Las últimas encuestas del CIS reflejan algo que no por reiterado deja de sorprender. La ciudadanía piensa que el tercer mayor problema del país son, tras la economía y del desempleo, los políticos. Los escándalos de corrupción que a diario salpican a los partidos y ocupan las portadas de periódicos y telediarios no ayudan a la necesaria dignificación de la política. La insensibilidad de muchos políticos en relación con el sufrimiento experimentado por muchas, miles y miles de familias en España, es una lamentable realidad. Y, sobre todo, la desfachatez con la que se castiga a las llamadas clases medias y bajas del país, dedicando el esfuerzo impositivo de muchos ciudadanos y las bajadas de salarios en la función pública a nutrir y mantener un entramado de organismos y organizaciones innecesarias, es, desde luego, un motivo que justifica la subida preocupante de la abstención en el último sondeo del instituto gubernamental encargado de pulsar periódicamente la opinión del pueblo.
Efectivamente, quien más crece es la abstención. Lógico porque el personal no aprecia en la clase política la ejemplaridad y la sensibilidad social de que debiera gala en una situación de grave crisis como la que atravesamos. Ni estamos contentos con el gobierno ni con el principal partido de oposición. El 56.1 % opina que la gestión del gobierno es deficiente y el 57.1% piensa que el principal partido de oposición no está a la altura de las circunstancias. La abstención asciende un 5%. El partido que sostiene al gobierno se deja en el camino, a siete meses de la victoria electoral, la friolera de 8 puntos con tendencia a la baja en los próximos meses mientras  que el PSOE, el principal partido de la oposición, solo consigue recuperar 1.2 puntos.
Así las cosas, con la crisis sin resolver, es lógico y natural que se proceda a analizar con rigor y seriedad lo que nos está pasando. Claro que existen ataques al euro y que existe un factor internacional al que no es ajeno nuestro país ni nuestra economía. Por supuesto. Pero el enemigo de la crisis ni es el Banco Central Europeo ni los astutos inversores que están haciendo su agosto ante la inactividad de la regulación financiera. Tienen, es verdad una parte importante en la cuota de responsabilidad de lo que nos acontece. Pero también, no podemos negarlo, hemos de mirar para dentro, para nuestro sistema. No para alterarlo sustancialmente. Para mejorarlo, para rectificar el rumbo del modelo autonómico convirtiéndolo en lo que debe ser, un esquema de descentralización eficaz para realizar políticas propias que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para eso hemos de alcanzar pactos y acuerdos políticos de envergadura que faciliten una reforma constitucional que debe entrar a fondo en el reparto competencial y en un mejor tratamiento institucional de los Entes locales. Las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales deben dejar paso a la autofinanciación de estas instituciones de interés general, nacidas para que la democracia sea el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no un régimen en poder de una casta tecnoestructural que sólo aspira, y de qué manera, a estar siempre sentados en la poltrona del privilegio y la prerrogativa.
Por otra parte, los partidos deben también acordar la adopción de esas medidas, tan cacareadas como inéditas, de regeneración de la vida política de manera que la participación ciudadana sea real y vaya poco a poco desapareciendo esa forma clientelar y sumisa de entender la relación entre política y ciudadanos. Hace falta un cambio en el modelo educativo que aspire a la transmisión del conocimiento a los más jóvenes.
En fin, los ciudadanos están reclamando otras políticas, otra forma de estar y ejercer la política. No sé si la clase política está a la altura y comprende lo que la gente está pidiendo. Desde luego, no parece tomar las medidas que la gravedad de la situación demanda. El momento es propicio para un gran acuerdo entre todos los principales agentes políticos y sociales. Un gran acuerdo en el que hay que revisar sin miedo el funcionamiento de muchas instituciones y políticas de Estado que se han asentado en  el inmovilismo. Un gran acuerdo que permita dotar de vida a los principios de una Constitución que se construyó desde la concordia y que, sin embargo, en los últimos tiempos se ha utilizado en clave ideológica y al servicio de intereses parciales. La reforma es posible. Es necesaria. Y si se fuera más consciente de la gravedad de la situación y se pensara en lo importante, urgente,
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es