Mirar para otro lado ante los indicios de delito es, ciertamente, una conducta censurable dónde las haya. Si quien mira para otro lado es el que toma las decisiones y los indicios de delito se presentan en un informe elaborado por los técnicos, la inactividad merece el reproche del derecho.
 
Pues bien, no hace mucho se conoció por la prensa escrita que los inspectores del Banco de España se quejaban de que la forma habitual de reacción de los responsables de esta institución antes los indicios de delito era mirar hacia otro lado. Ciertamente,  es una acusación muy grave contra los responsables de la institución que, como es lógico, ha preocupado a la fiscalía general del Estado, institución encargada del mantenimiento de la legalidad.
 
En efecto, el fiscal general del Estado, según se puede leer en la prensa escrita de estos días, ha querido, al no mediar denuncia concreta de los inspectores, saber si hay fundamentos para iniciar una investigación de oficio. Es lógico porque la magnitud de la denuncia pública socava, de nuevo, el prestigio de una institución que se supone que supervisa y regula adecuadamente el sistema financiero.
 
El fiscal general del Estado, pues, en lugar de mirar para otro lado, agarra el toro por los cuernos y se entrevista con el gobernador del banco de España para hacerse una idea de la categoría de las denuncias públicas realizadas por el cuerpo de la inspección del Banco de España. Los propios inspectores, según lo que se ha publicado en la prensa, señalan, por su parte, que se refieren a casos concretos como cuándo una entidad financiera concede sistemáticamente préstamos a una empresa ruinosa. Según los inspectores se trata de un caso de morosidad pero es posible que exista alguien por detrás beneficiándose de ello y, sin embargo, no existen procedimientos para la comunicación jerárquica de estos indicios de delito.
 
Buena cosa es que existe sensibilidad ante los posibles casos de complicidad con la corrupción. En estos supuestos en los que puede haber indicios de conductas ilícitas, debe exigirse una elevada argumentación y motivación. Conceder préstamos a empresas ruinosas en principio, es verdad, se puede plantear en el ámbito de la morosidad. Pero, en el fondo, se trata de una acción al menos dudosa, de la que hay que dar explicaciones convincentes y argumentadas porque las probabilidades de que se produzcan prejuicios patrimoniales a la entidad son financieras no son difíciles de imaginar.
 
El sí señor, se hace lo que yo digo porque soy el que mando,  ver y callar,  y otras lindezas procedentes del lenguaje del hampa no tienen cabida en un sistema democrático. Los que mandan no son los dueños del poder, lo ejercen por delegación del pueblo, que es su único dueño y señor. Para fortalecer esta regla básica de la democracia es imprescindible exigir mayores estándares de motivación en las decisiones que puedan ser polémicas o complejas. No hacerlo así y seguir instalados en el ordeno y mando es, desde luego,  una causa muy evidente de la creciente corrupción que acampa entre nosotros.
 
Estas iniciativas de la fiscalía general de Estado merecen ser aplaudidas. Pero, para hacerse efectivas, precisan  que los fiscales actúen con independencia y puedan llegar al fondo de los asuntos. Sino de nada habrá servido tanto celo y preocupación por la persecución del delito. De nada.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es