IMPUESTOS, GASTO PÚBLICO Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Muchas personas, españolas y no españolas, se preguntan acerca del sentido y funcionalidad de la reciente subida del impuesto de la renta para todos los españoles. Sobre todo porque se trata de una medida que ni siquiera un gobierno denominado socialista se atrevió a acometer sabiendo cómo sabía la magnitud de la crisis económica y financiera en la relación con las cuentas públicas. ¿Será que se pretende mantener estáticamente ese modelo de Estado de bienestar en el que la intervención pública era el patrón de conducta de las relaciones entre Estado-Sociedad?. ¿Será que el PP al llegar al gobierno se ha convertido en una derecha socialista?. ¿Será que la situación era tan mala y que no se disponía de un plan de choque inmediato para racionalizar ya el sector público y que se optó por la solución más sencilla, que es dar al botón de la presión fiscal y punto?.

Estas preguntas, y otras similares, se escuchan en diferentes ambientes y desde luego plantean de nuevo la cuestión de las relaciones entre Estado y Sociedad, entre poderes públicos y libertades ciudadanas. No es una cuestión baladí ni mucho menos pues afecta a uno de los temas de mayor calado político que existen en la actualidad. Es verdad que la subida será temporal pero no deja de ser una subida que nos coloca junto a Suecia como el país en el que más se paga por el impuesto de la renta de toda Europa. Suecia tiene, es sabido, un nivel de calidad en los servicios públicos muy distinto al nuestro y probablemente en ese sentido la presión fiscal en cuanto a la renta de las personas físicas pueda tener alguna justificación.
¿El problema de las cuentas públicas es un problema de insuficiencia de ingresos fiscales o de gasto público excesivo?. Si respondemos diciendo que los ingresos no alcanzan y mantenemos, al menos por ahora, el mismo calibre del gasto público, estamos en la senda más ortodoxa del socialismo. Si, por el contrario, se reduce drásticamente el gasto público sin tocar los impuestos, estaremos en la órbita del liberalismo económico. Pues bien, por el momento se ha seguido el camino socialista. Otra cosa será que en el futuro, cuándo el gobierno recorte radicalmente el gasto público suprimiendo tantas subvenciones irracionales y tantos organismos innecesarios, sea posible detener la escalada impositiva. Pero por el momento, cuando llegue la nómina de febrero veremos cuál es la real percepción que produce en los ciudadanos la nueva tarifa del impuesto de la renta.
Como es sabido, entre 200y 2007, en España aumentaron los ingresos fiscales de forma exponencial. En esa etapa, la expansiva y creciente actividad económica animada por una política crediticia insostenible, los responsables públicos pensaron que tal situación se consolidaría en el futuro y se lanzaron a una carrera desenfrenada de gasto público en subvenciones de todo tipo y en la creación de los órganos y organismos que fueran necesarias para asegurarse el control de la sociedad y, de paso, mantenerse perpetuamente en el poder. Junto a Grecia, España, en ese período, fue el país de la zona euro en el que más creció el gasto público.
Es verdad que desde círculos gubernamentales se anuncian medidas de reducción de estructuras y de organismos junto a la supresión de innumerables subvenciones. Sin embargo, el español medio, que es a quien se carga principalmente con la factura de este colosal desaguisado causado por los poderes políticos y financieros,  tales peroratas y anuncios le sale por una friolera. En mi opinión, la clave está en un ajuste administrativo y subvencional que suponga varios miles de millones de euros. Y, por supuesto, no más rescates económicos a la banca con nuestro dinero. De ninguna manera.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es