El pensamiento ideológico, sobre todo por estos lares, sigue vivo, muy vivo. Especialmente en materia de servicios públicos, fundamentalmente en las áreas de  educación o sanidad. Existen todavía prejuicios, estereotipos y clichés que siguen afirmando que lo público es sinónimo de bondad y excelencia, o, desde la otra orilla, que lo privado es la panacea de la eficacia y la eficiencia. En realidad, sin embargo, la clave de la cuestión no está en los preconceptos sino en si las personas disponen de mejores condiciones de vida a través de la gestión pública, de la privada, o de formas mixtas, en la prestación de los servicios públicos.
Es decir, lo relevante es diseñar y construir las formas de gestión de servicios públicos de manera que estos sean más asequibles, más abiertos y de mayor calidad. Si somos capaces de pensar más en los usuarios de los servicios y menos en los esquemas y estructuras, seguramente mejor nos iría a todos y dispondríamos de fórmulas organizativas pensadas precisamente para mejorar permanentemente las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que a las necesidades públicas se refiere.
El caso sueco es paradigmático de la superación del pensamiento único en esta materia. Según los informes que periódicamente publica la OCDE acerca de la calidad de los cuidados sanitarios, el último referente a Suecia de finales del año pasado reconoce que el sistema sanitario sueco es considerado como modelo a imitar por sus excelentes resultados y por sus bien desarrolladas estrategias para asegurar y mejorar la calidad de la atención sanitaria. Como sabemos, Suecia, paradigma del Estado de bienestar y de las políticas socialdemócratas, pasó de un sistema sanitario prácticamente público en todos los sentidos a un modelo abierto a la gestión privada y a la competencia con excelentes resultados.
En efecto, es posible que las formas de gestión privadas de la sanidad pública, en un marco de competencia, mejoren la calidad del sistema, también en lo que hace a la atención a los pacientes. En Suecia supieron dejar atrás un esquema estático de Estado de bienestar y abrirse a un modelo dinámico en el que el Estado, como refleja un documentado trabajo de Ignacio Aréchaga publicado en Aceprensa  el 5 de febrero de este año,  es responsable de la política sanitaria siendo la financiación y provisión de los servicios de responsabilidad regional y local. Los pacientes pueden elegir cualquier hospital que tenga un contrato con las Autoridades locales. Los médicos son retribuidos fundamentalmente por el proveedor de servicios en el que trabajan, sea del sector público o del sector privado. El 27% de los servicios son prestados por empresas privadas y el copago, para racionalizar los servicios médicos es de 11 a 22 euros por consulta en atención primaria y de 26 a 36 euros en especialidades. Por sorprendente que nos pueda parecer, en Suecia la financiación pública es mayor que en España y el gasto privado menor, lo que permite concluir que la mayor provisión privada de servicios sanitarios no ha supuesto un aumento de lo que el paciente sueco debe pagar de su bolsillo
El informe de la OCDE refleja que el 90% de los pacientes de atención primaria se sienten tratados con respeto por el personal sanitario. Las tasas de hospitalización evitable por enfermedades crónicas están entre las más bajas de Europa, la duración media de una estancia hospitalaria después de una crisis cardíaca es también de las más bajas de Europa. Pero no todo es positivo. El informe detecta problemas, especialmente en lo que se refiere a la coordinación entre hospitales y la atención primaria a pacientes con necesidades especiales.
Finalmente, la atención a las personas mayores, a las que se dedica el 3.6% del PIB,  ha dado lugar a un buen sistema de tratamiento de la dependencia en un país en el que el 5.2% de la población tiene más de 80 años. La atención de estas personas mayores y de las personas discapacitadas depende de los municipios. Siete de cada diez personas dependientes reciben atención domiciliaria, un servicio que en 2009 se abrió a la competencia. Las transferencias de la Administración del Estado a los municipios para estas tareas incluyen incentivos en función de la calidad de la atención a los ancianos.
En fin, aunque no el nuevo sistema sueco tiene también algunas sombras y muchas de sus novedades todavía no se han contrastado a fondo, al menos permite pensar en que el modelo estático del Estado de bienestar debe ir abriéndose a fórmulas más racionales y pensadas para mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Seguir predicando erráticamente que lo privado en la sanidad empeora las condiciones de vida de las personas es una afirmación que hay que empezar a poner en duda. En cambio, medir la calidad real de los servicios sanitarios y la satisfacción de los pacientes ayuda a superar dogmas y mitos que permiten la continuidad de muchos privilegios que poco o nada tienen que ver con el derecho cho del paciente a una buena administración sanitaria.
 
Jaime Rodríguez-Arana es  miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de la Haya. Jra@udc.es