El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), del que España es miembro fundador, hizo público en 2014 un informe en el que se alertaba sobre el crecimiento de la corrupción política en España. Hoy, principios de 2018, el GRECO vuelve a recordarnos la necesidad de implementar medidas efectivas para mejorar el funcionamiento imparcial del poder judicial y del poder parlamentario especialmente.
 
En ese año se pedía la aprobación de un código de conducta parlamentaria, la mejora de la independencia efectiva del Consejo General del Poder Judicial, el establecimiento de  criterios objetivos para la selección de los altos funcionarios judiciales y la revisión del método de designación del Fiscal General del Estado pues, señalaba por entonces el GRECO, era preocupante, y lo sigue siendo todavía,  la percepción de falta de  independencia de esta alta Autoridad del Estado.
 
Pues bien, tales recomendaciones realizadas por entonces para luchar contra la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, vuelven a ser recordadas por el GRECO a nuestro país justo en estos días de comienzo de un año nuevo. Ni se ha despolitizado el Consejo general del Poder Judicial, ni se ha modificado el sistema de nombramiento de presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia ni del Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado sigue dependiendo del Poder Ejecutivo.  Sigue pendiente el código de conducta de los parlamentarios con el fin de elaborar un registro de lobistas y que se publiquen los gastos, patrimonio, remuneración o regalos recibidos por los parlamentarios.
 
Es verdad, como reconoce el GRECO, que en 2103 se aprobó una ley de transparencia y que se han tomado algunas medidas para luchar contra esta terrible lacra en el ámbito del poder ejecutivo. Sin embargo, precisamos mejorar nuestros sistemas de control de manera que se residencien en órganos colegiados sobre los que no exista sombra alguna de dependencia de los poderes del Estado.
 
Las recomendaciones del GRECO, como los sondeos, encuestas y barómetros que se publican periódicamente sobre la corrupción y su percepción muestran, en los últimos tiempos, una tendencia preocupante y peligrosa. Una tendencia que debiera animar a los principales dirigentes públicos a promover reformas y medidas que aseguren la independencia de los juzgadores, auditores y controladores. Medidas que, por ejemplo, pasan por dotar de mayor objetividad a las formas de selección de los titulares de las actividades de control. Medidas que abrieran a la democracia interna los partidos políticos. Medidas que obliguen a los parlamentarios a rendir cuentas a los electores. Casi nada.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.