Estos días hemos conocido, a través de un medio de comunicación –el país-, que en virtud de un acuerdo secreto del consejo de ministros de 15 de octubre de 2010, en pleno gobierno de Zapatero, se sustrajeron de la opinión pública, y del acceso a la información, prácticamente todas las cuestiones relativas a la acción internacional de nuestro país. Es decir, se declararon secretas todas las informaciones atinentes a los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España así como las relaciones diplomáticas con terceros países. La justificación esgrimida para tal operación de blindaje informativo se encuentra, según sus autores, en la necesidad de proteger al Estado español del affaire “wikileaks”. Sin comentarios.

Por fin, según parece, España va a disponer de una ley de transparencia que permita acceder a la información de interés general, no sólo la obrante en los ministerios y dependencias públicas. Una ley de tal naturaleza debe permitir que la luz y los taquígrafos tengan el mayor protagonismo posible. Tanto acceso a la información como sea posible y tanta reserva cómo sea imprescindible. En otras palabras, en un Estado de Derecho, la transparencia debe ser la regla general y las restricciones al acceso a la información, que habrán de interpretarse siempre muy restrictivamente, deben justificarse y motivarse convenientemente.
Si las excepciones a la transparencia por razones de seguridad pública o de derecho a la intimidad se amplían, ocurrirá como acontece en numerosos países, que en aras de una ley de transparencia se ha amordazado y secuestrado la información limitando extraordinariamente el ejercicio de un derecho fundamental. Por ello, en este punto, la ley debe evitar regular excesivamente, con la minuciosidad de un reglamento de policía, una cuestión de tanta relevancia para la calidad democrática como la que tratamos en el artículo de hoy.
Todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar a disposición de la ciudadanía. ¿O es que ahora resulta que hemos descubierto que los ciudadanos son convidados de piedra y que el titular del poder reside en las tecnoestructuras financieras y políticas que dirigen a su antojo el mundo, y, por tanto deciden que sale a la luz y que se queda en la penumbra?.
Estamos en un momento de la historia en el que se constata, es algo obvio, un notable retroceso en las libertades. Cada vez hay más controles, aunque no haya control real del poder. Cada vez las autoridades disponen de mayores poderes de identificación, de verificación de datos de las personas. Cada vez se nos hace creer que debemos confiar todas esas cuestiones, también las que se refieren a la salud democrática, a unos especialistas en el interés general que como nos descuidemos se incrustan en el corazón de las corporaciones y preparan allí su morada si pueden hasta el final de los tiempos. Hasta los fondos públicos, que son de los ciudadanos, son objeto de la apropiación de ciertas minorías en virtud de normas complejas fabricadas por sus terminales en los diferentes poderes del Estado.
En fin, ojala que la máxima de los liberales germanos, tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible, vuelva a brillar con luz propia., ya que seguimos en un ambiente de tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible. De ahí que la calidad de la democracia y el temple cívico de la ciudadanía se sitúen en en los umbrales  en los que están es este momento. Por eso es tan importante una ley de transparencia, porque el titular del poder es el pueblo, que es el verdadero soberano, a quien se debe dar cuenta permanentemente de las decisiones que se adoptan y a quien se debería consultar especialmente en las decisiones más relevantes. Tenemos una oportunidad de iniciar de verdad la regeneración democrática que este país necesita. Si apostamos por la luz todo irá bien, si seguimos en el mundo de la oscuridad, o peor, en el de la penumbra entonces…
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es