El caso del cierre repentino de la compañía Spanair refleja hasta que punto el manejo de las empresas en una situación de crisis general es un asunto delicado. Por un lado, comunicar la cesación de actividades de una empresa escasas horas antes de producirse supone, además de una flagrante conculcación de la legislación vigente, una absoluta desconsideración con los empleados y con los viajeros. Por otra parte, la actividad de control y vigilancia de los poderes públicos deja mucho que desear puesto que las tareas de verificación y comprobación del  correcto funcionamiento del sector aeronáutico deben advertir peligros de esta naturaleza con la suficiente antelación a fin evitar tantos problemas a tanta gente.

 
En efecto, las noticias, ya recurrentes, de que compañías reflotadas con fondos públicos u objeto de cuantiosas subvenciones, no sólo en el ámbito financiero, asignan millonarias retribuciones y bonus a sus directivos en tiempos de crisis es desde luego un escándalo que mina la credibilidad de los ciudadanos en el sistema. Si fuera verdad que los consejeros de Spanair recibieron retribuciones, fijas o variables, multimillonarias mientras se acumulaban pérdidas de más de 300 millones de euros, las autoridades en la materia algo debieran hacer. Si, además, tales emolumentos se percibieron con el conocimiento de que en poco tiempo la compañía habría de afrontar un expediente de regulación de empelo, modelo extinción, de 2075 trabajadores, tales directivos deberían explicar ante quien corresponda la naturaleza de la gestión y dirección realizada.
 
El caso de Spanair vuelve a poner sobre la mesa un asunto que, por lo que se ve, no se acaba de resolver y que causa no poco escándalo en la ciudadanía. Me refiero a la falta de ejemplaridad de algunos directivos, no todos por supuesto, que siguen cobrando sueldos desproporcionados mientras se acumulan las pérdidas. Cosa distinta sería el supuesto de empresas que en época de crisis salen adelante gracias a la gestión exitosa y brillante de los directivos. ¿Es qué los derechos de los trabajadores o, en este caso, de los usuarios del servicio no cuentan, son de peor condición que los de los directivos?. Los directivos, no pueden olvidarlo, no son los dueños de las compañías ni los trabajadores, clientes o proveedores personas a su cargo o de ellos dependientes. Si quienes están al frente de las empresas, máxime las que son reflotadas con fondos públicos o reciben subvenciones públicas, no son conscientes de que, sobre todo en las épocas de crisis deben dar ejemplo de rigor, austeridad y sensibilidad hacia los derechos de otros colectivos, probablemente no estén capacitados para dirigir.
 
Los derechos de los trabajadores no se pueden pisotear o laminar de esta manera. A nadie se le puede poner en la calle de forma súbita. Se trata de personas con derechos, no objetos de usar y tirar. Si la compañía estaba tan mal lo razonable hubiera sido empezar a buscar soluciones para evitar situaciones traumáticas como las que estamos contemplando estos días. Y, por otra parte, los miles de viajeros afectados por el cierre súbito de Spanair también deben ser atendidos adecuadamente por la compañía, como seres humanos que son.
 
En fin, los poderes públicos también tienen responsabilidad en este acontecimiento. La regulación del tráfico aéreo y el control y vigilancia que debe operar sobre compañías que trasladan tantos miles de personas ha fallado estrepitosamente. Estas agencias y reguladores tienen la obligación de velar por los derechos de los usuarios especialmente, garantizando un servicio universal, asequible y en condiciones de calidad racionales. No es lógico, ni correcto, que ahora las Administraciones miren para otro lado culpando a los dirigentes de la compañía como si ellas no tuvieran nada que ver. Hoy en día no podemos olvidar que la responsabilidad de las agencias reguladores es muy importante. Tanto que en alguna medida su mal funcionamiento provocó, al menos en los Estados Unidos, que ciertas prácticas se extendieran como la espuma hasta contagiar a mercados del mundo entero. Autoridades y gerentes, todos tienen responsabilidad. Los viajeros, quienes menos culpa tienen son, sin embargo, junto a los trabajadores, los principales afectados por el desaguisado. Así son las cosas de este mundo.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es