Los indicadores existentes acerca de la desigualdad en el mundo registran una misma tendencia. También en la UE y particularmente en España. La brecha entre ricos y pobres crece sin parar. Un problema muy grave que precisamente se ha agudizado estos años de crisis económica y financiera. No hay más que analizar las estadísticas de las ONGs que se encargan de la atención social a los más pobres y excluidos para comprobar el exponencial crecimiento de las personas que acuden a alimentarse o buscando alojamiento.
En este contexto, se arbitran diversas soluciones. Una es la subida del salario mínimo interprofesional, otra es el aumento de la imposición a los que más tienen y también se preconiza la oferta de cursos de formación a los adultos desempleados. Probablemente, una adecuada combinación de medidas como las expuestas ayude a intentar resolver un problema complejo, que, a la vez, se agrava ante los dos principales males de este tiempo: el desempleo y la corrupción.
En efecto, la lucha contra el desempleo y la corrupción son las principales políticas a que debería entregarse el gobierno de países en los que ambos parámetros alcanzan dígitos inaceptables. El desempleo en España ya sabemos en qué cifras se mueve y hace poco un informe sobre la corrupción en la UE atribuía un buen puñada de miles de millones de euros a la corrupción que se ha instalado entre nosotros.
La desigualdad dejaría de ser tal si hubiera trabajo para todos. El derecho al trabajo es una exigencia básica para que el ser humano pueda vivir en un ambiente de razonable dignidad. Sin trabajar es muy difícil realizarse como persona. Igualmente, si se pudieran atajar los los  47.000 millones de euro que según un estudio reciente se lleva la corrupción, se podrán atender mejor determinados servicios sociales que hoy bajo mínimos ante los recortes procedentes de la mitificación de la  austeridad y estabilidad.
La lucha contra el desempleo y contra la corrupción debería concitar el mayor esfuerzo en términos de medios personales y materiales de los gobiernos. Para ello, es menester revisar los subsidios y ayudas sociales y analizar el grado de eficacia de los controles existentes para luchar contra la corrupción.  Cuándo descienda el desempleo y la corrupción, la desigualdad seguirá la misma suerte. Mientras tanto….
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es