Meses atrás el Reino Unido copó las portadas de toda la prensa con ocasión del  escándalo de las escuchas que se llevó por delante a varios responsables de medios de comunicación y que motivó que el magnate Murdock asistiera a una comisión del Parlamento. Por aquel entonces, el mismo parlamento  encargó al juez Leveson, siguiendo una tradición británica, la elaboración de un informe acerca de cómo evitar que se repitieran tales prácticas.
El juez concluyó el informe y los principales partidos políticos anunciaron la creación de un ente regulador con potestad sancionadora compuesto por personas independientes.  Según parece el regulador será voluntario para periódicos y revistas y tendrá capacidad para obligar a los medios que publiquen disculpas en la portada cuándo hayan errado en sus informaciones.
Se trata de la primera regulación de la prensa en 300 años y los medios están divididos. Los de inspiración conservadora como The  Daily  Mail,  The Times o The  Sun  señalan que el proyecto se ha realizado sin contar con la prensa y que solicitarán asesoramiento jurídico para pronunciarse,  aunque ya han adelantado que no cuenten con ellos ante la presencia de gendarmes en la prensa.  Los de orientación progresista como  The Guardian o The  Independent parecen asumir la existencia del  regulador aunque señalan que la norma no es perfecta y solicitan que se corrijan algunos puntos del proyecto
El primer ministro Cameron, quizás en un intento de buscar una posición intermedia, ha propuesto un nuevo órgano de supervisión formado por no periodistas para controlar a  su vez a dicho ente regulador.
En fin, es evidente que la prensa en ocasiones se extralimita en sus funciones y, con alguna frecuencia, no repara los daños que causan algunas informaciones que levantan sospechas o acusaciones sobre determinadas personas. Es el caso de las rectificaciones, no siempre publicadas con la misma, o superior, prelevancia que las acusaciones o sospechas.
Sin embargo, estos temas deben ser conocidos y resueltos por los jueces. No es razonable que un regulador en el que exista participación de los políticos disponga de potestad sancionadora y pueda amordazar o amedrentar a la prensa. La libertad de información es sagrada y gracias a ella podemos conocer tantas veces escándalos y tropelías, sobre todo de los personajes públicos, que de otra manera quedarían ocultos. Ahora bien, los conflictos deben ser resueltos por jueces y magistrados independientes que deben exigir en sus resoluciones que el derecho de rectificación se cumpla escrupulosamente, incluso dándole mayor espacio que a las noticias sobre acusaciones o sospechas sobre las actuaciones de ciertas personas.
Esperemos que en el Reino Unido impere la cordura y los jueces y magistrados reduzcan los muy amplios poderes con  que  algunos miembros de la prensa suelen actuar a diario. No hay que tener miedo ni a la prensa ni a los jueces, que cada uno cumpla con su función. No es fácil pero es exigible en un Estado de Derecho, en un Estado democrático.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es