Estos días, el tema de la reforma del gobierno del poder judicial vuelve a estar, una vez más en el candelero. Efectivamente, según parece los partidos políticos van a seguir controlando el consejo del poder judicial y, con ello, las más altas magistraturas de la judicatura.
 
No hace mucho, quinientos jueces, de todas las asociaciones, de todas las tendencias, se atrevieron a  dar a conocer un manifiesto denunciando la contaminación política del poder judicial especialmente en sus niveles más altos. Una realidad que no debería sorprender demasiado al conocedor de la realidad de la situación judicial en nuestro país pues los partidos políticos siguen controlando el poder judicial por razones que no son nada difíciles de imaginar.
 
Hoy, julio de 2013,  el escrito sigue siendo actual, quizás más actual que entonces. El manifiesto a que hago referencia señalaba que desde 1985 si viene produciendo una ocupación progresiva de la magistratura que afecta “a la democracia misma y al sistema de división de poderes”. A la democracia misma porque la impartición de la justicia es una  de las principales funciones del Estado de Derecho y sus responsables debieran ser elegidos por los jueces y magistrados, y al sistema de separación de poderes porque la toma y control de un poder del Estado por los partidos atenta a las garantías de autonomía e independencia con que debe realizar su labor el poder judicial.
 
Y no es que el poder judicial esté tomado por el poder ejecutivo o el legislativo. El gobierno del poder judicial  realmente está en manos de los partidos, que son los dueños del poder ejecutivo o del poder legislativo. Para ser eser más exactos,  dada la naturaleza con la que se dirigen estas instituciones de “interés general”, son propiamente los jefes de los partidos políticos los que omnímodamente muchas veces deciden, además de  las listas electorales,  la presidencia del poder legislativo, la cabeza rectora del poder ejecutivo así como los responsables del órgano de gobierno del poder judicial, Es más, hoy en día no es concebible que quien quiera aspirar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, o al Consejo General del Poder Judicial no deba hacer llegar su “interés” a los mandos de las correspondientes formaciones políticas.  La estampa de un juez o juristas haciendo antesala ante el despacho de un dirigente de un parido es probablemente la mejor escena que define esta bochornosa situación.
 
El manifiesto de los jueces de 2010 que ahora rememoramos reclama un gran pacto de Estado entre los partidos para evitar esta tendencia a la dominación del órgano de gobierno de los jueces. De esta manera, se trataría de combatir la creciente injerencia política a través de la elección democrática de los órganos internos del poder judicial. Entre ellos, los jueces firmantes del manifiesto reclamaban doce de los veinte vocales que junto al presidente componen el CGPJ, evitando así los frecuentes bloqueos en algunas designaciones consecuencia de la falta de acuerdo entre los bloque denominados progresista y conservador.
 
Pues bien, el acuerdo a que han llegado los dos partidos más importantes, defensores a ultranza del estatus quo, ha sido mantener el control del consejo general del poder judicial entre ellos. ¿Es posible otro modelo?. Claro que es posible. Lo que no parece posible, por el momento, es que los principales dirigentes políticos renuncien a los privilegios y prerrogativas de los que disponen. ¿No le parece?
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es