Los indicadores existentes acerca de la desigualdad en el mundo registran una misma tendencia. También en la UE y particularmente en España. La brecha entre ricos y pobres crece sin parar. Un problema muy grave que precisamente se ha agudizado estos años de crisis económica y financiera. No hay más que analizar las estadísticas de las ONGs que se encargan de la atención social a los más pobres y excluidos para comprobar el exponencial crecimiento de las personas que acuden a alimentarse o buscando alojamiento.
En este contexto, se arbitran diversas soluciones. Una es la subida del salario mínimo interprofesional.  Otra es el aumento de la imposición a los que más tienen y también se preconiza la oferta de cursos de formación a los adultos desempleados. Probablemente, una adecuada combinación de medidas como las expuestas ayude a intentar resolver un problema complejo, que, a la vez, se agrava ante los dos principales males de este tiempo: el desempleo y la corrupción.
En efecto, la lucha contra el desempleo y la corrupción son las principales políticas a que debería entregarse el gobierno de países en los que ambos parámetros alcanzan dígitos inaceptables. El desempleo en España ya sabemos en qué cifras se mueve y hace poco un informe sobre la corrupción en la UE atribuía un coste de cuarenta mil  millones de euros  la  factura de la corrupción que se ha instalado entre nosotros.
La desigualdad dejaría de ser tal si hubiera trabajo para todos. El derecho al trabajo es una exigencia básica para que el ser humano pueda vivir en un ambiente de razonable dignidad. Sin trabajar es muy difícil realizarse como persona. Igualmente, si se pudieran recuperar los  47.000 millones de euros que según un estudio reciente se lleva la corrupción en España, se podrán atender mejor determinados servicios sociales que hoy bajo mínimos ante los recortes procedentes de la mitificación de la  austeridad y estabilidad.
Hasta la OCDE reconoce que la desigualdad tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico a medio plazo. Un informe de esta organización dado a conocer estos días reconoce que el problema no está en la lista Forbes sino en lo que acontece con las personas que tienen menos ingresos.
En efecto, este informe señala que un aumento en el índice Gini, en el que 0 es una distribución de renta totalmente igualitaria y 1 representa la mayor desigualdad, registrado en España, pasando de 0.31 a 0,34 rebaja el crecimiento económico en 0.34 puntos porcentuales por año. O, en otras palabras, una pérdida acumulada del 8.5 % en 25 años si no se consigue bajar el nivel de desigualdad en ese período.
La lucha contra el desempleo y contra la corrupción debería concitar el mayor esfuerzo en términos de medios personales y materiales de los gobiernos. Para ello, es menester revisar los subsidios y ayudas sociales y analizar el grado de eficacia de los controles existentes para luchar contra la corrupción.  Cuándo descienda el desempleo y la corrupción, la desigualdad seguirá la misma suerte. Esperemos que el tiempo de reformas que tendrá que impulsar el nuevo Rey pueda orientarse en esta dirección.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es