La consolidación de la Unión Europea como espacio de libertades y de solidaridad requería una genuina y coherente integración económica como medio para alcanzar dicha unión política y cultural. Y esa integración económica y financiera reclama políticas comunes, no sólo en el área monetaria sino también en aspectos fiscales y bancarios. Por eso, la noticia relativa a la unión fiscal y bancaria es muy positiva siempre que vaya acompañada de medidas reales que tiendan a la federalización del viejo continente de manera que el presidente sea elegido por sufragio universal, que el parlamento disponga de auténticos poderes legislativos y que el gobierno de la Unión goce de competencias reales sobre los Estados miembros. La crisis económica y financiera, pues, se presenta como una gran oportunidad para una mayor conciencia europea, para apuntalar un proyecto que, hasta ahora, se había detenido en el escalón tecnoestructural. Especialmente para que de una vez lo económico y lo financiero sean el medio adecuado para un desarrollo de las libertades en solidaridad de todos los ciudadanos del viejo continente.
Estos días hemos conocido por boca de las autoridades de la Unión en materia bancaria que muy pronto se presentará un Fondo de Recuperación y Resolución de bancos desde el que, sin usar fondos públicos, se pueda rescatar a los bancos con problemas. Nada que objetar, por supuesto, a que los bancos en mala situación sean ayudados con dinero de los propios bancos. Solo faltaría. Lo escandaloso era que la deficiente gestión y administración de las entidades financieras tuvieran que compensarla los ciudadanos con el pago de los impuestos.
Según el comisario del ramo, Michel Barnier, el objetivo de este Fondo es asegurar que un banco puede caer sin que genere un efecto de contagio en el resto de las instituciones europeas. Y, sobre todo, se pretende evitar que los rescates bancarios sean de cuenta del Estado, que actúa en estos casos como proveedor de fondos públicos para evitar el colapso de una entidad financiera. Es lógico puesto que no se entiende nada bien, sino todo lo contrario, que instituciones destinadas a obtener pingues beneficios por su labor de intermediación se embolsen sin problemas los réditos obtenidos y, sin embargo, cuándo las cosas no van bien, sean rescatados por el Estado a través de los fondos de todos, de todos los ciudadanos por supuesto.
Esta propuesta se compone de tres partes que serán supervisadas por una autoridad bancaria supranacional que es básica en todo este tema. La primera fase es de prevención y de cuenta de cada entidad financiera, que deberá implementar un programa de saneamiento para el caso de problemas de viabilidad. Para estas situaciones, las autoridades nacionales, en coordinación con el supervisor europeo, segunda fase, deberán contemplar planes de intervención para el caso de que sea menester su utilización al fallar la primera etapa. Si así fuera necesario, se nombrará un nuevo ejecutivo de la entidad y se obligará al banco en cuestión a caminar por el plan de recuperación diseñado. Antes de proceder a la liquidación del banco con problemas, la UE establece la venta de activos y negocios de la entidad para costear su saneamiento y la creación de un banco puente al que se trasladarán todos o parte de los activos del banco para que continúe operando como banco comercial con el propósito declarado de ser traspasado a otra compañía.
La tercera fase consiste en la creación del famoso banco malo para diferenciar los denominados activos tóxicos, los de difícil o imposible cobro, de los normales. La última fase se refiere a la constitución de un banco Bail-in. Se trata de autorizar a la autoridad bancaria a iniciar un proceso de reestructuración de la deuda que conllevaría el impago parcial o total a determinados acreedores y accionistas y la conversión de parte de esa deuda en capital.
En fin, se trata de buscar una salida, sin comprometer los fondos públicos, para resolver problemas generados, obviamente, por las propias entidades financieras. Bruxelas pretende disponer de un testamento vital de los bancos europeos donde se señale con claridad los pasos a seguir en casos de problemas que pongan en cuestión la propia viabilidad de las instituciones financieras. En estos supuestos, quienes costearán el rescate ya no serán los ciudadanos, sino los accionistas y los acreedores. Ya era hora.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es