La corrupción golpea con fuerza la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la actividad pública en todo el mundo. Es verdad, en el presente la corrupción permanece entre nosotros sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de las prácticas empresariales, políticas y administrativas. Se promulgan leyes y leyes, se aprueban códigos y códigos, pero ahí está, desafiante y altiva, uno de los principales flagelos que impide el desarrollo de los pueblos y la efectividad de los derechos fundamentales de las personas.
 
Según el Banco Mundial y la OCDE cada año se paga la friolera de 1 billon de dólares en sobornos con el lógico quebranto del mercado, de las relaciones laborales y de la confianza de los ciudadanos en el sistema.
 
En este marco, la Organización Internacional de Certificación, la ISO para más señas, acaba de publicar la versión en inglés de la norma ISO  37001 “antibribery management sistem”, conocida como la certificación antisoborno o anticorrupción. Esta norma establece los requisitos para asegurar buenas prácticas al interior de las empresas, realicen contratos o no con las Administraciones públicas, con el fin de detectar, prevención y reacción frente a la corrupción.
 
Esta Norma ISO, plausible y positiva, hay que integrarla en los planes de “compliance”, de cumplimiento,  que deben poner en marcha las empresas. Planes que deben facilitar que las compañías dispongan de programas de ética sólidos al interior de empresas, con auditores externos que comprueben periódicamente que estos compromisos no son maquillaje ni pura formalidad, sino verdaderos elementos que faciliten la transparencia, la cultura evaluativa, la dignidad de los salarios y, por encima de todo, condiciones de trabajo humanas y razonables.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana