Los datos de la deuda pública en España, a pesar de los esfuerzos realizados, siguen siendo muy preocupantes. Durante 2013 tendremos que pagar todos los españoles 630 millones de euros diarios para saldar 230.000 millones de euros en intereses de la deuda. En 2012, según  datos que hemos conocido estos días, el Estado ha gastado 60.000 millones más de lo previsto sin contar las ayudas a la banca. Es decir, tendremos que pagar este año, sólo en deuda, más de lo que el Estados e gasta en personal.
Así las cosas, la urgencia en la reforma del Estado es evidente. 2013 según parece va a ser el año de la reforma de la Administración. Una reforma que debiera hacerse en profundidad y culminar con una amplia reestructuración en la que se eliminen las duplicidades, los organismos superfluos, las subvenciones innecesarias. Es necesario plantear la fusión de municipios, tema por cierto en el que, como en tantas cosas, llevamos décadas de retraso en relación con numerosos países de Europa. Debe, en mi opinión,  pensarse en un nuevo modelo autonómico de organización del poder público, más sencillo y que esté en mejores condiciones de preocuparse en serio de los asuntos colectivos de la población.
En esta materia es imprescindible un estudio competencia a competencia para situarlas en la dimensión pública desde la que mejor se pueda atender el interés general correspondiente. Las fórmulas de cooperación, colaboración y coordinación deben afinarse más. Igualmente, hay que racionalizar y redimensionar un sector público autonómico y local que se ha ido de las manos. También, en este orden de cuestiones, habría que analizar hasta qué punto están claras las competencias del Estado para la ordenación general y señalamiento de las bases de las políticas públicas que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales en el territorio nacional.
Es decir, la reforma de la Administración no es una simple cuestión cuantitativa. Tiene una dimensión política bien relevante que debiera partir de una reforma constitucional que se debería implementar desde el entendimiento y la necesidad de racionalizar un modelo que es demasiado gravoso para los españoles. Esta es, me parece, la cuestión. El modelo en sí es adecuado. Su desarrollo se ha realizado al margen de la racionalidad y de las necesidades reales de la ciudadanía. Por eso deben evaluarse con rigor los desatinos  y reconocer que las Autonomías y algunos Entes locales no tienen por qué emular al Estado en su estructura. Más bien, los Entes territoriales han de buscar en el marco de la autonomía la mejor estructuración posible para la mejor atención colectiva de sus habitantes, no de los políticos que gobiernan en cada momento. ¿O no?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativoc. jra@udc.es