Para asombro de propios y extraños, una detrás de otra se suceden informaciones acerca de la existencia, en no pocas Administraciones públicas del Reino de España, de adjudicaciones públicas sin motivar y gastos sin justificar de millones y millones de euros. Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación se refieren al ministerio de fomento y al inserso en la etapa anterior.
 
Ante tales noticias es lógico y comprensible que crezca la indignación de los ciudadanos ante la actuación de algunos  políticos y responsables públicos. Las encuestas de estos días señalan que los ciudadanos piensan que sólo dos de cada diez políticos son honrados. El noventa y cinco por ciento es de la opinión de que cada vez hay más corrupción política. En tales circunstancias, además de la necesidad de una reflexión profunda por parte de los principales líderes del país, es menester recordar algunos principios básicos que deben presidir la actuación de los responsables públicos en sus decisiones con cargo a los fondos del común, de todos, porque del conjunto son los recursos económicos que se encuentran en los presupuestos públicos.
 
Por ejemplo, cuánto más amplia e intensa es la discrecionalidad para la toma de decisiones administrativas, más amplia e intensa debe ser la justificación del ejercicio de tales poderes discrecionales. Efectivamente, si un contrato administrativo ha de adjudicarse por el sistema de concurso, la decisión última ha de estar motivada, fundada, de manera que la mejor oferta técnica sea tal de verdad, porque está bien justificada. Y para ello, hay que explicar por qué es la más solvente económicamente, por qué es la que tiene más experiencia exitosa en esa materia, por qué el personal que va a trabajar en el proyecto es de alta cualificación…Si en estos casos, diferentes de la subasta, adjudicación automática al mejor postor, no se explican suficientemente las razones de las adjudicaciones, tendremos que pensar con bastantes probabilidades que nos hallamos ante irregularidades, ante ilícitos que pueden ser de orden administrativo o de orden penal.
 
De la misma forma, si resulta que las adjudicaciones se realizaran en función de argumentos ni siquiera expuestos por el licitador, corrupción. Igualmente, el gasto público, como es dinero del que los dirigentes  no puedn disponer alegremente,  debe estar justificado. Y tales justificaciones deben realizarse para cada caso. No caben fórmulas genéricas o abstractas. Hay que argumentar en concreto: para qué se va a disponer de esa cantidad de euros.
 
Ante las informaciones que saltan periódicamente a la prensa de contratos adjudicados  previa negociación y sin publicidad sin motivar, de gastos sin justificar, de gastos sin procedimiento administrativo alguno, la indignación ciudadana crece. Por una poderosa razón: porque el dinero público es de todos y no se puede tolerar que unos pocos lo usen para su enriquecimiento personal o para el enriquecimiento de allegados o familiares.
 
Las decisiones públicas, no digamos las que tienen consecuencias en el presupuesto público, deben justificarse diligentemente. Actuar según el capricho o la voluntad personal del que manda es un ejercicio de absolutismo que nos retrotrae a los perores momentos del Antiguo Régimen. Por eso es necesario un gran acuerdo para regenerar la democracia y que, por ejemplo, no se esté más de ocho años seguidos en cargos públicos. ¿No le parece?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es