La Constitución de 1978 (V)
“Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Se trata de otro objetivo o mandato constitucional que de nuevo nos ofrece una perspectiva de equilibrio e integración, porque plantea que la calidad de vida también se refiere, además de al elemento económico, como no, al aspecto cultural, ya que no podemos olvidar que la dimensión cultural es un ingrediente básico del “libre desarrollo de la personalidad” a que se refiere el artículo 10.1 de nuestra Constitución. Es más, como señalara Carducci, “la grandeza duradera y la fuerza fecunda de las naciones estriban en el desarrollo independiente de las ideas humanas y la cultura”. La libertad y la capacidad participativa de los ciudadanos está ligada ineludiblemente a su emancipación económica y a su independencia de criterio.
“Establecer una sociedad democrática avanzada”. Puede..., no, resulta interesante reflexionar sobre la calidad de la democracia. Porque como escribió Guizot “el poder de la palabra democracia es tal que ningún gobierno o partido se atreve a existir o cree que pueda existir sin inscribirla en su bandera”. En efecto, la democracia liberal es, como señala ORTEGA Y GASSET el tipo superior de vida pública hasta ahora conocida.
Sin embargo, sabemos que la democracia no es un fin en sí misma. No puede ser un fin en sí misma porque está pensada como un instrumento de servicio a la gente, como una forma de facilitar la participación de la gente en la toma de decisiones. Es más, la concepción mercantilista o schumpeteriana de la democracia, y en general las versiones procedimentales excesivamente ritualizadas, son un evidente peligro que ronda este tiempo en que vivimos. No sólo porque se asocian fácilmente a planteamientos cerrados y opacos, sino porque desnaturalizan la esencia y la frescura de una forma de entender la vida y la convivencia basada en la libertad. Como es generalmente admitido, el método democrático –entendido como mecanismo de representación de voluntades e intereses y como instrumento para lograr decisiones vinculantes- es, antes de nada, un instrumento de aplicación y realización de valores y principios.
La democracia se ha convertido, no sin esfuerzo, en un paradigma universal e indiscutido. La democracia es, en suma, nuestro camino; sólo en ella se reconoce hoy nuestro destino. Por eso, es básico seguir impulsando los valores constitucionales y las cualidades democráticas. Porque la democracia –no se puede olvidar- es, en palabras de Friedrich, más un estilo de vida que una forma de gobierno. En efecto, se trata de un estilo que rezuma preocupación por la gente, capacidad de aprender, tolerancia, sensibilidad social, perspectiva crítica, optimismo, visión positiva y, por encima de todo, un compromiso constructivo y abierto con la dignidad de la persona.
El viento de la historia ha cambiado de dirección y sopla en un único sentido: hacia la democracia, sentenció con su habitual perspicacia el profesor Giovanni Sartori. Por eso nos conviene a todos avanzar y orientar permanentemente la nave colectiva en esa dirección y, siempre que sea necesario, corregir el rumbo.
Y, finalmente, “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. Esta apremiante llamada de la Constitución a colaborar y cooperar para que la paz sea una realidad en todas las naciones y pueblos de la Tierra, encuentra hoy un especial eco en el corazón de la gente joven, puedo atestiguarlo. Tal vez se esté perfilando aquí un nuevo horizonte que defina espacios políticos más amplios y comprometidos. Tal vez la plenitud de nuestra ciudadanía española nos está exigiendo, con la voz de la Constitución, un compromiso más efectivo y más universal con el Desarrollo y la Cooperación internacionales, quizás comenzando con pasos decididos y novedosos en la promoción de la paz entre los países de nuestro entorno geográfico y cultural
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La Constitución española de 197 (V)
“Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Se trata de otro objetivo o mandato constitucional que de nuevo nos ofrece una perspectiva de equilibrio e integración, porque plantea que la calidad de vida también se refiere, además de al elemento económico, como no, al aspecto cultural, ya que no podemos olvidar que la dimensión cultural es un ingrediente básico del “libre desarrollo de la personalidad” a que se refiere el artículo 10.1 de nuestra Constitución. Es más, como señalara Carducci, “la grandeza duradera y la fuerza fecunda de las naciones estriban en el desarrollo independiente de las ideas humanas y la cultura”. La libertad y la capacidad participativa de los ciudadanos está ligada ineludiblemente a su emancipación económica y a su independencia de criterio.
“Establecer una sociedad democrática avanzada”. Puede..., no, resulta interesante reflexionar sobre la calidad de la democracia. Porque como escribió Guizot “el poder de la palabra democracia es tal que ningún gobierno o partido se atreve a existir o cree que pueda existir sin inscribirla en su bandera”. En efecto, la democracia liberal es, como señala ORTEGA Y GASSET el tipo superior de vida pública hasta ahora conocida.
Sin embargo, sabemos que la democracia no es un fin en sí misma. No puede ser un fin en sí misma porque está pensada como un instrumento de servicio a la gente, como una forma de facilitar la participación de la gente en la toma de decisiones. Es más, la concepción mercantilista o schumpeteriana de la democracia, y en general las versiones procedimentales excesivamente ritualizadas, son un evidente peligro que ronda este tiempo en que vivimos. No sólo porque se asocian fácilmente a planteamientos cerrados y opacos, sino porque desnaturalizan la esencia y la frescura de una forma de entender la vida y la convivencia basada en la libertad. Como es generalmente admitido, el método democrático –entendido como mecanismo de representación de voluntades e intereses y como instrumento para lograr decisiones vinculantes- es, antes de nada, un instrumento de aplicación y realización de valores y principios.
La democracia se ha convertido, no sin esfuerzo, en un paradigma universal e indiscutido. La democracia es, en suma, nuestro camino; sólo en ella se reconoce hoy nuestro destino. Por eso, es básico seguir impulsando los valores constitucionales y las cualidades democráticas. Porque la democracia –no se puede olvidar- es, en palabras de Friedrich, más un estilo de vida que una forma de gobierno. En efecto, se trata de un estilo que rezuma preocupación por la gente, capacidad de aprender, tolerancia, sensibilidad social, perspectiva crítica, optimismo, visión positiva y, por encima de todo, un compromiso constructivo y abierto con la dignidad de la persona.
El viento de la historia ha cambiado de dirección y sopla en un único sentido: hacia la democracia, sentenció con su habitual perspicacia el profesor Giovanni Sartori. Por eso nos conviene a todos avanzar y orientar permanentemente la nave colectiva en esa dirección y, siempre que sea necesario, corregir el rumbo.
Y, finalmente, “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. Esta apremiante llamada de la Constitución a colaborar y cooperar para que la paz sea una realidad en todas las naciones y pueblos de la Tierra, encuentra hoy un especial eco en el corazón de la gente joven, puedo atestiguarlo. Tal vez se esté perfilando aquí un nuevo horizonte que defina espacios políticos más amplios y comprometidos. Tal vez la plenitud de nuestra ciudadanía española nos está exigiendo, con la voz de la Constitución, un compromiso más efectivo y más universal con el Desarrollo y la Cooperación internacionales, quizás comenzando con pasos decididos y novedosos en la promoción de la paz entre los países de nuestro entorno geográfico y cultural
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La democracia
Edgar Pisani no hace mucho escribió que "sabemos que la democracia, tal y como hoy la vivimos (...) llevará al poder a hombres y mujeres cuya principal calidad no será precisamente la excelencia, sino la mediocridad. (...). Estamos lejos de aquello que constituía la ambición de las democracias nacientes: que la elección de todos distinguiera al mejor de todos". En estos años, como consecuencia del ascenso de la mediocridad y de la banalización de la demagogia y la superficialidad, se ha ido agostando una de las principales funciones de la democracia: dar sentido a las cosas haciendo a cada hombre responsable más allá de los estrechos límites de un horizonte cotidiano.
En este contexto la democracia moderna, hija de la fe en la razón propia de la época de la Ilustración, debiera facilitar que la racionalidad presidiese la discusión de los asuntos públicos. Discusión que, lógicamente, debería orientarse hacia los fundamentos más racionales, aquellos que puedan contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, la constatación de lo que pasa nos invita a volver nuestra mirada sobre la civilidad, la vida intelectual y la honradez moral. Porque, sin valores, falla el fundamento de la democracia y se conforma todo un ambiente social en el que las personas quedan presas del consumismo individualista, prende la demagogia, y con suma facilidad aparece el dominio o dictadura de lo conveniente o políticamente correcto en el que quien se atreve a desafiar tales dogmas es condenado al aislamiento civil en el mejor de los casos.
Quizá lo que se está perdiendo son esos hábitos vitales de la democracia que, en opinión de Devey, se resumen en la capacidad de perseguir un argumento, captar el punto de vista del otro, extender las fronteras de nuestra comprensión y debatir objetivos alternativos. Hoy sin embargo, lo que está de moda es el pensamiento único, el pensamiento plano, el no pensamiento. Y asi nos va claro.
Jaime Rodríguez-Arana
Subsidiariedad y Estado
El binomio libertad-intervención ha sido, y sigue siendo, una constante del pensamiento social y político. Subsidiariedad social e intervencionismo público en más de una ocasión han protagonizado relevantes debates que, como es lógico, continúan en nuestro tiempo, ahora sin embargo en segunda línea porque hoy el nivel de las discusiones y polémicas a que asistimos es el que es.
Para unos, la solución a todos los problemas existentes está en la actuación del Estado, mientras que para otros el camino que hay que seguir es el de la libertad económica sin más limitaciones que las que las que el propio mercado imponga. La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla, a menos que sigamos inmersos en esa gran farsa intelectual que es el pensamiento ideológico. Me explico, ni el mercado ni el Estado, por sí solos y ante sí mismos, pueden resolver los problemas sociales, económicos y financieros.
Probablemente, la senda a seguir discurra a partir de ese viejo postulado de los liberales clásicos europeos: tanta libertad como sea posible y tanta intervención, hoy diríamos regulación, como sea menester. En otras palabras, el ejercicio de la libertad económica, que es el contexto ordinario de la actividad económica y financiera, requiere de condiciones de racionalidad y solidaridad que sólo una regulación justa y adecuada puede garantizar. Del mismo modo, la actividad pública de regulación existe y se justifica en la medida en que proporciona esos estándares o patrones de justicia y adecuación que permiten al mercado cumplir la función que le es propia.
Aquella sentencia de Hegel de que el Estado es la encarnación de la idea ética ha fracasado estrepitosamente como lo demuestra la experiencia europea del siglo pasado. Igualmente, la afirmación de los seguidores de la Escuela de Chicago, de que el mercado es la fuente y el fundamento de las libertades, ha sumido a los neoliberales en una aguda y profunda crisis. Si esto es así, como parece, la gran pregunta acerca de la funcionalidad y sentido de la regulación debe contestarse teniendo en cuenta precisamente el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, dos de los principios de la Ética social y política más olvidados y preteridos en este tiempo.
En efecto, la regulación, como el mercado, no es un fin en si misma. Más bien, se trata de un medio que ha de estar diseñado para que el mercado pueda funcionar de la mejor manera posible, en condiciones de racionalidad, de proporcionalidad y de justicia. Es decir, para que el mercado no se rija por la ley de la selva y para evitar que circulen a su través todo un conjunto de artificios destinados al engaño y el fraude bajo formas más o menos sofá.
Por tanto, la regulación ha de controlarse para que no surjan en su nombre más organismos públicos, más funcionarios y más reglamentos que conduzcan a transformar lo que sólo es, y no es poco, una actividad de vigilancia, control, verificación y supervisión, en una forma, más o menos sutil, de dirección de la entera actividad económica.
El mercado no es un fin, la regulación tampoco. Son medios y como tales han de contemplarse en las normas jurídicas. De lo contrario seguiremos instalados en el gran estigma intelectual de este tiempo: el pensamiento bipolar y maniqueo que, por lo que se ve, todavía tiene muchos seguidores. Esperemos que por poco tiempo.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
La Constitución de 1978 (IV)En el tercer inciso del preámbulo de la Constitución se plantea la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad política y cultural de los pueblos de España, al señalar la necesidad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”. Este principio general expresado en el preámbulo se ve traducido, en el artículo 2 de Constitución, en el reconocimiento de la identidad política de los pueblos de España, al garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, así como la solidaridad entre todas ellas, lo que se ha concretado, tras ya casi cuarenta años años de desarrollo constitucional, en un modelo de Estado que goza de una razonable consolidación y estabilidad, como lo prueba la cantidad y calidad de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. Y desde luego que, para muchos de nosotros, este respaldo jurídico-político a la realidad plural de España es uno de los principales aciertos de nuestra Constitución y un motor para nuestro progreso cultural y político por más que en estos momentos se cuestiones por parte de ciertos grupos políticos catalanes. En efecto, en torno a esta cuestión, de vez en cuando aparecen recelos mutuos entre ciertos sectores: de una parte los de quienes aspiran a la independencia o a una autonomía extrema que de hecho rompe el marco constitucional, y de otra los de quienes consideran que el marco autonómico y la promoción de la pluralidad los españoles rompe la unidad de España. Ante estas tensiones es necesario apelar al consenso como metodología para el desarrollo constitucional, particularmente en este punto –en lo referente al Título VIII- porque nos encontramos ante una cuestión que afecta esencialmente a la misma concepción del Estado. No se trata de elaborar un nuevo consenso, sino de establecer nuevos consensos sobre la base del consenso constitucional. Y la Constitución ha querido que el derecho al autogobierno se reconozca a la vez que la solidaridad entre todas las autonomías. Es cierto que las Comunidades Autónomas, en cuanto que identidades colectivas con una personalidad propia manifiestan sus legítimas particularidades y singularidades. Los usos políticos han denominado a estas particularidades “hechos diferenciales”, denominación adecuada precisamente en la medida en que existen elementos comunes. Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana
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Ciertamente, con el paso del tiempo la mayor parte de los sistemas autoritarios o dictatoriales han ido desapareciendo para engrosar las filas del movimiento democrático. Sin embargo, los peligros que acechan al sistema democrático no son pequeñosRead more