La información que se posee como consecuencia del desempeño de una actividad profesional  está sujeta, es lógico, a ciertas reglas de discreción. Un médico, un abogado, un asesor fiscal, por ejemplo, están obligados, por obvias razones, a mantener los datos que conocen de sus clientes o pacientes fuera del alcance del comercio o de las transacciones comerciales. En el mismo sentido, un concejal que conoce el propósito de acometer una determinada operación urbanística, no puede desvelarla con antelación para que alguien adquiera esos terrenos a un precio notablemente inferior al que tendrá una vez que se apruebe la correspondiente recalificación de los terrenos. Igualmente,  el consejero de un banco de inversión no puede pasar información  a un amigo inversor para que se lucre con ella.
Efectivamente. Estos días hemos conocido que un juez  de Nueva York acaba de imponer a un ex consejero de Goldman Sachs la pena de dos años de cárcel y uno de libertad vigilada cuándo abandone el presidio, así como una multa de cinco millones de dólares por haber pasado datos confidenciales entre 2007 y 2009  a un famoso inversor. Un jurado popular de Nueva York encontró culpable al ex consejero por habar comunicado información privilegiada al fundador de Galleon Group, quien cumple actualmente una condena de once años por haberse beneficiado de información confidencial:  la entrada del multimillonario Warren Bufett en el capital social de Goldman Sachs.
Todos los profesionales deben ser prudentes con la información que manejan. En algunos casos, al afectar a la intimidad de las personas, tales conocimientos pertenecen a la dimensión de la privacidad. En otros, por ser informaciones susceptibles de producir evidentes beneficios económicos,  deben mantenerse en secreto pues, de divulgarse, se romperían las reglas del juego, discriminando a determinados agentes económicos.
La crisis económica y financiera ha dejado al descubierto no pocos comportamientos  inmorales en esta materia. Es más, empieza ya a pensarse que en alguna medida esta crisis es de naturaleza moral porque en su origen aparecen conductas inapropiadas de directivos de entidades financieras, de integrantes de órganos reguladores, de dirigentes de partidos políticos y, en general, de todos cuántos participantes en el mercado económico y político llegaron a pensar que lo único importante era ganar cuánto más mejor u obtener por el procedimiento que sea  los voto necesarios  para encaramarse a la cúpula, si es posible de por vida mejor.
En este ambiente, la información privilegiada, las estafas, los engaños, las simulaciones y toda suerte de infracciones de las reglas de la buena conducta se abrieron paso con una fuerza inusitada. Ahora, que sabemos a dónde nos conducen estas prácticas, es el momento de tomar conciencia de que las cosas tienen que cambiar. No para que al poco tiempo volvamos a las andadas, sino para que se instale un nuevo orden económico y político a la altura de la dignidad del ser humano en  el que los valores y los derechos fundamentales de las personas brillen con luz propia ya hemos visto a donde nos lleva la tiranía de los fuertes. Nada más y nada menos.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es