Acabo de regresar de un seminario internacional en el corazón de Europa y he vuelto a escuchar la misma cantinela. El problema español pasa por la reforma del Estado autonómico. Un  magnífico modelo, ideado  para resolver la diversidad territorial española,  que se nos ha ido de las manos por la falta de control y de sentido del equilibrio.

No es, desde luego, la primera vez que escucho en foros en donde se debate desde la libertad y lo políticamente incorrecto, que el modelo español, magnífico en su concepción y fundamentos, se ha desarrollado  al margen de las elementales medidas de la prudencia y el sentido común. Nuestro modelo autonómico pudo, si se hubiera manejado de verdad desde el interés general, no desde el interés parcial, haber puesto las bases para una mejor forma de atender a los intereses públicos propios. En su lugar, se ha reproducido hasta el paroxismo el esquema estatal. Es decir, todos y  cada uno de los órganos e instituciones que componen la estructura del Estado-nación los hemos replicado a nivel autonómico.
La reforma del modelo autonómico es urgente. En Europa piensan que se trata de Estados casi independientes que disponen de ilimitados presupuestos y una corte de personal de naturaleza política que todo lo invade. En estos días hemos conocido una encuesta en la que el presupuesto de personal del Reino de España es superior a lo que ingresamos en concepto de IRPF y del IVA juntos. El 76% de los encuestados piensa que hay demasiada gente que vive del capítulo I de estos Entes políticos. El 62% opina que desde el gobierno de la nación no se toman las medidas pertinentes para adelgazar un sector público elefantiásico. En el mismo sentido, casi el 70% de los consultados entiende que las propias administraciones autonómicas se quedan muy cortas a la hora de reducir la propia administración. Incluso el 61% de los votantes del PP considera que el gobierno central no hace todo lo que puede en esta materia.
La propuesta de Esperanza Aguirre de reducir sustancialmente el número de diputados del parlamento de Madrid es aplaudida por un buen número de encuestados, cerca del 76 %. Probablemente, si los demás presidentes iniciaran procesos de adelgazamiento de las estructuras y las personas que en ellas laboran, también serían felicitados por el pueblo. Sin embargo, pocos, muy pocos se atreven a trabajar en  esta dirección por razones obvias. Prefieren templar gaitas, que suban un poquito más el IVA, si no queda más remedio,  o que bajen los sueldos del personal de carrera. Todo menos desmontar estructuras clientelares . Así nos va. Seguimos sin convencer a nuestros socios porque seguimos empeñados en que la culpa no es nuestra. Qué pena.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es