Trasparencia internacional acaba de lanzar una nueva iniciativa para mejorar la lucha contra la corrupción. Se trata de un decálogo de principios a favor de la ética y contra la corrupción para el mundo empresarial. Un mundo en el que también hay corrupción, y no poca tal y como se comprueba a diario en la prensa internacional, precisamente en el marco de la aguda crisis financiera y económica que estamos sufriendo sobre todo en el llamado mundo occidental.

 
Efectivamente, los casos de sueldos astronómicos de directivos de instituciones financieras intervenidas total o parcialmente, las estafas, los engaños, las maquinaciones de las cuentas y los balances, la simulación o la especulación en  grado sumo, constituyen conductas que deben prevenirse y, cuándo se cometen, reprimirse a través de las sanciones o penas a que den lugar.
 
En un mundo en que el dinero y el poder, el poder y el dinero se han convertido en dos grandes atracciones para tantas personas, es lógico que se cultive un ambiente, en la cultura y en la educación, en el que la mesura, la moderación y, desde el luego, el castigo de los comportamientos inapropiados, sea quien sea quien los cometa, deben promoverse sin descanso. La corrupción en el sector público se produce porque entre el político o el funcionario y el empresario, o sus emisarios, hay una relación que consiste en solicitar, en ofrecer o en acordar que ciertas actividades se realicen de forma interesada, normalmente por un precio, sea este de la naturaleza que sea. La corrupción en el sector privado, que también existe y que parece que se ha incrementado en estos tiempos, antes y durante estos años de crisis, preocupa como es lógico a Trasparencia internacional. El resultado de esa preocupación es la promulgación de un decálogo anticorrupción dirigido al sector privado.
 
En un artículo de estas características no podemos comentar uno a uno cada uno de los principios porque nos iríamos del espacio previsto. Baste señalar, por ejemplo, que el cumplimiento de las recomendaciones de los principios del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social es, desde luego, una exigencia necesaria. El problema muchas veces está en que en ocasiones esos incumplimientos, ni están sancionados, ni existen instancias ante las que se puedan presentar denuncias. En el mismo sentido, está muy bien, quien podrá negarlo, que se obligue a que cada empresa publique un código ético. Publicación que debe contener, expuesto en un lugar público de la empresa, las obligaciones de todos: directivos, trabajadores, clientes, usuarios, proveedores, así como el sistema de denuncias confidenciales ante un órgano externo a la empresa que pueda conocer y resolver los posibles abusos. Si el sistema de denuncias no es confidencial o su conocimiento no se residencia en personas ajenas a la empresa, su éxito será bien escaso.
 
También debe juzgarse positivo, solo faltaría, que se informe públicamente de la evaluación de los trabajadores, de los directivos, de los sueldos de todo el personal, incluidos los directivos, de los recursos presentados contra la compañía, de los cursos de formación para el personal, de las actividades subvencionadas recibidas y de los contratos suscritos y su régimen de adjudicación. Igualmente, deberían constar a la vista de todos los objetivos de la empresa para el año en curso y su grado de cumplimiento.
 
Cuanta más trasparencia mejor. Cuanta más opacidad peor. Que se publiquen periódicamente estos indicadores me parece que, al igual que en el sector público, fortalece y justifica la actividad que se realiza. Ahora, en un tiempo en que la dictadura del poder y del dinero tiene tanto apogeo, es menester vigilar, observar y reaccionar cuándo sea preciso para evitar que lamentables acontecimientos como estafas, engaños, cohechos o prevaricaciones que están en la mente de todos los lectores, se puedan repetir. Que así sea será la consecuencia, no sólo de códigos y principios, sino del convencimiento y el compromiso de todos: directivos, accionistas, trabajadores, académicos, periodistas… Es más, a veces los muchos códigos lo que hacen es complicar en demasía las cosas dificultando la identificación de la causa de tanto desatino y tropelía.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es