En este tiempo se suceden con alguna frecuencia encuestas, sondeos y consultas en los que se pregunta a los ciudadanos acerca de la crisis, de sus causas, de sus posibles soluciones. Todas, más o menos, sean realizadas con fondos públicos o privados, coinciden en destacar que en este momentos siendo importantes los recortes lo fundamental es la recuperación económica y la creación de empleo. Las medidas que cuentan con más seguidores son: reducir la estructura de la Administración y gravar con un impuesto especial a las grandes fortunas. En este sentido, las personas consultadas  entienden mayoritariamente que es necesario reducir los gastos de los políticos, incluso su número, pues estiman, es una obvia realidad, que en España hay demasiados cargos públicos, demasiados coches oficiales y demasiadas subvenciones, muchas de ellas para actividades improductivas y, a veces, inconfesables.

La mayoría de los encuestados señala también que es  más importante la recuperación económica y la creación de empleo que el mantenimiento del actual nivel del  Estado de bienestar. Eso significa, ni más ni menos, que la ciudadanía estaría dispuesta a ver reducido el nivel de la protección social si es que el empleo crece como consecuencia de la reactivación económica. Los ajustes y recortes presupuestarios son necesarios, quien lo puede dudar. El problema, el gran problema, es que deben, tales ajustes y recortes, concentrarse en las estructuras y, una vez reducidas según criterios de racionalidad, pensar en subidas de impuestos si es que son imprescindibles.
Parece claro que el elefantiásico déficit público que tenemos trae causa, fundamentalmente, del desarrollo estructural e institucional de las Comunidades Autónomas. Efectivamente, ahora tal irracional situación debe, por la vía de la supervisión estatal, reducirse a los parámetros macroeconómicos pactados con Europa. Las Comunidades Autónomas tendrán, no cabe otra posibilidad, que hacer sus cuentas públicas sin rebasar el déficit establecido. Será entonces cuando de verdad deban ajustarse el cinturón y empezar a eliminar estructuras innecesarias y subvenciones improductivas.
Los ciudadanos, según estas encuestas, son partidarios de que los partidos políticos y los sindicatos ,así como las patronales, se financien con las aportaciones de sus militantes o partidarios. Así ocurre en muchas partes del mundo y así, de esta manera, se garantizaría una cierta racionalidad en las estructuras, en la organización y en el funcionamiento de estas instituciones tan importantes para la armonía social. De igual manera, mes a mes los ciudadanos estiman que la clase política es uno de los principales  problemas de este país. Y es un problema porque, hay excepciones por supuesto, y muy dignas, la política sigue todavía presa del cálculo de poder, de la obsesión por el mando en lugar de descender a  la realidad para hacerse cargo de los problemas colectivos de los ciudadanos.
En fin, que la gente está dispuesta a hacer sacrificios si observa y comprueba que los políticos dan ejemplo y, sobre todo, si percibe que las estructuras públicas innecesarias, que son muchísimas, empiezan a desaparecer del mapa. Y también si constatan que la subvenciones son para apoyar actividades promotoras de interés general.
 
Jaime Rodríguez-Arana. jra@udc.es