A estas alturas de la película, hemos de afirmar, una vez más, que el modelo autonómico es la solución adecuada para resolver el problema territorial español. El problema, ahora se ve con más perspectiva, ha sido, y sigue siendo, la forma en que se ha estructurado. Una forma que, en lugar de haber discurrido por las aguas claras del autogobierno y la autoadministración, prefirió, porque era más fácil, más sencillo, inspirarse en el esquema del Estado. Así, de golpe y porrazo, en no mucho tiempo, nos encontramos con una estructura elefantiásica, en lo que se refiere o órganos administrativos y a empresas públicas, que provoca escándalo a tirios y troyanos, más fuera que dentro de nuestro país.

 
El problema no está en el modelo, sino en su implementación. Y la solución, no está tanto en los recortes, cuanto en una nueva mentalidad que permita levantar un esquema administrativo acorde al tiempo en el que estamos, a nuestra realidad y, sobre todo, a las más elementales exigencias del autogobierno y la autoadministración como formas de atender mejor los intereses públicos propios. Esa nueva mentalidad reclama un esfuerzo para liberarnos de complejos y resabios del pasado con el fin de ajustar las estructuras a las posibilidades de nuestro país.
 
Estamos, quién lo puede dudar, ante tiempos difíciles. Tiempos propicios para reflexionar sobre la irracionalidad a que nos ha llevado el desarrollo del modelo autonómico con el objeto precisamente de trabajar sobre planteamientos racionales. Planteamientos racionales que en modo alguno chocan con la autonomía política, con el autogobierno y la autoadministración. Racionalidad y autonomía son conceptos complementarios desde los que pensar el nuevo desarrollo del modelo autonómico.
 
Desde luego, la proyección del modelo estatal al ámbito de las Autonomías ha sido un estrepitoso fracaso como todos podemos comprobar a día de hoy. Se ha reproducido automáticamente todo un conjunto de instituciones y estructuras que en lugar de facilitar un sentido más profundo de la autonomía y el autogobierno, ha entorpecido, y de qué manera, las potencialidades y posibilidades de diseñar políticas públicas propias al servicio de las necesidades colectivas del pueblo.
 
Hemos llegado, por mor de la crisis del presente, a un nuevo momento del desarrollo de las Autonomías territoriales, incluidas, claro está, las Entidades locales. Ese nuevo momento exige un gran acuerdo, un gran pacto que, desde la preservación de la autonomía, impulse nuevos esquemas y estructuras organizativas más en consonancia con un espacio de compartición y concurrencia de competencias desde el principio de colaboración y sobre la base de la lealtad institucional.
 
La nueva mentalidad reclama nuevas soluciones, nuevas estructuras, pensar sobre el modelo sin miedo a los cambios y transformaciones que sea menester. El problema que tienen estos planteamientos es que sean pilotados por personas cargadas de dogmas y de esquemas previos. Ahora no estamos para preservar posiciones o para mantener la situación. Ahora hay que pensar en los problemas colectivos de tantas personas y diseñar estructuras, suprimiendo buena parte de las existentes, que estén en condiciones de servir de cauce e instrumento para articular políticas públicas propias que de verdad sean útiles a la población, que visualicen que la Administración está y existe para la mejora permanente de las condiciones de vida del pueblo. No para que se enquiste una casta de privilegiados, sino para que resuelva los problemas del común. Así de claro.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es