La información pública, que no es sólo la información que obra en poder de los entes públicos en sentido estricto, pues se refiere a toda la información de interés general, es un derecho fundamental de todo ciudadano. Un derecho fundamental, no un derecho subjetivo más o un derecho ciudadano de los muchos de los que dispone el ciudadano en sus relaciones con la Administración pública. Se trata de un derecho fundamental que la Administración debe promover y facilitar con pleno respeto al núcleo esencial que lo conforma. Es decir, la información de interés general debe estar a disposición de los habitantes en todo momento y de la manera más sencilla, veraz y completa posible.
 
En efecto, la información de interés general, que es más amplia  que la información que obra en poder de las Administraciones públicas, debe ser facilitada desde una perspectiva de máxima transparencia, de máxima publicidad. Algo que se consigue interpretando restrictivamente las limitaciones que pueden existir para el ejercicio de este derecho fundamental. Porque, si, como ocurre en no pocos países, las excepciones acaban siendo la norma, entonces se produciría la paradoja de que en virtud de una ley de transparencia se convierta en ilusorio o quimérico el derecho al acceso a la información de interés general.
 
La información de interés general es más amplia que la información pública en su tradicional interpretación, porque los ciudadanos deben poder conocer, si quieren, las informaciones relativas o que se produzcan en el ámbito de todas las instituciones de interés general, o siempre que existan fondos públicos en ejercicio. Por ejemplo, los partidos, los sindicatos o las patronales, que son instituciones de interés general y que, por el momento, se financian con fondos públicos deben estar bajo el escrutinio de los ciudadanos, al igual que la Casa del Rey.
 
Pues bien, el proyecto de ley de transparencia que se ha dado a conocer en estos días, además de excluir a numerosas instituciones de interés general de la transparencia, nos ofrece un lista de excepciones al derecho a la información pública que llaman la atención. Llaman la atención porque en el panorama comparado no hay normas con un listado tan numeroso de limitaciones.
 
En efecto, mientas que el artículo 9 del proyecto hace referencia a los clásicos límites referidos a  la seguridad nacional, a la defensa, a la seguridad pública, a las relaciones internacionales o a los procesos en que se enjuicien ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, el artículo 9 introduce en nuestro derecho una muy peligrosa fórmula de limitación de este derecho que podría dificultar extraordinariamente su ejercicio. Me refiero a las restricciones en caso de que la divulgación de la información suponga un perjuicio para: la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual o industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Es decir, se amplia desproporcionadamente el ámbito de restricción lesionando el principio general de máxima publicidad y máxima transparencia.
 
Los límites, que deben existir, sólo faltaría, deben regularse con una mejor técnica jurídica haciendo aludiendo a los dos supuestos tradicionales: la seguridad y la confidencialidad, exigiendo, en todo caso, unos elevados estándares de justificación y motivación. Si, en su lugar, como es el caso, se amplían las restricciones, no es muy complicado aventurar cual será el futuro de este derecho fundamental en nuestro país.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es