El dilema entre libertad y seguridad,  entre seguridad y libertad, está a la orden del día. Y, en tal tensión, hoy parece que las libertades ceden o quda en peor posición que la actividad de vigilancia o control. El terrorismo y la delincuencia organizada, cada vez más presentes en tantas latitudes del globo, aconsejan, es verdad, que la denominada actividad de orden público cobre mayor intensidad. Pero eso, que es una exigencia para que las personas podamos ejercer en paz nuestras libertades no puede justificar, de ninguna manera, que cada vez la intimidad de las personas esté cada vez más inerme, también ante el sector privado.
 
En efecto, las continuas y permanentes apelaciones a la seguridad y a la eficacia para proteger de la delincuencia y el terrorismo a los ciudadanos han desembocado en un fuerte dispositivo burocrático a partir del cual se limitan y restringen, a veces injustificadamente, las libertades humanas. Claro que la denominada actividad administrativa de policía puede ser, en determinados momentos, más necesaria. Pero incluso en tales ocasiones la actividad de gestión del orden público no puede dejar desprotegida la intimidad o la libertad de las personas. El dilema seguridad-libertad, hoy por ejemplo bien presente,  no puede solucionarse  con recortes generalizados y masivos de las libertades, sino con intervenciones puntuales en los derechos de las personas, justificados y basados en argumentaciones racionales vinculadas al interés general. Intervenciones que cuándo cesan las causas que las motivaron, han de desaparecer sin más.
 
Hoy, sin embargo, en un mundo de grandes posibilidades tecnológicas, es razonable que los nuevos desarrollos e investigaciones se puedan aplicar a las políticas de seguridad con el fin de que la policía sea más eficaz y pueda cumplir mejor sus cometidos. Ahora bien, que ello sea así no quiere decir que las nuevas técnicas de persecución de los delitos y de la lucha antiterrorista dejen indefensos a los ciudadanos, a quienes, a través de fichajes genéticos, registros con sistemas RFld o catálogos de datos, se deja sencillamente con la intimidad al aire. Esto, que hoy ocurre en algunos países, sencillamente es inaceptable y debe ser revisado y corregido pues una cosa es la eficacia en la acción policial y otra muy distinta la violación de la intimidad de las personas.
 
El problema está en adoptar con inteligencia y sentido de la proporción medidas de seguridad que no debiliten la posición central del ciudadano. Es difícil ciertamente. Pero hoy es exigible que la libertad no se subordine a la seguridad o a la eficacia pues entonces estaremos perfectamente instalados en un Estado policial en el que el comercio y distribución clandestina de esos datos puede dar lugar a un orwelliano mundo de manipulación y control social de dimensiones incalculables.
 
En este contexto, nos encontramos, por ejemplo, con una de las características que mejor define la sociedad de la vigilancia en la que vivimos: la clasificación social. A través de innumerables bases de datos se va catalogando a los ciudadanos en grupos según determinadas tipologías: por motivos de seguridad, por motivos comerciales, por motivos estadísticos o, por ejemplo, por motivos sanitarios. En este sentido, un reciente informe de la red de estudios sobre la vigilancia del Reino Unido dirigido a auditar el estado de la cuestión, ha señalado que la acumulación de datos es continua y permanente. Cada transacción deja una huella de datos: uso de tarjetas de crédito o débito, teléfonos móviles, Internet…Los datos proceden de tarjetas para clientes, encuestas entre usuarios o foros de consumidores, censos, listines telefónicos o promociones culturales. Datos que suelen almacenarse atendiendo a ciertos protocolos y perfiles determinados. Ya podemos encontrar, por ejemplo, compañías que ofrecen servicios comerciales que utilizan las bases de datos para poner trabas a los ladrones de identidad. Su labor consiste en  cruzar la información de bases de datos públicas y privadas y contrastar sus resultados con las respuestas que la persona en cuestión haya dado a la empresa.
 
En fin, en un mundo en el los datos sobre cada uno de nosotros son casi tantos y quedan registrados en tantos registros, públicos y privados, es menester que las autoridades en la materia sean lo más independientes posibles pues, por ejemplo, un presidente de una agencia de protección de datos dócil u obediente a un gobierno, podría dar lugar a un manejo sectario y partidista de los datos de los ciudadanos.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.