El último informe de la ONG Transparencia Internacional (TI) proclama a los cuatro vientos lo que la población percibe desde hace algún tiempo: la corrupción y la falta de transparencia, sobre todo en el Sur de Europa, agrava la crisis en que está instalado en viejo continente. Esta afirmación, obvia y evidente, apunta a Grecia a Italia y, por supuesto a España, un país que está elaborando una ley en la materia que ojalá sirva para introducir dosis de luz en un opaco sector público.

El informe hecho público por TI se titula “Dinero, poder y política: los riesgos de la corrupción en Europa”. Una rúbrica que refleja hasta qué punto las especiales relaciones existentes entre el poder político y el poder financiero están en epicentro de la aguda y dolorosa crisis que padecen tantos millones de ciudadanos europeos, a quienes, de forma injusta y arbitraria, se carga con las consecuencias de decisiones irresponsables y, desde luego, negligentes que por tan conocidas no es menester explicitar ahora.
Según TI la corrupción en estos países del Sur de Europa  acampa en la misma legalidad a base de prácticas poco éticas que son el resultado de negociaciones oscuras, tráfico de influencias y relaciones íntimas entre los dirigentes financieros y los dirigentes políticos. En este contexto, la opacidad de las decisiones y la ausencia de una regulación ética de la financiación de los partidos, junto a la escasa democracia que impera al interior de estas formaciones, explican el grado de corrupción existente. Un grado de corrupción, es lo más grave, que emerge de la misma legalidad, una sucesión formal de normas diseñadas desde la ambigüedad y la abstracción. Es decir, existen muchos controles formales, pero en realidad no hay control material.
La publicidad y la transparencia son dos grandes antídotos contra la corrupción. Las actividades de lobby serían legítimas y hasta razonables si fueran presididas por la transparencia. Cuándo, sin embargo, están penetradas por la oscuridad, la opacidad o el misterio, entonces estamos regresando, y de qué manera, al proceloso mundo del Antiguo Régimen, en el que el arbitrio y la voluntad personal del gobernante era la única, y exclusiva, fuente del poder.
TI convoca, a través de este informe, a reforzar la transparencia en las campañas electorales puesto que como afirma el director de la propia ONG, resulta que en Europa, a pesar de lo que podamos pensar, nuestras instituciones no son lo fuertes y comprometidas que debieran para luchar eficazmente contra la corrupción. Por ejemplo, según este informe, tres de cuatro europeos consideran que la corrupción es un problema creciente en sus países. Los partidos políticos, las empresas y la función pública, según este sondeo, son las instituciones menos efectivas para en la lucha contra los sobornos y los comportamientos inapropiados. Por si fuera poco, demasiados gobiernos europeos, España no es una excepción, no justifican adecuadamente el gasto que realizan, que en el conjunto de la Unión Europea ascienden a 1.800 billones de euros.
Además, los especiales lazos tejidos entre empresas y gobiernos están en el fondo de la crisis de estabilidad económica actual. Incluso algunas instituciones financieras se han permitido, ante el escándalo general, condonar créditos millonarios a los partidos políticos.
En fin, que el panorama es el que es. No por llevar muchos años en democracia estamos curados contra la corrupción. La democracia, que es el mejor sistema de gobierno, exige un compromiso cotidiano, y creciente, por la transparencia y la ética. Un compromiso que no depende sólo de normas bien elaboradas. Fundamentalmente depende del grado de luz y taquígrafos que de verdad reine en todas y cada una de las instituciones centrales del sistema político, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en los partidos políticos, en los sindicatos, en las empresas, en las corporaciones profesionales y en las principales instituciones sociales. Si reina la oscuridad, y hoy lo hace de una manera intensa, la corrupción seguirá creciendo y creciendo. ¿ O no?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
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