Parece que la prensa británica no entra por el aro y no acepta, al menos en los términos fijados por gobierno y principales partidos políticos, el órgano regulador propuesto por el poder ejecutivo. Más de  300 años de libertad de prensa en la isla impiden someter el ejercicio de esta libertad al dictado de los políticos, hoy fuertemente cuestionados.
La iniciativa del primer ministro Camerón surgió, como se sabe, del informe elaborado por el juez Leveson tras las escuchas y espionaje del extinto tabloide News of the world a muchos personajes.  Pues bien, tal proyecto de órgano regulador de la prensa acaba de ser desautorizado en parte por numerosos medios de comunicación.
En efecto, se trata de eliminar, es lógico, la interferencia política. Los medios contrarios a la voluntad del gobierno quieren lanzar su propio organismo de autorregulación. Un órgano en el que, obviamente, la prensa tendría derecho a estar directamente representada en la gestión, un órgano del que se suprime la potestad del Parlamento de alterar el régimen de la regulación. Un órgano en el que también se suprime el derecho del regulador a determinar la forma en que se publican las notas de rectificación.
News International, Telegraph Media Group, Trinity Mirror y Express Newspapers, conocidas empresas editoras de prensa del Reino Unido, son partidarios de un sistema propio de regulación. The Guardian y The Indenpdent, que todavía no se han sumado a la propuesta de sus competidores, se inclinan por la iniciativa de sus colegas de la prensa aunque todavía no la han apoyado claramente, quizás esperando a que se puedan resolver asuntos polémicos.
Así las cosas, los promotores de la iniciativa oficial no han sido excesivamente críticos con el proyecto de los medios. Han afirmado que existe  un acuerdo de los tres principales partidos en cuya virtud se aprobó  establecer un nuevo sistema de control eficaz y que funcione cuanto antes. Los afectados por las escuchas reclaman control y regulación pública para que no se repitan los desaguisados que provocaron la necesidad de evitar los desmanes.
Los periódicos que quieren regulación, pero propia, admiten la Cédula Real en la que se apoya el proyecto del gobierno pero, eso sí, sin injerencia e interferencias de los partidos políticos. También mantienen la posibilidad de que el regulador imponga multas hasta de un millón de libras para las infracciones más graves así como el derecho que asiste al regulador de investigar autónomamente las quejas que se presenten contra la misma prensa. En cambio, el regulador que plantean los editores de prensa debe estar compuesto por representantes directos suyos además de los directores de los medios. En ese sentido, solicitan que desaparezca el poder del parlamento, con mayoría de dos tercios, para introducir cambios en la regulación de la prensa, de forma que tales innovaciones sean autorizadas por un panel llamado de reconocimiento formado entre el consejo de administración del regulador y la propia industria. Asimismo, los editores de prensa reclaman que el regulador no pueda disponer la forma en que se concreta en cada caso el derecho de rectificación, permitiéndole que pueda requerir su publicación.
Así las cosas, lo más razonable es que la injerencia política desaparezca, así como el dominio de las empresas editoras. Igualmente, debe mantenerse la forma específica que en cada caso deba adoptar la obligación de rectificar. Ni control político, ni control de los medios. Esa es la difícil cuestión.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es