Una de las manifestaciones más importantes de la reforma administrativa es la simplificación de los procedimientos y de las estructuras públicas. La Administración debe servir con objetividad al interés general promover la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es lógico, puesto que la razón de ser del Estado y de la Administración pública no es otra que hacer posible que las personas se desarrollen en libertad solidaria. En este sentido, la Administración, lejos de dificultar las actividades e iniciativas de los ciudadanos, especialmente las que están dirigidas a la creación de empleo, ha de facilitarlas, hacerlas posibles, suprimiendo trámites innecesarios, evitando duplicidades y construyendo procedimientos pensados en las personas, no en la burocracia. El procedimiento administrativo es para la persona, no la persona para el procedimiento administrativo.
La simplificación de los procedimientos se pone de relieve, por ejemplo, en la constitución de empresas. Hay países del mundo en el que una iniciativa empresarial está preparada para abrir sus puertas en 24 horas. En España, a pesar de los pesares, a pesar de contar con una buena Administración pública compuesta, por lo general, por personas capacitadas, la realidad es que hay que superar 10 procedimientos administrativos que suelen tardar en resolverse, de media, sobre 28 días. Parece mentira pero ese objetivo tan cacareado por tantos dirigentes de la ventanilla única no parece que sea una realidad entre nosotros. Más bien, dado el actual sistema de distribución de competencias entre los Entes públicos, necesitado de urgente reforma, las cosas se complican innecesariamente. Hasta el punto de que según un índice que mide la competitividad de las economías nacionales elaborado por el Banco Mundial ocupamos el puesto 44 del ranking global, solo por encima de países como Eslovaquia, república Checa, Polonia, Grecia o Italia.
Por lo que se refiere a un aspecto concreto de la competitividad como es el que tratamos en el artículo de hoy, la facilidad para abrir un negocio, el registro alcanzado por España nos sitúa entre Brunei y República Dominicana, habiendo descendido en los últimos años de manera alarmante. En Europa, además, existe una directiva de liberalización de los servicios que ordena la sustitución de la intervención previa administrativa por la evaluación ex post de las actividades comerciales.
La existencia de tantas trabas e impedimentos a la creación de iniciativas empresariales en España es una prueba más de la imperiosa necesidad por abordar, sin miedo y sin complejos, una reforma administrativa integral. Una reforma administrativa que reclama una profunda modificación de la Constitución para adecuar el modelo administrativo a las necesidades reales del pueblo. Treinta y cuatro años después, el modelo se ha tornado burocrático y tecnoestructural. Y, la burocracia en democracia, está al servicio de la gente, de la ciudadanía, del pueblo. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es