Un estudio reciente demuestra que los partidos se financian fundamentalmente con cargo a las arcas públicas. Es más, un reciente  informe constata que los ingresos de los partidos se nutren mayoritariamente, hasta el 83%, con fondos públicos. Es decir, con aportaciones que proceden del bolsillo de los españoles. Ahora, tras la prohibición de que las empresas hagan aportaciones a las formaciones, la financiación pública será del 100%. Es decir, se convertirán los partidos, si no lo son ya, en una especie de Administraciones públicas en las que, sin embargo, el personal se recluta con arreglo a los más peculiares procedimientos, bien alejados por cierto del sistema propio de la función pública.
Por esta razón, porque estas instituciones de interés general, no instituciones privadas, se financian sobre todo con fondos públicos, deben estar sometidas completamente a la ley de transparencia, no parcialmente como pareciera deducirse de su articulado. Así, sus contratos, sus procesos de selección de personal, y, sobre todo el destino concreto de estas subvenciones, deben ser de conocimiento público. Que la presión social a causa de la corrupción política haya aconsejado a los promotores de la ley recientemente aprobada en las Cortes  incluir a los partidos en esta ley no debe hacernos olvidar que la causa de tal inclusión es, ni más ni menos,  consecuencia de que se trata de instituciones de interés general que manejan fondos de todos.
Si bien en la transición política era justificable que los partidos, que estaban en sus inicios, contaran mayoritariamente con ayuda pública, hoy,  casi cuatro décadas después, las cosas debieran ser de otra manera. Es verdad que hay que tener sumo cuidado con la financiación privada para que estas instituciones no acaben en manos de élites, pero no podemos olvidar que el sistema actual ha permitido que los partidos sean prácticamente del dominio, en cada caso, de la cúpula dirigente.
Los datos sobre la financiación de los partidos aconsejan que las reformas contemplen esta realidad. No puede ser que hoy las formaciones partidarias se hayan convertido en cortijos o haciendas de determinados dirigentes que por décadas se instalan cómodamente en las tecnoestructuras para hacer su voluntad,
Es necesario cambiar este panorama para que los verdaderos dueños de los partidos sean los militantes y afiliados. Y, sobre todo, que las cúpulas no traicionen las ideas que conforman el núcleo ideológico del partido con el fin de mantenerse en el poder. Para eso, para que los partidos estén abiertos a la sociedad y a los afiliados, a todos, hay que dar mayor participación a la militancia. Que reciba, la militancia,  las rendiciones de cuentas de los cargos institucionales y electos. Que participe  la militancia activamente en la elección de la dirección de la formación por sufragio universal y directo. Que colabore la militancia en la determinación del ideario del partido y, sobre todo, que la militancia opine cuándo se pretendan alterar o modificar compromisos o ideas fundamentales del partido.
Los partidos, si quieren ser lo que deben ser, y sobre todo, si quieren adecuarse al espíritu y a la letra de la Constitución, deben iniciar procesos de reforma sustanciales. Hay que cambiar normas y hábitos para que penetre de verdad la sabia de la democracia y de la participación. El momento, en plena crisis, es oportuno y la sociedad española lo agradecerá. Prohibir las donaciones de personas jurídicas privadas para intentar aparcar un problema concreto de financiación es insuficiente y hasta puede ser nocivo en el futuro. Más se conseguiría con plena transparencia, con acceso completo a las agendas de los dirigentes públicos, y, sobre todo, con una norma general que fomente la democracia real al interior de las formaciones. Algo que, por lo que parece, ni está previsto ni se espera, pues no existe voluntad concreta de dar cumplimiento a algo tan sencillo como exigente:  lo que manda el artículo 7 de la Constitución.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es