En estos días, por alguna poderosa razón el régimen comunista chino ha querido que se sepa que  la fiscalía suprema popular ha registrado 21.800 casos graves de corrupción desde enero a noviembre de 2013. Esta información, según fuentes oficiales, es consecuencia de un informe redactado en el marco de la nueva  estrategia del gobierno chino en la lucha contra la corrupción, en el combate a los delitos que cometen los propios altos cargos del gobierno del gigante asiático.
Desde luego, 21.800 investigaciones por corrupción, de las que 16.500 han concluido con la comisión de daños al erario público por funcionarios del régimen comunista chino, reflejan que el mal de la corrupción está muy extendido por el entramado institucional del país asiático. En total, la suma de dinero involucrada en estos escándalos de corrupción asciende, según apuntan las informaciones oficiales, a 699 millones de euros
En 2010, se reconoció por la fiscalía federal que 4.000 funcionarios chinos huyeron del país con 50.000 millones de dólares debajo del hombro hurtados de las arcas públicas entre 2007 y 2009. Estos funcionarios huidos lavaron el dinero sustraído mediante la adquisición de propiedades inmobiliarias en el exterior aprovechando los “servicios” de las mafias que operan en países como Estados Unidos y Australia fundamentalmente. En concreto, en 2009 las autoridades chinas investigaron a más de 3000 funcionarios en sus salidas al extranjero.
La llegada al poder en el gobierno chino de Xi Jinping en marzo de 2012 y a la presidencia del PC en noviembre 2012, supuso, al menos formalmente, un compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción de los funcionarios y altos cargos de la Administración. La verdad, sin embargo, es que si tenemos en cuenta que probablemente solo se divulgue lo que interesa o es conveniente, la realidad de la corrupción debe ser de incalculables proporciones. Ni hay libertad de prensa, ni hay pluralismo, ni hay libertades ciudadanas.
En fin, estos fríos datos ponen de manifiesto  una parte de la corrupción real del régimen, que para conocerla en su totalidad habría que aplicar un notable coeficiente de multiplicación. Mientras no existan libertades reales, mientras no haya independencia judicial, los procesos por corrupción seguirán siendo en muchos casos ajustes de cuentas o medidas de expulsión del sistema de quienes no son bien vistos por el régimen. Mientras tanto, los datos oficiales de un sistema como el chino, aún siendo maquillados, demuestran que estos gobiernos de dominación también generan grandes bolsas de corrupción. Sí, inmensas bolsas de corrupción.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es