Las políticas sociales son, desde luego una parte bien relevante de la acción del Estado. En momentos de aguda crisis económica y financiera, estas políticas públicas adquieren una gran relevancia pues el Estado si para algo nació y por algo se justifica es precisamente para garantizar unas condiciones dignas para la vida humana. En otras palabras, al Estado corresponde, en alianza inteligente con las instituciones sociales, promover las condiciones necesarias que permitan una realización digna del proyecto personal en un ambiente de libertad solidaria. No podemos olvidar que el Estado se funda en la dignidad del ser humano y a su protección y promoción se debe en todo momento.

 
Edgar Morín demostró hace algunos años, al final de la época de Miterrand en Francia, que las políticas sociales deberían plantearse a partir de esquemas de complementariedad, de pensamiento compatible. Cuándo el Estado todo lo fía al gasto público, con infinitos decretos y con una multiplicación del personal encargado de atender estas políticas, los resultados son los que son. Insatisfacción generalizada de los usuarios de estos servicios, que demandan o solicitan algo más que visitas protocolarias o ayudas sin más. Más bien, lo que hace falta es que el Estado, que es el responsable en la materia, asegure que todas las personas que se encuentran en dificultades, en el umbral de pobreza, y quienes están excluidos del sistema social, reciban la atención que se merecen como seres humanos que son.
 
Pues bien, a día de hoy, la situación en nuestro país es francamente mejorable. Hasta el punto de que una de las principales instituciones de ayuda social del sector privado, Cáritas, está sustituyendo al Estado merced, no tanto a las ayudas públicas, cuanto a las donaciones que está recibiendo de personas físicas y jurídicas del ámbito privado. Es más, el año 2011 Cáritas creció en 17 millones procedentes de donaciones de este sector.
 
Paradójicamente, las subvenciones que eta conocida ONG de la Iglesia Católica recibían del Estado, Administración del Estado,  Comunidades Autónomas y Entes locales, se han reducido justo cuándo la aportación a los servicios sociales por parte del sector público se reduce preocupantemente. Mientras tanto, las donaciones privadas se han incrementado exponencialmente, demostrándose una vez más que la sociedad es más sensible que el Estado a estos problemas, sobre todo cuándo desde el Estado, especialmente en los últimos años, la denominada acción social se ha canalizado hacia determinados grupos de todos bien conocidos que han realizado, a cambio de las subvenciones recibidas, la tarea encomendada por el gobierno.
 
Uno de los rasgos que definen este espinoso problema que a todos nos preocupa es el de los denominados trabajadores pobres. Personas que a pesar de trabajar a jornada completa están en el umbral de la pobreza y, por ello, no pueden sacar adelante a sus familias. Este colectivo de personas crece mes a mes y a pesar del ingente, titánico trabajo que realizan las familias y las redes asistenciales públicas y privadas, no es posible atender a todos los integrantes de este grupo.
 
Según los datos de Cáritas, la ONG  ha tenido que incrementar las ayudas para necesidades básicas como alimentación, vestido, recibo de la luz o del gas, uniformes de los niños o material escolar para los pequeños. Más de un millón y medio de españoles han sido atendidos por Cáritas, que ha incrementado su trabajo en sus cuatro líneas básicas de actuación: acogida a todos los que se les acercan; ayudas psicológicas, de formación, asesoría legal;  programas de ayuda a la vivienda, al empleo y a otros derechos sociales y; finalmente, dar voz los que no la tienen, a quienes no son capaces de hacer llegar al conjunto de la población sus necesidades y sus carencias.
 
En 2012 se prevé que la brecha entre ricos y pobres se agrande y que Cáritas deba atender  a un 20 % más de ciudadanos españoles. Nuevos usuarios de la organización serán muchos integrantes de las clases medias y medias bajas, ahora con problemas laborales y de subsistencia por diferentes penalidades. En concreto, se calcula que procedentes de este mundo ingresen más de un millón de personas en el umbral de la pobreza.
 
El problema es extremadamente grave y no se arregla, ni mucho menos, desde una perspectiva exclusivamente cuantitativa. Es menester un cambio de mentalidad, un cambio de políticas. Si seguimos poniendo parches y atajando las vías de agua sin entrar a fondo del problema, en no mucho tiempo volveremos a las andadas. Esta es la cuestión.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es