lo han olvidado: que “en la realidad sólo existe una España. La España de todos, con las diversidades a las que había que dar cauce, con sus problemas, que debían solucionarse, pero que era –y es- sobre todo una obra común, un proyecto integrador que, entre todos, debíamos construir. Para ello todos debíamos aceptar nuestra historia, con sus aciertos y sus errores. Para aprender de los primeros y evitar los segundos”. Hermosas palabras que, afortunadamente, cuajaron en el trabajo de un puñado de hombres y mujeres que fueron capaces de anteponer a sus legítimos objetivos partidarios, el camino a una democracia moderna y a las libertades que hoy, a pesar de los pesares, aunque ahora con mayores limitaciones, todos disfrutamos.
Una de las claves del éxito de esa gran operación de concordia que fue la transición la explica el propio Suárez en el prólogo que estoy glosando en el artículo de hoy: “no debíamos permanecer más tiempo buscando a los culpables de nuestro errores históricos. Todos los españoles, de alguna manera, éramos responsables de los mismos. Lo importante era dar el salto hacia delante e instalarnos en el futuro como una democracia avanzada, basada en la divinidad de la persona humana y sus derechos”.
Hoy, sin embargo, cuánto echamos de menos políticas de entendimiento, de búsqueda de puntos de acuerdo, de respeto real a las legítimas diferencias. Por eso la transición a la democracia está, hoy, en estos días que algunos la cuestionan injustamente, de plena actualidad y marca el camino que debemos emprender para no estancarnos, para no volver a enfrentarnos, para no volver a las dos Españas, para, en una palabra, que se labore por esa España de todos, que es la real y por la que vale la pena trabajar.
En fin, en este ambiente de crisis general en el que entendimiento parece complicado, es conveniente reproducir las palabras de un hombre que se dejó la vida por la reconciliación entre los españoles: “para alcanzar esa meta, ese gran objetivo que definí como la devolución de la soberanía al pueblo español era necesario que todos y cada uno de los españoles consideráramos a los demás compatriotas, con sus diferentes ideas, convicciones, creencias, posiciones sociales y origen territorial no como “enemigos” sino como complementarios; es decir, como aquellos sin los cuales cualquier español no podría desarrollar su propia personalidad y satisfacer ampliamente sus necesidades. Ese descubrimiento, el “otro español” como complementario constituyó un hallazgo político esencial que era –y es- básico de nuestra convivencia democrática”.
Hoy, estas palabras deberían resonar de nuevo en el panorama social y político español para superar la grave crisis que atravesamos, producto, sobre todo, del peor virusexistente, de ese virus que nos condena al atraso y a la confrontación: el virus del odio y del resentimiento. El antídoto: la búsqueda sincera y leal del entendimiento, de la concordia, del acuerdo. Un espíritu y un talante que hoy es más necesario que entonces.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y autor del libro editado por el centro de estudios políticos y constitucionales en 2001, El espacio del centro, prologado por Adolfo Suárez.
Regulación global
Reclamar una digna regulación global, especialmente en tiempos de pandemia, es solicitar una mejor tarea de prevención de los riesgos de cualquier naturaleza: sanitarios, climáticos, financieros, agrarios, pesqueros, ganaderos, industriales…. una más adecuada supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco, o casi nada podrá hacerse en esta línea. Los principios generales del Derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización o desprivatización del interés general.
Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. De lo que se trata probablemente es de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Algo que, por lo que se ve, todavía no ha sido bien asumido pues de nuevo volvemos a una nueva crisis a la que aplicamos viejos soluciones, viejas formas de manipulación y propaganda. Todo por culpa de esa ideologitis que impide ver la realidad, aprender de las propuestas inteligentes de los adversarios, tender puentes y, sobre todo, concitar entendimiento y unidad para entre todos salir adelante. Algo que solo entienden los estadistas, no una cuadrilla de ineptos y mediocres como los que en tantas latitudes tienen a su cargo nada menos, pobres ciudadanos, que salvar vidas humanas y proteger a los más débiles y desvalidos.
Cuando se habla de globalización, de internacionalización o mundialización se pretende reflejar una característica elemental de la naturaleza de las relaciones actuales que está transformando la realidad desde hace tiempo. Sin embargo, la globalización más importante es la de las mentes de las personas, en muchos casos atrapadas en la esclavitud de la obsesión del pesamiento único, de la verticalidad y del oficialismo.
La pandemia del coronavirus es una cuestión global que afecta a toda la humanidad. Una pandemia que debería ser combatida con los estándares más elevados de la gobernanza global. Sin embargo, salvo excepciones, estamos contemplando la clamorosa ausencia de previsión de la epidemia en muchos países por parte de la Autoridad sanitaria. Estamos sorprendidos ante la ineptitud, negligencia e incompetencia en la gestión pública por parte de quienes están al frente de tantos gobiernos.
Por eso, precisamos normas globales que definan altos patrones y estándares de buen gobierno, especialmente en situaciones de crisis. No puede ser que por un mal gobierno o por una mala administración en estas situaciones mueran más personas. Lo que estamos contemplando en tiempo real en tantos países, en el nuestro de forma alarmante, no puede volver a pasar. De ninguna manera. Es una pena, pero donde haya jueces independientes, la responsabilidad penal y administrativa será la consecuencia lógica de tanto desmán, de tanta negligencia.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre el Estado de Derecho
La matriz cultural y política que conocemos como Estado de Derecho conforma y constituye una poderosa luz que ayuda sobremanera a comprender el alcance del sistema normativo. Vaya por delante que Estado de Derecho y democracia son dos caras de la misma moneda y que cuando tratamos de proyectar el sentido del Estado de Derecho no podemos olvidar, de ninguna manera, que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y por sobre todo, la soberanía del pueblo y la dignidad del ser humano han de estar siempre presentes.
Efectivamente, el Estado de Derecho parte de un aserto fundamental: el ser humano, por el carácter absoluto que tiene su dignidad, porque es un fin y no un medio como gustaba decir a Kant, se yergue y se alza omnipotente ante cualquier intento del poder de imponer la arbitrariedad o la injusticia. Si así no fuera, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona sería una quimera, un sueño o, por mejor decir, un instrumento susceptible de uso alternativo por el poder en cualquier momento.
El Estado de Derecho, como bien sabemos, descansa sobre un trípode: el principio de juridicidad, el principio de separación de poderes y el reconocimiento de una serie de derechos que son inherentes al ser humano. Estos derechos, calificados primero como naturales y como humanos más tarde, son reconocidos por el Ordenamiento porque son de titularidad del ser humano. La Constitución, o el poder político, no los crean. Los derechos humanos no son entregas de la Constitución o de los políticos a los habitantes. De ninguna manera, conforman lo más íntimo y sagrado de la condición humana y, por eso, han de ser respetados y, también, como consecuencia de la cláusula de Estado social, promovidos por los poderes públicos que deberán, igualmente, impedir la existencia de obstáculos a su despliegue y real ejercicio por los habitantes.
El principio de juridicidad, expresión en la que se integra el principio de legalidad, supone, ni más ni menos, que los actos y normas, inactividades, silencios u omisiones del poder público, sea legislativo, ejecutivo o judicial, están plena, total y absolutamente sometidos al control de la ley y del derecho. En el Estado de Derecho no hay actos o normas irrecurribles. No hay en el Estado de Derecho actos y normas del poder público irresistibles. Incluso los actos llamados de gobierno en los que existe una obvia función de “dirección política” siempre se podrán controlar los actos reglados en ellos existentes, incluido entre ellos la finalidad de interés general que ha de presidir cualquier expresión normativa del poder público.
En este contexto quisiera traer a colación una reflexión de León Duguit realizada en su libro Las transformaciones del Derecho Público. Duguit censura el dogma de la irresponsabilidad del Estado por considerar que la idea de que el Derecho del Estado es la expresión misma de la voluntad general, que no tiene límites ni puede errar por ser absoluta es una falacia. Con solo comprobar la realidad de los daños que producen, con cierta regularidad, los servicios públicos y cierto tipo de normas de Derecho Público, entendemos que tal aserto haya de ser rebatido. En el mismo sentido, la doctrina que hasta no hace mucho exceptuaba de control judicial los actos administrativos discrecionales, ha tenido que ser abandonada en muchos sistemas normativos porque en el modelo del Estado de Derecho la irrecurribilidad no es posible. La irrecurribilidad es propia del Estado absoluto, de la concentración del poder, o de los modelos en los que el poder judicial no es más que la “longa manus” del poder ejecutivo.
En este sentido, no puede haber en el Estado de Derecho actos del poder ni irrecurribles, ni irresponsables, ni irresistibles, ya que, en esencia, el Derecho Público asegura la adecuación de las actuaciones públicas a la Ley y al Derecho. Es más, el Derecho Administrativo, que surge como categoría científica, según Giannini, en la Revolución francesa, se nos presenta como instrumento de civilidad, como garantía de que no existirá ni impunidad ni elusión del control. Es más, el tránsito del Antiguo Régimen al Estado constitucional se produce sustituyendo la subjetividad como categoría básico de ejercicio del poder por la objetividad. Del puro arbitrio, de la pura voluntad de poder, de los “arcana imperii”, pasamos a un poder objetivo, que sólo puede operar en virtud de normas y procedimientos establecidos y que debe, en todo momento y circunstancia, expresar razones y argumentos de las decisiones que produce.
En el Estado de Derecho, pues, la razón cobra un significado especial. Un significado especial que trae causa, desde luego, de esa magnífica definición de Ley que debemos a Tomás de Aquino en la que se nos dice que esta Norma jurídica es la ordenación de la razón por quien tiene a su cargo la comunidad de acuerdo con el bien común. Cuando la razón, junto a la justicia, son los dos valores que presiden la producción de las fuentes del Derecho, no hay problema alguno con los espacios de irresponsabilidad, irrecurribilidad o irresistibilidad. El gran problema, el gran cisma se produce cuándo Hobbes nos alerta de que lo esencial a la ley no es la razón sino la voluntad, la autoridad. A partir de ahí, pues, comienza a extenderse como la pólvora una versión de la Ley y de las Normas jurídicas de carácter unilateral. La Ley es un instrumento de dominación, una forma de asegurar el poder, una manera de envolver el poder de quien manda. Si a esta concepción de la Ley unimos la perspectiva profundamente inmoral de Maquiavelo, nos hallamos ante un panorama bien lamentable en el que la ley se convierte en la forma de mantener, como sea, el poder, o de conservarlo el mayor tiempo posible.
Hoy, en este tiempo de coronavirus, ante el acecho del totalitarismo, nos convendría recordar la relevancia del Estado de Derecho, del Estado material de Derecho, y no quedarnos en expresiones formales y procedimentales que no son más que el instrumento del autoritarismo para alcanzar el poder y no soltarlo. De Nuevo, la realidad lo demuestar con toda claridad.
Jaime Rodríguez-Arana
@jordriguezarana
Equilibrio y política
El sentido del equilibrio en la acción política democrática conduce a tener presente no a un sector, a un segmento de la población, a un grupo, por muy mayoritario que fuese, de ciudadanos, sino a la sociedad en su conjunto, en todas sus dimensiones. Se trata de gobernar, de legislar, para todos, contando con los intereses y las necesidades de todos, y también y sobre todo con las de los que no las expresan, por cuanto entre ellos se encuentran posiblemente los que tienen más escasez de medios o menos sensibilidad para sentir como propios los asuntos que son de todos. Hoy, lamentablemente, esta perspectiva del equilibrio brilla por su ausencia en las principales manifestaciones de la política entre nosotros como bien sabemos y experimentamos a diario.
El equilibrio político es una exigencia y una condición de las nuevas políticas, hoy todavía pendientes a pesar de su anuncio a bombo y platillo no hace tanto tiempo. El político, la política, no está comprometido con un segmento, ni con una mayoría por amplia que fuese, sino que lo está con todos, aunque la base social que constituye su soporte serán necesariamente los sectores más dinámicos, activos y creativos del cuerpo social. El sentir social, la conciencia social, debe ser un elemento de primer orden en la consideración de la política democrática, si realmente se admite que la ciudadanía es el elemento fundamental en la articulación de la vida política.
En efecto, el sentir social forma parte de las condiciones objetivas, porque es un factor que actúa realmente, que gravita sobre las situaciones reales, y debe ser tenido en cuenta en su valoración. Por ello, la acción política debe tener muy en cuenta la opinión pública. Sería suicida, pero sobre todo sería inadecuado e injusto, actuar de espaldas a ella. Sin embargo, la acción política democrática no puede plantearse como un seguidismo esclavizado de esa opinión por más que hoy aparezca como canon único de la orientación de las decisiones que se adoptan. Probablemente por eso, nos va como nos va, porque faltan convicciones firmes y, sobre todo, valentía y pedagogía, mucha pedagogía política.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La pandemia, una cuestión global (II)
Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. De lo que se trata probablemente es de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Algo que, por lo que se ve, todavía no ha sido bien asumido pues de nuevo volvemos a una nueva crisis a la que aplicamos viejos soluciones, viejas formas de manipulación y propaganda. Todo por culpa de esa ideologitis que impide ver la realidad, dejarse ayudar incluso por los adversarios, tender puentes y, sobre todo, concitar entendimiento y unidad para entre todos salir adelante. Algo que solo entienden los estadistas, no una cuadrilla de ineptos y mediocres como los que en tantas latitudes tienen a su cargo nada menos que salvar vidas humanas y proteger a los más débiles y desvalidos.
Cuando se habla de globalización, de internacionalización o mundialización se pretende reflejar una característica elemental de la naturaleza de las relaciones actuales que está transformando la realidad desde hace tiempo. Sin embargo, la globalización más importante es la de las mentes de las personas, en muchos casos atrapadas en la esclavitud de la obsesión del pensamiento único, de la verticalidad y del oficialismo.
Hoy, en este tiempo de emergencia, de crisis global por la pandemia, entendemos con una luz nueva que decisivo para vivir con dignidad en estos tiempos es cultivar la mentalidad abierta y esa capacidad para “ver” personas, para proteger y defender a los seres humanos en los diferentes campos del trabajo moderno. De lo contrario, la globalización podría traer consigo una de las más insoportables dictaduras jamás sospechada: el uso de las personas al servicio de esa ideología que tanto daño hace, usar y tirar a las personas en función de las necesidades de las tecnoestructuras, también de las partidarias.
La pandemia del coronavirus es una cuestión global que afecta a toda la humanidad. Una pandemia que debería ser combatida con los estándares más elevados de la gobernanza global. Sin embargo, salvo excepciones, estamos contemplando la clamorosa ausencia de previsión de la epidemia en muchos países por parte de la Autoridad sanitaria, estamos sorprendidos ante la ineptitud, negligencia e incompetencia en la gestión pública por parte de quienes están al frente de tantos gobiernos.
Por eso, precisamos normas globales que definan altos patrones y estándares de buen gobierno, especialmente en situaciones de crisis. No puede ser que por un mal gobierno o por una mala administración en estas situaciones mueran más personas. Lo que estamos contemplando en tiempo real en tantos países, en el nuestro de forma alarmante, no puede volver a pasar. De ninguna manera. Es una pena, pero donde haya jueces independientes, la responsabilidad penal y administrativa sera la consecuencia lógica de tanto desmán, de tanta negligencia.
Esta crítica situación por la que atravesamos subraya que lo realmente importante es construir un sistema de globalización dónde la sensibilidad humana sea un elemento esencial. O si, se quiere, que globalización y humanismo vayan de la mano, como si fueran las dos caras de un mismo fenómeno, como si fueran las dos caras de una misma moneda. Algo que, la menos hasta ahora, ha brillado por su ausencia y que ójala una vez que superemos la pandemia se instale de verdad entre nosotros.
La crisis del COVID-19, mal que nos pese, certifica que la vieja y enferma Europa, hoy una amarga realidad, o resurge de sus cenizas o dejará de existir al menos como ese magnífico proyecto cultural y político que, a través de la economía, aspira una integración en los principios de una civilización humanista.
El viejo continente, que en otros tiempos asumió una función de liderazgo mundial en asuntos de tanta enjundia como la centralidad de la dignidad de la persona y la lucha por los derechos humanos, hoy languidece lentamente, impotente y sin temple moral tal y como contemplamos a diario en los medios de comunicación. ¿Dónde quedaron aquellas grandes aventuras del pensamiento, de la justicia y de la solidaridad que conformaron indeleblemente la identidad europea? Ahora, la supremacía de lo económico y lo financiero amenaza, y de qué manera, lo constatamos a diario, ese magnífico proyecto cultural y político forjado entre el pensamiento griego, el derecho de Roma y la solidaridad de matriz cristiana. En realidad, la pandemia que sufrimos en este tiempo ha caído como un mazazo sobre un proyecto que se había desviado de su rumbo tiempo atrás.
El COVID-19 ha asestado un duro golpe al proyecto europeo. No para noquearlo. Sí para abrir un proceso de reflexión serio sobre lo que es Europa, lo que debe ser y en lo que se ha convertido. ¿Serán capaces los actuales dirigentes de comprenderlo?.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
El diálogo
El diálogo como medio es una de las principales expresiones de la vida democrática. En efecto, la disposición al diálogo no debe ser sólo una actitud, sino que el diálogo, como actitud socialmente generalizada, debe ser un objetivo político de primer orden. Una sociedad democrática no es tanto una sociedad que vota, ni una sociedad partidista, con ser estos elementos factores vertebradores fundamentales en una democracia. Una sociedad democrática es ante todo una sociedad en la que se habla abiertamente, en la que se hace un ejercicio público de la racionalidad, en la que las visiones del mundo y los intereses individuales y de grupo se enriquecen mutuamente mediante el intercambio dialógico.
El diálogo auténtico entraña un enriquecimiento de la vida social y una auténtica integración, pues el diálogo supone la transformación de la tolerancia negativa, el mero soportar o aguantar al otro, al distinto, en tolerancia positiva, que significa apreciar al otro en cuanto que no nos limitamos simplemente a existir a su lado, sino que coexistimos con él. Por eso, el día en que asumamos que podemos aprender de los adversarios y viceversa, habremos emprendido un camino que vale la pena transitar. Y que lleva muy lejos. Ya lo creo.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La pandemia: una cuestión global (I)
Ulrich Beck, conocido sociólogo alemán que nos dejó en enero de 2015 tras haber dedicado toda una vida al pensamiento social como eminente sociólogo que fue y que es, hoy está de rabiosa y palpitante actualidad. La democracia global fue uno de sus temas preferidos y nos alertó en reiteradas ocasiones acerca de los riesgos del éxito de lo que denominaba democratismo, así como de la internacionalización y globalización de ciertas realidades.
Hoy, en tiempos de emergencia a causa de la epidemia por COVID-19, muchas de sus ideas y apreciaciones, sobre todo en relación con la sociedad de los riesgos, se confirman lamentablemente a juzgar por la incidencia que está teniendo en todo el mundo el coronavirus. También, por su puesto, está muy presente entre nosotros su temor a la ausencia de regulación global efectiva en el plano económico y financiero, hoy una lacerante realidad a la vista del deficiente acceso existente al mercado mundial de productos de protección sanitaria frente a la pandemia especialmente cuando estalló la pandemia.
La crisis global en tiempos de emergencia, provocada por la pandemia del coronavirus, afecta sobre manera al Derecho Administrativo y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación global y sobre la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal. No es suficiente ya la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales para atender o resolver ciertos problemas supranacionales. Ha llegado el momento de responder globalmente ante una crisis que es global. Para ello es menester caer en la cuenta de que los Ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de Derecho brillen con luz propia. En otras palabras, los estándares de lo que es un buen gobierno deben quedar esculpidos normativamente a nivel global para que una Autoridad Global, con amparo en una Constitución Global controlada por un Poder Judicial Global, pueda actuar para evitar las lacerantes lesiones a la dignidad de las personas, en especial a los mayores y con graves patologías, tal y como comprobamos estos días en diferentes latitudes.
Pedir regulación global es reclamar una mejor y de más calidad tarea de prevención de los riesgos de cualquier naturaleza: sanitarios, climáticos, financieros, agrarios, pesqueros, ganaderos, industriales…. una más adecuada supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios generales del Derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.
Jaime Rodríguez-Arana
El Estado de Derecho en este tiempo
El Estado de Derecho es un matriz política que supone que el Derecho está por encima de las personas, que la razón prima sobre la voluntad. Que la materia, los valores, inspiran las formas jurídicas. Sin embargo, frente al Estado de Derecho puramente formal y procedimental que domina muchos de nuestros sistemas políticos, precisamos con claridad, a nivel global, un democracia de calidad capaz de superponerse a las ideologías cerradas que siembran odio y resentimiento por doquier. Frente al capitalismo salvaje que en tantas latitudes solo piensa en ganar todo lo que se pueda en el menor plazo de tiempo posible, debemos apostar por otra forma de producción económica más objetiva y justa. Y, frente al dominio del Estado sobre los seres humanos, deben reclamar espacios de libertad que permitan a las personas realizarse libre y solidariamente. Necesitamos un Estado social y democrático también a nivel global desde el que construir un auténtico Ordenamiento jurídico-administrativo a nivel planetario.
El Estado de Derecho hay que conquistarlo día a día pues la letra de la Constitución no se impone automática y mecánicamente. Hay que defenderlo con uñas y dientes en unos momentos, como los actuales, en los que el autoritarismo y el totalitarismo acechan aprovechando la situación de excepcionalidad en la que vivimos. Esperemos que el compromiso con la democracia y las libertades predomine sobre un estado de cosas dominado por la razón política y tecnoestructural. Si mantenemos el pulso democrático y no cedemos ni un ápice al recorte irracional y desproporcionado de nuestras libertades, habremos ganado la batalla y a la vuelta a la normalidad, este derecho de excepción será agua pasada y podremos seguir ejerciendo nuestras libertades. Unas libertades que no son regaladas, por las que hay que luchar como estamos haciendo también en arresto domiciliario en el que nos encontramos.
En efecto, en un tiempo de excepcionalidad, de incertidumbre, de crisis, de dominio de lo mediático, de excesos del intervencionismo, y de baja intensidad del pensamiento crítico, conviene subrayar la centralidad y radicalidad de las libertades, de los derechos humanos y de la dignidad personal como valores que preceden al poder y al Estado. Sabemos, y muy bien, que los derechos humanos y las libertades no son, ni mucho menos, de creación estatal. Menos todavía los otorgan discrecionalmente los gobernantes: son derechos y libertades innatos al hombre y, por lo tanto, no sólo deben ser respetados por el legislador y el gobierno, también en tiempos de crisis graves como los que vivimos, sino promovidos por los poderes públicos y los privados. Tienen la configuración jurídica de valores superiores del Ordenamiento y deben inspirar el entero conjunto del Derecho positivo.
Los derechos fundamentales son derechos que derivan de la dignidad del ser humano y fundamentan la propia condición personal. Son, por ello, intocables, inviolables, indisponibles para legisladores y gobiernos. Son valores que nadie puede ni debe manipular, que nadie puede, ni debe, violentar. El derecho a la vida, la libertad de expresión y tantos otros derechos y libertades fundamentales de la persona han de ser la garantía de la preservación y respeto de la libertad solidaria del ser humano y el ambiente natural en el que los ciudadanos convivan pacíficamente. Alexy los ha llamado derechos subjetivos de especial relevancia porque no dependen de las mayorías ni de las minorías.
Democracia y Constitución
Como es bien sabido, en el origen del pensamiento constitucional nos encontramos con dos criterios, dos principios que algunos deliberadamente han intentado contraponer cuando se pueden explicar perfectamente desde la complementariedad. Me refiero al principio democrático y al principio de la superioridad de la Constitución como Norma de las normas. El principio democrático, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo es, en el plano de las ideas, una búsqueda de justificación racional al ejercicio del poder que como ha señalado De Vega parte del contractualismo de cuño iusnaturalista. Por su parte, la esencia de la teoría constitucional parte de la necesidad metafísica de que el poder, que tiende a la expansión, al crecimiento exponencial, pueda ser limitado, racionalizado a partir de un Norma jurídica de general aceptación por el pueblo y por él elaborada. Es decir, el pueblo, encarnado en el llamado poder constituyente es el encargado de elaborar la Norma en la que se definen las instituciones, los principios, los valores y los procedimientos a través de los cuales se ejercerá el poder. Ahora bien, según que nos situemos en una perspectiva o en otra, en la democracia de la identidad o en la democracia representativa, la cuestión será bien distinta. Veamos.
El pueblo es soberano, el titular de la soberanía es el pueblo. Sin embargo, como teorizó no sin cierto cinismo Rivarol, “dos cosas son verdad indiscutible: que el pueblo es soberano y que nunca el pueblo ejerce ni puede ejercer su soberanía”. Es cierto, el pueblo no puede ejercer directamente la soberanía, es imposible, nunca lo ha podido hacer realmente. Por eso surge la democracia representativa, de forma y manera que el pueblo ejerce su soberanía de forma mediata, a través de representantes. Por otra parte, como sentenció Kelsen, la democracia sin control no puede durar. Por tanto, la soberanía sólo es posible realizarla, al menos en este mundo, insisto, de forma mediata y, por otra parte, esa soberanía ha de convivir con la realidad del control. Control y representación son, por ello, desde la perspectiva del pensamiento político proyectado sobre la realidad, dos constantes que han de tenerse en cuenta en un Estado de Derecho digno de tal nombre.
Pues bien, a pesar de que la democracia representativa y la idea de control son elementos de racionalidad del sistema democrático en su evolución hasta el día de hoy, todavía encontramos teorías que pretenden llevar a la práctica el principio de la soberanía del pueblo en términos absolutos. A partir de esta convicción, se considera que el pueblo solo se obedece a sí mismo, solo se da normas a si mismo desde sí mismo. Es decir, el ser, la naturaleza del pueblo es la fuente del poder y del derecho, lo que sin modulaciones o correcciones es, además de imposible de aplicar, próximo al totalitarismo pues se renuncia a cualquier principio o criterio ajeno al ser mismo del pueblo, lo que, obviamente, nos lleva al inmanentismo y a la arbitrariedad al no existir reglas o normas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el poder del pueblo es soberano, ilimitado. No es admisible para los totalitarios, hoy acampados nada menos que en el poder, la limitación del poder de forma externa al propio titular del mismo.
La Constitución, dicen, es legítima en la medida en que sea la prolongación del contrato social, en la medida en que es consecuencia del pacto social porque, en pura teoría rousseniana, es el mismo pacto social. Sin embargo, esta explicación, que puede tener la brillantez del racionalismo contractualista, no es posible construirla en la práctica, nunca ha sido posible implementarla. Es más, cuando se importó desde la óptica marxista, trajo consigo nada menos que la aberración intelectual y practica del totalitarismo. Al final, la experiencia histórica demuestra que bajo la ilimitación y la soberanía inmanente aparecen una serie de aventureros que se apoderan de estas construcciones abstractas para, tras seducir a la masa, ejercer el poder de manera absoluta e ilimitada. Ahí están los regímenes cubano, coreano –del Norte-, venezolano, chino…
Desde los postulados del Estado de Derecho, o como consecuencia de ellos, comprobamos como ha triunfado en todo el mudo la democracia liberal que, por esencia es representativa y parte del principio de la limitación y la racionalidad del poder. En este marco, la Constitución es el instrumento de definición de los poderes, de su equilibrio, de su limitación y de la institucionalidad.
Hoy, sin embargo, por causa de la mediocridad imperante y las refinadas y sofisticadas técnicas de manipulación, eficaces como nunca, unidas a sistemas educativos pensados para el adocenamiento, volvemos a las andadas y se nos presentan los fracasos históricos como soluciones a los males de este tiempo. Lo que hay que ver, lo que hay que escuchar.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Sobre la democracia
La profunda crisis que atraviesa la forma en que los políticos a nivel mundial entienden últimamente la democracia representativa conduce, de una u otra manera, a que la indignación reinante en tantas latitudes reclame democracia real, auténtica, genuina. Ahora tras el covid y la gestión dela crisis que se ha realizado en tantos países, las demandas de verdadera democracia, tras el aumento del autoritarismo, son una buena ocasión para pensar acerca de las tendencias políticas de este tiempo en relación con el sentido y funcionalidad de la democracia.
Una de las causas de la honda crisis en que se encuentra el sistema político reside, como bien sabemos, en que el pueblo empieza a percibir que su protagonismo ha sido suplantado, de una u otra manera, por los dirigentes. Un colectivo, el de los que mandan, no sólo en el poder ejecutivo, también en el judicial y sobre todo en el legislativo, que, con honrosas excepciones, se ha creído que es el titular del poder y que puede manejarlo como le venga en gana, a su antojo. Como se consideran los dueños del poder manejan los fondos públicos sin conciencia de quienes son sus legítimos propietarios –los ciudadanos- llegando a cotas de despilfarro sin precedentes.
Efectivamente, la escasa relación que hoy existe entre el pueblo y sus representantes, justifica, en gran medida, que la petición de democracia real se sustancie por el camino de las fórmulas de democracia directa más conocidas: referéndums, iniciativas populares y consultas. Si los Parlamentos hubieran propiciado y fomentado esquemas institucionales eficaces de relación y vinculación entre elegidos y electores, probablemente el distanciamiento y desafección dominante no hubiera alcanzado la dimensión que hoy tienen. Por eso hoy, ante la ausencia de reformas en la materia, tendrán que llegar, por las buenas o por las malas, cambios como las listas abiertas, la obligación de los diputados y senadores de atender a los electores en sus circunscripciones o incluso la convocatoria de referéndums cuando se trate de la adopción de medias de obvio interés general.
La necesidad de que el pueblo opine, al menos en los asuntos de mayor enjundia, en asuntos que afectan a sus condiciones de vida, es cada vez más urgente. No puede ser, de ninguna manera, que se tomen decisiones que afectan seriamente a las condiciones de vida de los ciudadanos sin consulta previa, sin conocer la opinión ciudadana, lo que no quiere decir, de ningún modo, referéndum para todo. Faltaría más.
Es muy sencillo lo que está pasando. Quien es administrador o gestor de los asuntos de interés general ha pensado que podía adquirir la condición de dueño y señor y lo ha hecho a sirviéndose de las más sofisticadas fórmulas de la manipulación social. Para ello se ha ideado un complejo argot y se ha articulado un universo de especialistas en el manejo y conducción del interés general convenciendo al pueblo de que los asuntos de la comunidad están en las mejores manos y que no debía preocuparse lo más mínimo. Mientras tanto, desde las terminales mediáticas de la tecnoestructura y del tecnosistema se procede a una sutil y constante operación de control social a partir de las más variadas, y eficaces, formas de consumismo insolidario. Durante unos años el juego ha dado resultado, pero cuando las políticas chocan con los bolsillos de la gente, empiezan los problemas. Unos problemas que propicien, cuando el pueblo sufra las consecuencias del mal gobierno y la mala administración de la pandemia, que despierte de su letargo, que tome conciencia de lo que está pasando y empiece a manifestar su indignación, incluso contra quienes hasta no hace mucho se presentaban como la nueva política y los genuinos representantes del pueblo salidos del mismo pueblo y comprometidos con el pueblo hasta la muerte.
Una indignación que no sabemos qué consecuencias tendrá a nivel europeo y mundial. Una indignación que esperemos traiga aires de regeneración democrática. Una indignación que debiera derribar los muros de un orden económico, político y social montado exclusivamente sobre el lucro y sobre el voto como fines que todo lo justifican, que todo lo permiten, todo, absolutamente, todo.
El virus es una oportunidad para volver a los principios sobre los que asienta la democracia: limitación del poder y participación real del pueblo. Hoy, es obvio, ni una, ni otra, están presentes, y, con los actuales dirigentes, no parece que puedan regresar.