La libertad educativa es una de las libertades más importantes que debe promover y facilitar el poder público. Así lo manda, por ejemplo la Constitución en los artículos 9.2 y 27.3 aunque la verdad es que tal obligación es sistemáticamente incumplida en nuestro país. En unos casos por “razones presupuestarias” y en otros sencillamente por “razones ideológicas”. Sin embargo, en un Estado social y democrático de Derecho los poderes públicos deben hacer posible el libre y solidario desarrollo de las personas, algo que pasa, es lógico, porque los padres puedan elegir el modelo educativo de su preferencia.
Por ejemplo, en este país, por obvios planteamientos ideológicos, sólo existe un modelo educativo en la educación pública. En el Reino Unido, sin ir más lejos, nos encontramos con que las aulas públicas permiten que los padres elijan, por ejemplo, coeducación o educación diferenciada. Además, en el ranking de los colegios públicos los primeros puestos los ocupan aquellos centros que seleccionan a los alumnos por el rendimiento académico. Algo que por estos lares seguramente sería considerado un sacrilegio educativo pues lo importante no es reducir el elevado fracaso escolar sino colaborar con las minorías dirigentes a que nuestros jóvenes sigan sumidos en el adocenamiento general que se inocula desde las terminales tecnoestructurales del inmovilismo.
Pues bien, en el Reino Unido resulta que los centros educativos públicos que ocupan las posiciones de cabeza, siete de los diez primeros, son colegios públicos que practican la educación diferenciada. Es decir, siete diferenciadas y tres mixtas lideran el ranking, en la educación pública, de los colegios cuyos alumnos han obtenido las mejores calificaciones en la obtención del Certificate of Secondary Education, una prueba que los estudiantes ingleses de 16 años han de realizar al finalizar la etapa de la educación secundaria obligatoria.
Son datos que deberían mover a la reflexión en un país que tiene uno de los índices de fracaso escolar más altos de Europa a pesar del gasto público en educación. Una reflexión que no se aborda con el realismo y la argumentación precisa porque, mal que nos pese, los reales amigos de la libertad por estas tierras no son muchos. Más bien, la potencia de la ideología y el pensamiento único siguen su camino ante el complejo y el pavor a la diferencia que habita en la mente de no pocos dirigentes que sólo consideran aquellas cuestiones que pueden poner en jaque su permanencia en la cúpula.
Los fondos públicos, que son de todos, deben estar a disposición de todos, de todas las tendencias que existen en la sociedad y que cada uno, en ejercicio de su libertad, elija la más acorde con sus principios y preferencias. Algo tan sencillo, tan obvio, es descalificado por el inmovilismo como elitista y retrógrado. Que cualquier persona, sea cuál sea su condición social, pueda elegir la educación para sus hijos, una expresión de libertad solidaria como pocas, no se defiende con la pasión con la que hay que luchar por la libertad. Claro, así nos van las cosas en materia educativa.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es