En estos momentos de grave crisis económica y financiera, muchas miradas se dirigen al personal de confianza e interino al servicio de las Comunidades Autónomas. La razón es bien evidente: la factura del personal interino y de confianza en las Autonomías asciende nada menos que a 12.300 millones de euros. Mientras que enla Administracióndel Estado la función pública en sentido amplio se redujo en un 22% desde 2001, en las Comunidades Autónomas creció un 44% y en los Entes locales un 39%.
Una posible explicación de estas cifras se encuentra en el proceso descentralizador de los últimos años. Sin embargo, aún admitiendo que, en efecto, la descentralización política y territorial ha traído consigo un importante trasvase de personal del centro a la periferia, lo cierto y verdad es que aún desde este argumento no hay manera de cuadrar los dígitos. Según parece, las estructuras clientelares que han surgido al calor de las empresas públicas autonómicas y de no pocos entres públicos de reciente creación, explican el descuadre. Es decir, el personal de confianza política más el personal interino, 288.440 personas, suponen 12.300 millones de euros al año. Una cantidad nada desdeñable que refleja la considerable invasión de los partidos políticos en la función pública. A veces, no siempre, el personal interino se ha reclutado sin oposiciones, sin exámenes, sin procedimientos de mérito y capacidad. Es decir, sólo en este concepto se podrían ahorrar muchos millones de euros. Millones de euros de ahorro que supondrían el inicio de la necesaria despolitización de una función pública que ha estado sobremanera controlada desde las terminales de partidos y sindicatos.
Esta es la vía para ajustar el personal en las Comunidades Autónomas. En lugar de castigar a funcionarios y laborales, el ajuste hay que hacerlo en el marco del personal que ha entrado enla Administracióncon criterios exclusivamente políticos. De esta manera se podrían liberar unos cuantos miles de millones de euros que se podrían destinar a determinadas políticas públicas orientadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Por de pronto, por aquí se podrían obtener los miles de millones de euros que ahora nos reclama la Unión Europea al situar el déficit para 2012 en el 5.3 % del PIB, no en el 5.8 como pretendía el gobierno español.
En los últimos años la función pública autonómica se ha convertido, en unos casos con más intensidad y en otros con menos, en el botín de los partidos y de los sindicatos. A través de procedimientos de dudosa legalidad material se han incrustado en las estructuras administrativas, sobre todo en empresas públicas y entes de la llamada Administración instrumental, personas portadoras del carné del partido o sindicato hegemónico. Así, de esta manera, poco a poco se han ido inflando las relaciones de puestos de trabajo hasta convertir a no pocas Autonomías en auténticos reinos de Taifas, en las que el personal ha crecido exponencialmente, sin control.
Ahora, en plena crisis, como es lógico, se reclama que se eliminen los gastos superfluos y éste, el del personal eventual e interino, así se considera. El problema es que este personal depende demasiado de determinados dirigentes y no va a ser fácil prescindir de él. Lo que son las cosas.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
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