La crisis económica y financiera en la que llevamos inmersos más o menos desde bien entrado el año 2007 es, desde luego, una crisis de calado, una verdadera y auténtica crisis moral que a todos nos afecta. A los políticos y a la política, a los banqueros y a la banca y, también, y de qué manera, a las personas, a los ciudadanos. Si la política es una actividad dirigida a la mejora de las condiciones de vida de las personas, entonces podremos afirmar que en este momento la política está desenfocada puesto que, al menos en España, cada vez son más las personas que pasan por más dificultades económicas, son cada vez más las personas que, en el mejor de los casos, consiguen llegar indemnes al último día de cada mes.

 
En efecto, la persona, el ciudadano, que es el verdadero dueño y señor, el soberano de verdad en el sistema democrático, individual y en conjunto como pueblo, observa con asombro como su situación empeora a marchas forzadas, en algunos casos a velocidad vertiginosa, mientras los políticos, demasiados y con retribuciones en este momento demasiado elevadas, siguen conservando privilegios, prebendas y poderes sin cuento. Por ejemplo, han tenido la desfachatez, con la que está cayendo, de seguir recibiendo  subvenciones del tesoro público, reducidas, eso sí,  en un 20%, cuándo lo que deberían  es empezar a mantenerse a costa de las cuotas de los militantes y ayudas de los simpatizantes  y renunciar a estas ayudas, al menos en momentos como los que atravesamos. Sobre todo mientras las ayudas a los que menos tienen, a los más frágiles, son simbólicas.
 
Las estadísticas que hemos conocido estos días, en lo que se refiere a las condiciones de vida de los ciudadanos, no pueden ser, desde luego, más desalentadoras. Los costes laborales en nuestro país descienden un 0.7% mientras suben un 0.3 en los países de la OCDE. El sueldo medio en España es de 25.511 euros, mientras lo que el INE denomina el sueldo más frecuente se quedó, en 2011, en 15.500 euros. El denominado PIB per cápita, la riqueza per cápita de los españoles durante 2011, según datos de Euroestat, se ha situado nueve puntos por debajo de la media eurozona, y un punto por debajo de la UE, algo que no acontecía desde el ya lejano 2001. Y, por si todo esto fuera poco, tiene que ser una ONG de la Iglesia Católica de todos conocida, una de las instituciones que más ayuda social está prestando a los españoles al haber atendido en el año2011 aun total de 1.000.671 personas.
 
Es decir, la situación de los españoles empeora a marchas forzadas. Sin embargo, los rescates que se plantean son a las entidades financieras, a las administraciones y gobiernos, a las estructuras. Mientras tanto, las personas siguen sufriendo, en muchos casos abandonadas a su suerte, observando como los grandes responsables de la crisis se van de rositas o son premiados con pingües retribuciones. La actuación de la fiscalía general, ordenando investigar indemnizaciones a ex directivos de determinadas entidades financieras, constituye, es verdad, un balón de oxígeno en este ambiente de impunidad generalizada que está en el origen, y en el desarrollo, de la crisis económica.
 
En mi opinión, primero son las personas y después las estructuras. Por la sencilla razón de que las estructuras están al servicio de las personas. Sobre todo las denominadas públicas o de interés general, entre las que están los gobiernos, administraciones, partidos, sindicatos y entidades financieras. Por eso, rescatar a las instituciones con el fin de que sus dirigentes sigan al mando, conserven la posición u obtengan jugosas compensaciones, no deja de ser un sarcasmo cuándo tantos millones de españoles pierden día a día su posición económica.
 
Lo urgente es rescatar a las personas que peor lo pasan, a las que más golpea la crisis, comprometerse radicalmente en la mejora de sus condiciones de vida. En esto radica hoy la dedicación política. ¿ O radica en mantenerse en el machito contra viento y marea?. ¿No será que precisamos, en términos generales, nuevos dirigentes con una nueva mentalidad, con nuevas formas de ejercer el poder, con una mayor sensibilidad social, en definitiva con más intensas convicciones democráticas?.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es